Aunque persiste la molestia de La Moneda con el Ministerio Público por la solicitud del fiscal del caso ProCultura, Patricio Cooper, de interceptar el celular del Presidente Gabriel Boric, este martes el ánimo en Palacio era evitar escalar una pugna que terminaría con un enfrentamiento público entre dos poderes del Estado.

Si bien la inquietud en Palacio no ha cesado y este martes las ministras vocera de Gobierno (S), Aisén Etcheverry (FA), y de la Segpres, Macarena Lobos (independiente), insistieron en la idea de pedir explicaciones al jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, para conocer si es efectivo o no (y por qué) la fallida medida intrusiva que se solicitó contra el Mandatario, durante la misma jornada el ministro de Seguridad y exsubsecretario del Interior, Luis Cordero, salió a poner paños fríos.

“El gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley. Las filtraciones implican una sanción a la ley. En el caso de las investigaciones de delitos con secreto reforzado implica responsabilidades mayores. El gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley, no le corresponde estar pidiéndole rendiciones de cuentas a nadie, simplemente cumplir la ley”, expresó el titular de Seguridad.

El tono del ministro de Seguridad marca un matiz con el ánimo que había en La Moneda el lunes en la noche, cuando Ex Ante publicó que la Fiscalía había intentado una medida intrusiva al celular del Presidente.

En ese momento el comité político abordó el tema y evaluó incluso la posibilidad de solicitarle a Valencia una audiencia formal para conocer su versión sobre las medidas intrusivas de Cooper y así concretar los emplazamientos que por esas horas expresaban las vocerías del Ejecutivo.

Sin embargo, dicha idea no habría terminado de cuajar -al menos en un encuentro dentro de la casa de Gobierno- y en Palacio este martes hablaban “una comunicación de carácter informal”.

Las mismas fuentes coinciden en que el motivo para no concretar, de momento, una audiencia con Valencia pasa por dos puntos. Primero para evitar que la oposición interprete el gesto como una señal de intervención a un ente autónomo del Ejecutivo. Y porque hasta ahora la agenda de los ministros hace imposible una cita inmediata con el fiscal. Argumentan que este martes Elizalde y Gajardo estarán hasta la tarde en Puerto Montt, el miércoles es la cuenta pública del Ministerio Público y el jueves ya es feriado por el Día del Trabajador.

En La Moneda afirman que el tema quedó a cargo de Luis Cordero y del ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Con eso, en el Ejecutivo apuestan por sacar este tema de La Moneda, donde ninguno de los dos secretarios de Estado tiene su oficina. El diálogo entre las autoridades aún no se ha realizado.

Una opción natural de la que se habla para concretar un diálogo con Valencia es este miércoles, cuando el fiscal nacional hará su cuenta pública, pues a dicho evento están invitados el Presidente Boric y los ministros Elizalde, Gajardo, Cordero, Etcheverry, Lobos y la titular del Ministerio de la Mujer, Antonia Orellana. Aquello no está confirmado, de hecho hay algunos que podrían no asistir por tener actividades en el mismo horario, como Elizalde y Etcheverry.

En el gobierno buscan despejar también los alcances de la interceptación telefónica al exjefe de asesores de la Presidencia Miguel Crispi, cuyo celular estuvo pinchado desde noviembre del año pasado. La inquietud inicial de Palacio, antes de enterarse de la medida intrusiva contra el jefe de Estado, nació justamente por la arremetida de la Fiscalía contra él y la posibilidad de que otros dispositivos móviles estuvieran intervenidos.

“Lo que esperamos, y estamos a la espera de aquello, es que el Ministerio Público, el fiscal nacional, Ángel Valencia, pueda confirmar o negar este trascendido de prensa, porque, por ahora, lo que tenemos es simplemente eso: un trascendido", dijo Etcheverry este lunes, antes de abandonar La Moneda, en referencia a la medida contra Boric.

“Tendrá que acreditar que se daban los presupuestos para que legalmente se pueda proceder a una medida tan gravosa como esa”, expresó este martes Macarena Lobos en radio Infinita, sobre el “pinchazo” a Crispi.

Por el lado del oficialismo, en los partidos han optado por escalar al máximo el conflicto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. El jefe de bancada del PS, Juan Santana, expresó este martes que “el frenesí y descontrol del fiscal Cooper intentando intervenir las conversaciones del Presidente Boric es responsabilidad directa de Ángel Valencia. Se le está permitiendo una conducta temeraria e inconstitucional. Si el fiscal nacional no toma medidas, el día lunes exigiremos su remoción”.

Oposición acusa al gobierno

En la oposición cuestionaron la reacción La Moneda ante las medidas de investigación del Ministerio Público.

“Esta medida la solicita la Fiscalía y es un tribunal el que las concede. Nuevamente tenemos a la vocera de gobierno creyendo que los tribunales deben actuar con sentido político, que los tribunales deben hacer la vista gorda respecto de ciertas personas por el hecho de ser autoridades”, señaló el lunes el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez.

Frente a la idea de solicitar una reunión a Valencia, el diputado RN Andrés Longton afirmó que sería “un exceso y que está interfiriendo en la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Cosas que están prohibidas constitucionalmente (...) Otra cosa es la rigurosidad que debe tener el Ministerio Público siempre en las medidas que solicita, para no atentar contra las libertades individuales garantizadas en la Constitución”.

Desde el Partido Republicano, el diputado Cristián Araya apuntó que “a nadie le intervienen el celular por lindo, sino cuando hay fundadas sospechas de que hay un delito y que los involucrados pueden tener responsabilidad en ese hecho. En vez de perseguir al Fiscal Cooper y a la justicia, deberían exigir que el caso Procultura avance con más rapidez y que se conozca toda la verdad (...). La Fiscalía sí debe responder por las filtraciones porque afectan la credibilidad en la institución, pero otra cosa es que el gobierno exija cuentas a la Fiscalía y el actuar de los tribunales. No estamos en Cuba ni en Venezuela”.

El diputado y jefe de campaña del abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, Cristián Labbé asegura que “La Fiscalía está haciendo lo correcto, si ve un delito lo tiene que investigar, así que esta idea de audiencia más bien me parece un tirón de oreja”.

La diputada Camila Flores (RN) agregó que “estoy segura que en La Moneda guardarían un silencio absoluto si las personas investigadas fuesen de oposición. Yo espero que el Ejecutivo, el Gobierno, deje que el Ministerio Público haga su trabajo. Caiga quien caiga e indistintamente quien tengan que investigar. Y si es el Presidente de la República, el jefe de sus asesores o un Ministro de Estado, tienen que hacerlo”.