Cuando la tarde de este jueves se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional que ratificaba la cesación del cargo de la senadora Isabel Allende (PS), en el Salón Rojo del Palacio de La Moneda se desarrollaba una distendida reunión protocolar. Café incluido, el Presidente Gabriel Boric conversaba con la nueva mesa del Senado, encabezada por Manuel José Ossandón (presidente) y Ricardo Lagos Weber (vicepresidente).

“Nosotros acabamos de saber, no tenemos ninguna información si ingresó o no, si llegó el papel y la notificación al Senado, no sabemos. Pero claramente nosotros lo que tenemos que hacer, y ya lo hemos conversado, tenemos que acatar el fallo, nada más”, dijo el senador Ossandón tras la cita con el Mandatario.

A esa hora en el Palacio de La Moneda se analizaba en distintas instancias el fallo del TC que terminó con la carrera de 31 años en el Parlamento de la hija del presidente Salvador Allende por las fallas en el proceso de compra de la casa del exmandatario.

Una iniciativa que fue impulsaba por el Presidente Gabriel Boric para levantar un sitio de memoria del legado de mandatario fallecido en 1973, pero nadie reparó en la inhabilidad constitucional de que el Estado comprara una propiedad que pertenecía a una senadora en ejercicio y a la ministra de Defensa Maya Fernández, nieta de Allende.

Con el texto del fallo a la vista, cuyo resultado se conoció hace una semana, en el gobierno se apuraron en revisar los detalles y generar minutas para despejar que las 80 páginas del documento no contuvieran argumentos que volvieran a complicar el rol del gobierno en el proceso. Y, particularmente, que no salpicara al Presidente Boric.

Tras el análisis jurídico, desde La Moneda remarcaron en privado que el fallo trasladó la responsabilidad a la ahora exsenadora señalando que la prohibición de trato con el Estado era de ella.

Eso -según un miembro del Ejecutivo- quedó remarcado en los considerandos del fallo, como el sexagésimo que señala “es la conducta de la parlamentaria -y no la de los órganos estatales- la regulada en el inciso segundo del artículo 60 constitucional y ella es la que este Tribunal ha de juzgar...”.

En el gobierno este jueves también remarcaban que el fallo no cuestionó la legalidad del controvertido decreto 38 o de los demás trámites administrativos que se realizaron a propósito de la compraventa de la casa del expresidente socialista. Esos documentos han sido la base de la defensa del gobierno a la actuación de la jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya, quien le sacó la firma al Mandatario.

Una alta fuente del Ejecutivo sí reconoce que el fallo del TC sí, pone en relieve un matiz con la estrategia del gobierno que siempre ha sostenido que -al no haber decreto de final de venta- no se puede dar por válido del proceso de compraventa de la casa de Allende.

Más allá de esto, en el Ejecutivo descartaron referirse a la sentencia, al menos durante la jornada de este jueves. Eso sí, este viernes está contemplada una vocería de la ministra Aisén Etcheverry, a propósito del consejo de gabinete mensual que se desarrollará en Palacio. En ese punto de prensa se espera que la secretaria de Estado responda preguntas relacionadas al fallo del Tribunal Constitucional.

“Una sentencia aberrante y peligrosa”

Hasta la tarde de este jueves el Senado no había sido notificado formalmente del fallo que inhabilita a la senadora socialista, así lo aseguró el vicepresidente de la Corporación Ricardo Lagos Weber, tras la reunión con el Presidente en La Moneda.

“Lo que va a ocurrir la semana próxima es que se da cuenta, cuando se inicie la asociación del Senado, y eso tiene efectos inmediatamente respecto a la situación de la senadora Isabel Allende”, reafirmó.

Desde el Parlamento, las reacciones no tardaron.

En el PS, el senador Gastón Saavedra, compañero de bancada de Allende, dijo que el fallo del TC “nos golpea duro, es una situación que estamos llevando con mucha entereza moral”.

El diputado Raúl Leiva (PS), en tanto, sostuvo que “es muy complejo el fallo porque no se refiere ni a la legalidad del acto, ni a su perfeccionamiento, sino que solo se refiere a la suscripción de ese contrato y eso podría, eliminando cualquier elemento subjetivo, establecer un precedente muy complejo para todos aquellos parlamentarios que hayan contratado con el Estado en sus más diversas formas”.

Lo expuesto por Leiva dice relación con las aguas revueltas que hay en el Congreso por el precedente que pone el TC para los legisladores que tendrían compromisos contractuales con instituciones del Estado, situación por la que el diputado Daniel Manouchehri (PS) ya anunció que evalúa recurrir al TC, misma estrategia que activaron desde la oposición para destituir a Allende.

Elevando drásticamente el tono, el diputado Nelson Venegas (PS) afirmó que la sentencia del TC “quedará inscrita como una de las más aberrantes y peligrosas que puedan existir y una doctrina que abre un peligroso camino hacia situaciones que van a tender a azotar las bases mismas de la soberanía popular”.

Similar reacción tuvo el diputado Raúl Soto (PPD), quien sostuvo que se debe acatar el fallo, y que “lo que corresponde es acatarlo y evaluar en función de esos argumentos cuál es el precedente que se deja sentado, para ver qué va a pasar con otros eventuales casos que puedan existir de similares características”.

El diputado Agustín Romero (republicano) aseguró que con el fallo “ha triunfado el Estado de derecho, el Tribunal Constitucional hizo lo que correspondía”. Junto con ello, el legislador no escondió que esto significa un triunfo político de la derecha al lograr la caída de Allende a manos del TC. “Para eso estamos, siendo oposición tenemos que ejercer nuestro rol, el Presidente de la República no puede creer que puede hacer lo que quiera”.

En Renovación Nacional, que también se sumaron a un requerimiento con socios de coalición -UDI y RN- también valoraron el dictamen.

Frank Sauerbaum (RN), sostuvo que “el fallo es contundente en torno a que todas las alegaciones que hizo la defensa de la senadora Allende fueron desechadas”. El dictamen, complementó el legislador RN, “evidenció con total claridad el nivel de negligencia en que incurrió la propia senadora y el gobierno”.

Su compañera de bancada, Paula Labra Ind.-RN), por su parte, planteó una serie de interrogantes que, según comentó, el gobierno debe responder en la comisión investigadora que dilucida las responsabilidades políticas en el proceso de compraventa.

¿El Presidente no tiene nada que decir sobre el fondo del asunto? Sería bueno que ofreciera respuestas de manera específica y clara, sin la parafernalia que montó para el caso Monsalve”, sostuvo Labra.