La Moneda sufre otro traspié en el Congreso: se aprueba penas de cárcel para porte de combustible en protestas

Lo que pudo haber sido un nuevo logro de la agenda de seguridad -pactada por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI)- se transformó en un nuevo trago amargo para La Moneda.

Este martes, la Cámara de Diputados aprobó por 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones el proyecto de ley que sanciona el porte de combustibles en un contexto de protestas. Con este último trámite, el Parlamento dejó el texto en manos del Presidente Gabriel Boric para su promulgación.

El episodio repetía el trance que La Moneda ha tenido que sobrellevar con la ley contra las usurpaciones de propiedades, que a pesar de ser respaldada en sus ejes centrales por el gobierno, fue endurecida por los legisladores opositores, al punto que el Presidente Boric se vio en la necesidad de vetar ese proyecto.

Sin embargo, en esta ocasión, el Ejecutivo optó por asumir su derrota y no presentar resistencia a la publicación de la ley.

Esta nueva iniciativa -que estaba en su tercer trámite constitucional luego de ser aprobada por ambas cámaras- incluso había sido presentada por el propio gobierno vía mensaje presidencial, el 29 de mayo pasado. En lo medular, modifica el Código Penal para sancionar el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño durante reuniones en lugares públicos.

Pese al patrocinio del Ministerio del Interior, la redacción final dejó disconforme al Ejecutivo. De hecho, el plan de la ministra Tohá y de su par de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), era lograr una mayoría en sala de la Cámara para que el proyecto fuera derivado a una comisión mixta de diputados y senadores, donde se podría forzar una nueva negociación sobre el contenido.

El problema para el gobierno -como lo reconoció la propia titular del Interior- eran la calificación de delito y las penas de cárcel que logró instalar la oposición. La Moneda, a diferencia, proponía en su mensaje original sólo multas y que el hecho quedara como una falta. Ello motivó a que la jefa de gabinete criticara en su momento que esas penas excedían el espíritu de la norma original, por lo que llamó a rechazar los últimos cambios a la iniciativa.

Tohá remarcó que no es posible enviar a la cárcel a alguien que aún no ha cometido un delito y, además, sostuvo que portar una molotov u otro artefacto explosivo ya tiene una sanción penal, más alta que la planteada por los legisladores en la Cámara.

“(La indicación) tiene el error garrafal de no establecer en qué contexto se está refiriendo. Entonces, cualquier persona que porte un combustible, una botella y una polera, en cualquier lugar, podría ser puesto en la cárcel. No podemos mandar a la cárcel a una persona que todavía no ha cometido un delito”, señaló en esa oportunidad la titular de Interior, quien incluso hizo reserva de constitucionalidad.

Los reparos del Ejecutivo no fueron suficientes para convencer a los diputados, menos a los de oposición, que en ningún caso avalaban que hubiera multas para el porte de combustibles en un contexto de protestas.

Pese a que los diputados oficialistas se ciñeron al plan del Ejecutivo de rechazar para forzar una nueva negociación, los grupos no alineados, como la DC, el PDF, Amarillos y Demócratas, fueron finalmente los que inclinaron la balanza para que la norma se despachara a ley.

También incidió el desmarque de siete parlamentarios oficialistas que votaron a favor a contrapelo de la instrucción de La Moneda: los liberales Alejandro Bernales, Sebastián Videla (independiente) y Luis Malla (indep.); los radicales Cosme Mellado y Alexis Sepúlveda y los PPD Raúl Soto y Héctor Ulloa (indep.)

A la alianza gubernamental, además, le afectó la ausencia de algunos legisladores oficialistas que se encuentran de viaje y no estaban oficialmente pareados.

Adicionalmente hubo siete legisladores del PS, el PPD y el Frente Amplio que se abstuvieron, pero sus votos reglamentariamente no se sumaron a la aprobación.

El resultado inmediatamente generó recriminaciones y reuniones improvisadas en los pasillos de la Cámara, ya que el gobierno quedaba obligado a promulgar, salvo que recurriera al Tribunal Constitucional (TC) o volviera a enviar un veto, similar al que presentó para corregir la ley de usurpaciones.

Horas más tarde, sin embargo, Tohá y Elizalde salieron a anunciar que el gobierno no vetaría ni recurriría al TC. “Se va a promulgar”, dijo la ministra del Interior.

Un parlamentario oficialista que fue parte de las conversaciones después de la derrota comentó que tras el veto por usurpaciones, el gobierno se había quedado sin espalda para adoptar otra medida similar. Las observaciones a un proyecto son consideradas una facultad extrema y excepcional del poder presidencial.

No obstante, las bancadas oficialistas aún tienen un margen de días para recurrir al TC.