Una sensación de desconcierto se instaló en las últimas 48 horas en La Moneda. Si bien el resultado del domingo era esperable para el gobierno del Presidente Gabriel Boric -de hecho, fue consistente con las proyecciones internas que manejaban-, lo que no previeron en Palacio fue la profundidad de la derrota y que el Partido Republicano, por sí solo, lograría los 2/5 del Consejo Constitucional y -mas aún- que la derecha en su conjunto sumaría los 2/3 necesarios para controlar el proceso.

Esta última certeza la tuvieron este lunes cuando el Servicio Electoral corrigió un error de tipeo de las cifras que terminó por sumar el consejero número 23 al partido fundado por José Antonio Kast y que -al mismo tiempo- le quitó un escaño al oficialismo en Tarapacá, quedando ahora solo con 16, muy lejos de los 21 que les habría asegurado un quórum de 2/5 para tener poder de veto.

Los ministros del comité político decantaron el lunes análisis preliminares con el Mandatario, en una cita que tuvo lugar en Huechuraba. Si bien hasta ahora han evitado señalar públicamente las razones de la derrota, en privado admiten la mezcla de un voto de castigo al gobierno por el manejo de la crisis migratoria y de seguridad y también la desafección de una parte de sus partidarios con el nuevo proceso constituyente.

Lo que sí se ha logrado manifestar más abiertamente es el clima de escepticismo del comité político respecto de las primeras señales que ha dado la ahora fuerza hegemónica del Consejo Constitucional.

En el comité político se han instalado las primeras voces respecto a dar por perdido el proceso constituyente. “La oportunidad se tuvo en 2021 y se farreó”, dice un personero de gobierno. Una reflexión que se ha socializado a la luz de los resultados -incluso- es que la idea de volver a hacer elecciones para elegir a un órgano ad hoc no fue la mejor. Y se ha recordado que no fueron pocos los que defendieron la idea de que el proceso se resolviera solo a través de un organismo designado cuando se discutió el acuerdo 2.0 en diciembre pasado.

Asimismo, en el gobierno se ha reavivado el lamento por el quórum de 3/5 que terminará rigiendo el proceso constituyente. El tema fue ampliamente debatido antes de que se cerraran las reglas y sectores, por ejemplo, del Partido Comunista defendieron que se definiera un quórum de 2/3 para forzar acuerdos transversales en el Consejo Constitucional. Ese escenario, dicen en La Moneda, los habría dejado ahora -a la luz de los resultados de las elecciones- en un mejor pie, alcanzando, al menos, el poder de veto en la discusión.

Un capítulo aparte en el análisis interno del gobierno es que los resultados electorales confirman que fue un “rotundo error” haber competido en listas distintas como oficialismo. De hecho, los cálculos que manejan en el comité político hablan de que -de haber ido en una sola nómina- habrían obtenido cerca de 20 escaños, lo que con alguna alianza les habría permitido fácilmente lograr los 21 para tener poder de veto.

Al escenario pesimista que observa el gobierno, se suma también la poca credibilidad que para La Moneda tiene el discurso republicano. “Hay un lenguaje mucho menos confrontacional, pero que difícilmente será la tónica en el proceso”, dice un ministro que recalca -además- que la “moderación” en el tono de ese sector responde a que son ellos los que deben ahora dar garantías de que no dinamitarán el debate.

El primer análisis conjunto entre el gobierno y los partidos tras la derrota del domingo se realizará en el cónclave organizado para este miércoles en Cerro Castillo y uno de los temas centrales será el futuro de las reformas. Si bien el gobierno ha insistido en que la elección del domingo no cambia la composición del Congreso, también están conscientes de que sus resultados pueden tener efectos políticos -particularmente en Chile Vamos- que compliquen el avance de su agenda.

Algo que ya está sincerado en Palacio es el temor de que la “derecha democrática”, como han comenzado a denominar a Chile Vamos, tienda a radicalizarse para reconquistar el voto que perdieron en manos del Partido Republicano. Pese a eso, en el Ejecutivo no leen que los comicios del domingo puedan derivar en una lectura respecto al retroceso de la agenda progresista. La decisión del Ejecutivo -por ahora- es mantener su estrategia legislativa para impulsar las reformas y apostar a la UDI, RN y Evópoli para lograr los votos necesarios para viabilizarlas.

Esta intención, sin embargo, se topa con las señales que ha dado el sector en las últimas horas. “El gobierno no puede hacer como que nada ocurrió el domingo y seguir con sus reformas, se tienen que reformular”, sostuvo el timonel UDI, Javier Macaya, ayer en el Senado.

