La promesa incumplida de la oposición con el matrimonio igualitario

El pasado 28 de agosto se cumplieron dos años desde que la expresidenta Michelle Bachelet envió al Congreso el proyecto que permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Con el hito, la exmandataria buscaba dar cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) al que llegó su administración con el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) en 2016, con el objetivo de desactivar la demanda que dicha organización había presentado previamente en contra del Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición del matrimonio igualitario en el país.

Y pese al tiempo transcurrido, la iniciativa sigue hoy en la Comisión de Constitución del Senado en su primer trámite constitucional y sin registrar avances significativos. Esto, a pesar también de que al asumir en su cargo como presidente de la corporación el senador Jaime Quintana (PPD) se comprometió en marzo a avanzar en la iniciativa para que esta fuese aprobada durante 2019.

Lo mismo hizo el presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe (PPD). Y si bien el legislador puso en tabla el proyecto el 23 de julio pasado, no se logró avanzar en su votación general ni particular y, luego, al asumir otras urgencias que activó el Ejecutivo, no se continuó con su tramitación.

Así, justo cuando el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ratificó a través del Plan Nacional de DD.HH., ingresado este jueves a la Contraloría, que el Estado de Chile no impulsará la unión matrimonial entre parejas del mismo sexo, sino que solo va a "monitorear" su avance, desde las organizaciones de la diversidad sexual instaron al Congreso a avanzar a la brevedad en la tramitación del proyecto.

"Es muy complejo el panorama, porque estando el proyecto en la Comisión de Constitución del Senado, donde la oposición tiene mayoría y tiene la presidencia, no ha habido la suficiente voluntad política para poner en tabla un proyecto de ley que cuenta con un amplio respaldo", sostuvo el representante del Movilh, Rolando Jiménez.

Mientras que su par de Iguales, Juan Enrique Pi, advirtió que "lamentamos que el proyecto de ley no haya avanzado en el Senado y estemos en septiembre y todavía no se haya podido votar la idea de legislar. Este fue un compromiso del presidente Quintana, también del senador Harboe".

Pi agregó que "en ese sentido urge que aquellas personas que se declaran aliados de la comunidad LGBTI lleven adelante acciones concretas, como es poner en tabla el proyecto de ley para que se vote".

El senador Harboe admitió que las organizaciones "tienen toda la razón", aunque explicó que "nos hemos retrasado en la tramitación, porque yo no puedo poner en discusión el matrimonio igualitario y postergar el despacho del proyecto de ley del Sename, dada la gravedad de la situación en que los niños y niñas se encuentran y le hemos dado prioridad a eso".

El parlamentario puntualizó que, además, la carga de la Comisión de Constitución aumentó luego de que "el gobierno le diera suma urgencia a la discusión de la ley corta antiterrorista". No obstante, aseguró que "en cuanto tengamos espacio legislativo, tal como se los dije a ellos, vamos a reiniciar la discusión".

En tanto, el presidente de la Cámara Alta aseguró que "el Senado va a seguir impulsando el proyecto de matrimonio igualitario. Es lo que corresponde y espero que la mayoría de las fuerzas políticas estén en condiciones de aprobarlo".

Una nueva denuncia ante la CIDH contra el Estado de Chile anunció este jueves el Movilh. Esto, tras la decisión del gobierno de eliminar del Plan Nacional de DD.HH. el compromiso de impulsar el matrimonio igualitario. A juicio del organismo, con esto La Moneda está "rompiendo" con los compromisos adquiridos internacionalmente por Chile en el ASA.

Por su parte, Iguales anunció que recurrirá ante la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de la determinación del gobierno.

Con todo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, reiteró la posición del Ejecutivo en la materia asegurando que "no hay ninguna obligación pendiente" respecto del ASA.

"Lo que estamos planteando en este plan es continuar monitoreando el avance de esta iniciativa, es hoy responsabilidad del Congreso el avance de este proyecto", sostuvo el secretario de Estado, quien recordó que el gobierno del Presidente Piñera podría haber usado su facultad de retirar el proyecto del Congreso y no lo ha hecho.