La primera gran decisión del entrante ministro Cordero: abrir o no sumario por las “desprolijidades” en los indultos

A las 11.20 horas arribó el vuelo que traía desde Alemania al nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, y ya pasado el mediodía estaba en La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric. “Profesor, ¿cómo está?”, le dijo el Mandatario al abogado tras recibirlo en el Salón Rojo.

Cordero llegó a asumir el puesto que dejó Marcela Ríos en un momento poco amable para las bienvenidas y una instalación reposada, pues deberá entrar de lleno en un tema que el gobierno no puede dejar atrás desde el 30 de diciembre: los indultos presidenciales.

Fue el propio Presidente quien señaló que el proceso estuvo marcado por “desprolijidades” y dos días después, en un frustrado intento por dar vuelta la página, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró en La Moneda:“Si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta”.

En ese escenario asume Cordero la cartera de Justicia, la que de por sí no es fácil, pues debe supervisar lo que pasa en las cárceles, asumir un rol en la agenda legislativa del gobierno y, por si fuera poco, recomponer lazos con el Poder Judicial, donde, nuevamente, las declaraciones del Presidente Boric por los indultos no ayudaron mucho.

“Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, dijo el Mandatario el 3 de enero. Y para ayudar a dejar atrás las crispaciones, es que la primera reunión que Cordero programó en su agenda es ir a saludar al pleno de la Corte Suprema, el jueves 12 de enero, a las 8.30 horas.

De esta manera, los indultos aparecen como prioridad número uno para Cordero, a pesar de que el gobierno tiene la convicción de que no hay problemas de legalidad en la entrega de estos beneficios.

En La Moneda aseguran que el Presidente no los va a revocar ni invalidar, aunque cuando Cordero se instale en Justicia deberá tomar una decisión política: abrir o no un sumario administrativo.

Cordero es quien más tiene claro este panorama, por lo mismo, al ser consultado sobre si tomará o no esa decisión, respondió: “Sabía que me harían esa pregunta (...). Papelitos primero, miremos los papeles y luego puedo responder”, dijo.

El nuevo ministro de Justicia agregó que “tan pronto yo me instale podría responder. Solo quisiera advertir que los indultos en Chile, si se revisa desde su aplicación desde la década de los 90 hasta hoy, habitualmente han sido conflictivos. (...). Quisiera ver bien los antecedentes”.

La decisión no es menor. En el oficialismo hay convicción de que no es verosímil que los únicos responsables de las desprolijidades asociadas a los indultos hayan sido la exministra Marcela Ríos y el exjefe de gabinete del Presidente Boric Matías Meza-Lopehandía.

Por lo tanto, comentan las mismas fuentes, una investigación administrativa serviría para saber cuál fue la cadena de errores que se cometieron en la elaboración de los expedientes de los indultados, más aún cuando lo que está en juego es que fueron funcionarios de gobierno quienes incumplieron una instrucción presidencial, tal como lo confirmó la ministra Vallejo.

Además, un sumario de esas características permitiría establecer de forma correcta la trazabilidad de esta decisión y hacer las correcciones necesarias para el futuro, considerando que aún quedan cuatro años de gobierno y, eventualmente, podrían venir otros indultos particulares, no a condenados por delitos vinculados al estallido social, pero sí otros beneficios que se otorguen, por ejemplo, por razones humanitarias.

La decisión, además, deberá tener un equivalente en presidencia. Si Meza-Lopehandía fue quien lideró los indultos, Presidencia también debería iniciar un sumario para investigar qué fue lo que pasó en ese equipo que provocó esta serie de errores. Aquí Cordero no tiene facultades. La decisión de abrir un sumario por este tema en Presidencia le corresponde a la jefa de servicio que, en este caso, es la directora administrativa de la presidencia, Antonia Rozas.

Javier Couso, académico de la UDP, señala que “por supuesto que tiene que analizar la situación. Acá hay mucho más. El gobierno tiene que revisar primero la viabilidad jurídica constitucional de echar pie atrás, de revocar, pero por otra parte hay una solicitud de Contraloría para pedirle información y eso es de más fácil despacho. Él va a tener una posición muy relevante sobre analizar la factibilidad jurídica de esto que está muy en entredicho”.

Sea cual sea la decisión que tome Cordero -y eventualmente Rozas-, su actuar tendrá efectos políticos. En caso de que opte por el camino de iniciar un sumario, cuando avance esa investigación podrían salir nuevos antecedentes del caso. Si opta por no realizar esta indagación administrativa, la señal será bien clara, en el sentido de que no está disponible para que este tema siga abierto y optará por sepultarlo, al menos de forma interna en el ministerio que le tocará liderar.

Tomás Jordán, profesor de la Universidad Alberto Hurtado, tiene una mirada similar: “Me parece que la vía administrativa interna es una vía que el ministro puede abrir para determinar cómo esos antecedentes no estuvieron a la vista, y si es que corresponde y determinar si fue en el Ministerio de Justicia donde eso se erró o en otro lugar”, dice, junto con señalar que Cordero cuenta con todas las credenciales para asumir el cargo.

El debut de Cordero en Justicia se da justo en medio de una fuerte presión de Chile Vamos para revocar o invalidar los indultos. Tanto así, que mientras más pasan los días, más se eleva la presión por parte de la derecha.

Este miércoles fue el diputado RN Andrés Longton quien se encargó de darle un mensaje al nuevo ministro. “Es un profesor connotado, sobre todo en derecho administrativo. Por lo tanto, de esto sí que sabe. Connotados profesores y exministros han dicho públicamente que esto se puede revocar o invalidar. Entonces, yo le pido al ministro de Justicia que asesore correctamente al Presidente, como no lo hicieron la anterior ministra o sus asesores, que deje sin efecto estos indultos”, afirmó el jefe de bancada de los diputados de RN.

El Presidente y Cordero estuvieron reunidos por más de 40 minutos. En la cita, según quienes conocieron de su tenor, el Mandatario abordó con el jurista el momento de crisis en que asumirá la cartera, pero también otras de las prioridades de su cargo.

Respecto al tema de los indultos, en el gobierno aseguran que el Jefe de Estado dejó sobre sus hombros la responsabilidad de manejar la controversia. Por mandato legal, el secretario de Estado tiene la obligación de abocarse a revisar todos los decretos y actos administrativos, porque será él quien deba responder ante la Contraloría y otras instancias, como el Tribunal Constitucional, por la determinación del Mandatario.

Esto, sobre todo, en momentos en que hay una evaluación crítica en el oficialismo de que el Jefe de Estado haya sido el rostro de la crisis y sus ministros no hayan blindado su figura. Para el jueves, en tanto, el Presidente, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y Cordero, recibirán en audiencia al nuevo fiscal nacional, Angel Valencia.