“La composición de ambas cámaras del Congreso Nacional no han sido modificadas (...), por lo tanto, con esta misma composición tenemos que realizar el trabajo legislativo para avanzar en proyectos de ley que nos parecen imprescindibles para los chilenos y chilenas. El gobierno actúa sobre la base de convicciones y un claro compromiso adquirido por el Presidente Boric en el marco de la campaña y, por tanto, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para construir las mayorías que nos permitan aprobarlas. En ese esfuerzo vamos a dialogar con todos los actores”, dijo el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, la noche de este lunes.

El Presidente Boric también dio señales en ese sentido la mañana de este martes. “Nuestro gobierno ha tenido y seguirá teniendo una dirección y una agenda de trabajo muy clara, definida por las necesidades y las prioridades de nuestro pueblo y por los compromisos que adquirimos con el país, por los cuales estamos hoy día gobernando. Ese norte de hacernos cargo de las urgencias que nos manifiesta la ciudadanía, en particular en materia de seguridad y del alza del costo de la vida no se modifica por coyunturas, tampoco, y no nos olvidemos esto, la necesidad de bregar y hacer reformas que garanticen mayor justicia social y equidad”, señaló el Mandatario.

Sus dichos generaron cierta incomodidad en la derecha. En el oficialismo, en tanto, pusieron matices. El diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) dijo que “coincido con el Presidente, pero sería hipócrita de nuestra parte que una elección es intrascendente para el gobierno y el oficialismo, porque todos sabemos que las elecciones tienen un impacto. Ahora bien, como oficialismo tenemos que comprender cuál es el malestar de la ciudadanía, pero también hay que hacerle un llamado a la derecha. La gente no votó a favor de la AFP ni las isapres ni en contra del royalty minero”.

La diputada y vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (RD), expresó que “el gobierno y el Presidente tienen una hoja de ruta clara que persigue responder a la urgencia de la ciudadanía..., lo que debemos preguntarnos es cómo ampliamos la capacidad del gobierno para seguir ejecutando y respondiendo a lo que la ciudadanía exige. Eso se logra con diálogo... La disposición del oficialismo y el gobierno siempre ha sido dialogar con quienes han sido parte de la oposición”.

La ministra Camila Vallejo (Segegob), a su vez, ya había señalado este lunes que el gobierno va a ser flexible para negociar sus reformas -como la tributaria y la de pensiones-, pero siempre resguardando “que las personas estén en el centro”.

Entre los dirigentes oficialistas de la alianza de gobierno hay consenso de que el repliegue respecto de las reformas no es una opción, siendo temas como pensiones uno de los más sentidos dentro del Ejecutivo como promesa de campaña. En el Socialismo Democrático evitan hablar de “reformular” o flexibilizar ciertos puntos, pero sí entablar un diálogo amplio con la oposición.

La senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, asevera que “los compromisos del gobierno en materia de pensiones y económicas no pueden dejar de cumplirse. Nos jugamos el bienestar de nuestros compatriotas. Debemos extremar los esfuerzos para conseguir esos resultados y aprobar los proyectos. No sé si flexibilizar es la palabra, pero sí dialogar y buscar la forma de aprobarlos”.

Lo propio hizo el timonel radical, Leonardo Cubillos. “Los procesos de diálogo y puentes implican llegar a puntos comunes. No me atrevería a señalar la flexibilización de las reformas de antemano si estas conversaciones aún no se inician o esa estrategia no se valida como tal, pero lo que sí creo importante es que hoy las reformas no pueden estancarse por objetivos electorales”.

En Apruebo Dignidad, estiman que el “peso de la prueba” está en Chile Vamos de no entrar en una actitud “regresiva” a raíz del triunfo electoral de republicanos en el Consejo Constitucional.

La segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez (RD), lo plantea así. “La posición del gobierno ha sido siempre dialogante, es Chile Vamos el que tiene que responder si va a hacerse parte de las soluciones que la gente necesita o va a optar por estar a la cola del partido republicano. La demanda por un cambio al statu quo sigue presente y es algo que recogen las propuestas de gobierno que tienen que seguir sobre la mesa y avanzar”.

En el mismo tono, el líder de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, adelanta que en el cónclave se debe abordar cómo avanzan las reformas prometidas y no morigerar la agenda de gobierno. “Esperamos realizar un balance de los resultados para fortalecer una posición unitaria que nos permita hacer avanzar la agenda de gobierno que prometimos con las reformas tributaria y de pensiones, el royalty a la gran minería, la ley corta de isapres y más”, sostiene.