Antes de exponer este lunes en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la abogada Francisca Moya recibió un coaching de la vocera subrogante del Ejecutivo, Aisén Etcheverry, y del director de Comunicaciones del gobierno, Pablo Paredes. Fue la última parte de una preparación que inicialmente tomó la secretaría general de la Presidencia a cargo de la ministra Macarena Lobos.

El objetivo era uno solo, darle herramientas para su exposición ante la instancia fiscalizadora que se armó en el Congreso para abordar la fallida compra de la casa de Salvador Allende, que ha costado los cargos de las exministras Maya Fernández (Defensa), Marcela Sandoval (Bienes Nacionales) y del jefe del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales, Leonardo Moreno.

La crisis se produjo porque a todas luces la compra del domicilio era inconstitucional, pues Fernández y la senadora Isabel Allende -quien fue destituida de su cargo por el Tribunal Constitucional por el caso- son copropietarias del inmueble. Dentro de la cadena de errores se encuentra Francisca Moya, actual jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres y quien fue la última en visar el decreto de la adquisición del inmueble, sin reproches antes de que lo firmara el Presidente Gabriel Boric, de quien es amiga hace más de diez años.

El guion que le recomendaron a la abogada era explicar su rol en el proceso en términos genéricos y con lenguaje técnico, en la línea de las vocerías que hacía el ahora ministro de Seguridad, Luis Cordero, cuando era ministro de Justicia y debía explicar procesos jurídicos ante los parlamentarios y la prensa.

Ella siguió al pie de la letra el libreto establecido por el Ejecutivo, pero bastó un breve momento para sucumbir ante la fuerte presión de los parlamentarios.

-¿Usted conocía entonces de la inhabilidad de la ministra y de la senadora? ¿La advirtió al Presidente?

“Yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, como ya hemos explicado lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular, que es para el caso que nos reúne hoy día el decreto 38″, respondió Moya.

Su respuesta fue mal evaluada en La Moneda. Y con ello se reabrió la presión transversal por la renuncia de la abogada. Su cargo lo pidió expresamente la oposición, al punto de amenazar con una acusación constitucional al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y también los parlamentarios del Partido Socialista que siguen buscando una cabeza en señal de molestia por la destitución de la senadora Allende en el TC.

La situación de Moya abrió una fuerte pugna al interior de La Moneda, porque mientras el ministro Elizalde y la titular a la Segpres, Macarena Lobos han optado por cerrar filas y defender con fiereza a la abogada, en el palacio de gobierno reconocen que el futuro de la abogada es incierto, pese a su cercanía al mandatario.

La prioridad del equipo de asesores hoy es mantener el conflicto por la casa de Allende lo más alejada posible del Presidente Boric, quien impulsó la idea de la compra del inmueble para rendir un homenaje al expresidente Salvador Allende.

En ese marco, es que hace unos días se le pidió la renuncia Leonardo Moreno, quien fue el encargado de hacer el seguimiento de la compra en representación del equipo de Presidencia junto a la abogada Bernardita Nazar, quien también recibió alertas de Bienes Nacionales respecto del flanco que implicaba la compra del inmueble.

Fuentes de gobierno aseguran que a comienzos de esta semana, el ministro Elizalde hizo gestiones personales para que tras el impasse de Moya en el Congreso la vocera Aisén Etcheverry saliera a respaldarla. Una idea que no convencía inicialmente a todo el equipo de gobierno.

Elizalde también la blindó en el Congreso. “Explicamos dónde estaba radicado el proceso y lo que le correspondió a la división jurídica legislativa y ese tema quedó más que claro en la comisión investigadora”, aseveró. Este miércoles en el Congreso el ministro enfatizó: “en lo que respecta al decreto firmado por el Presidente de la República, la propia controladora general de la República dijo que era conforme a derecho y conforme a la constitución y tanto es así que se tomó razón del mismo”.

La ministra Lobos, en tanto, respaldó a Moya ante los senadores en el Congreso al igual que lo ha hecho el subsecretario Nicolás Facuse que ha hecho esfuerzos por morigerar las declaraciones de los senadores del PS en contra de la abogada.

Una alta fuente del gobierno asegura que la situación de la abogada no es sostenible en el tiempo, puesto que su cargo ya está expuesto y arriesga a reeditar lo que pasó con Miguel Crispi que aguantó varios meses en la jefatura de asesores de presidencia hasta que tuvo que dar un paso al costado para evitar dañar la figura del presidente.