Las claves para entender los Pandora Papers y su vínculo con Chile

Pandora Papers, proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su nombre en inglés), en el que participan 150 medios y más de 600 periodistas de todo el mundo, develó tras dos años de investigación, 11.9 millones de documentos financieros que destapan un entramado de operaciones en paraísos fiscales.

Son más de 300 las autoridades vinculadas a sociedad offshore, entre ellos, presidentes, ministros, exfuncionarios, artistas, reyes y futbolistas, incluyendo al Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Un negocio, develado por Ciper y LaBot, que vincula a la familia del Mandatario con el empresario Carlos Délano, el proyecto minero Dominga y sociedades concretadas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), cuyas claves destacamos a continuación.

Sebastián Piñera tiene una amistad de larga data con el empresario Carlos Alberto Délano, condenado por evasión fiscal y cuestionado por el financiamiento ilegal de la política en el Caso Penta. Se conocieron en la infancia, estudiaron Ingeniería Comercial en la Universidad Católica, sus familias han viajado juntas, y han compartido negocios, entre ellos, el proyecto minero Dominga.

Fue en el año 2009 que la familia Piñera-Morel invirtió en el proyecto minero a través de Mediterráneo Fondo de Inversión (FIP), gestionado por la Administradora Bancorp.

Al sumar las familias Piñera-Morel (33,33%) y Délano-Méndez (22,73%), ambas tenían más del 56% de la propiedad de Minería Activa Uno Spa, propietaria de Minera Andes Iron Ltda, que a su vez estaba a cargo del proyecto Dominga.

Tras la elección presidencial, que dio el triunfo a Sebastián Piñera, hubo socios que estimaron poco conveniente que la familia Piñera formara parte, pero dado que eran los hijos los participantes de la sociedad y no Piñera mismo, se siguió adelante ya que descartaron un conflicto de interés.

En 2010, Délano compró la parte de los otros inversores de Dominga en dos fases: la primera, ante notario en Santiago de Chile, y la segunda, en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas. Entre las condiciones establecidas, figura que el pago se realizaría en tres cuotas, la última de ellas, dependía de que no se estableciera como área de protección ambiental el emplazamiento de Dominga.

Piñera asumió la presidencia en marzo de 2010, un mandato marcado por el proceso de reconstrucción tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero, que también tuvo como hito la cancelación de la termoeléctrica Barrancones en agosto del mismo año.

La instalación se emplazaba en el sector Punta de Choros, por lo que el Mandatario explicó que se dio un “pare” para “proteger ese santuario de la naturaleza”. En ese momento, no había conocimiento del proyecto Domingo, que tenía previsto posicionarse en la misma zona. Además, una vez rechazado Barrancones, los inversionistas de Minería Activa Uno Spa comenzaron a gestionar cobros mayores para salir de Dominga.

Cuando se dio a conocer esta información, se abrió una comisión investigadora en la Cámara que concluyó que Piñera buscó beneficiar a Dominga. Sin embargo, el caso fue sobreseído. Cabe destacar que en este juicio no se analizó la transacción que tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas, ya que no había conocimiento público de este antecedente hasta este fin de semana.

El encargado de armar la sociedad en Islas Vírgenes Británicas fue el abogado Juan Paulo Bambach, mientras que el geólogo Iván Garrido, presidente de Andes Iron hasta 2019, es considerado el “Padre” de Dominga.

Bambach y Garrido se asociaron con Larraín Vial para formar Minería Activa Uno Spa, y buscaron a los Délano y Piñera como inversionistas. Estos son actores relevante, ya que Garrido fue quien gestionó los documentos que concretaron el proceso en las BVI.

Según detalla la investigación periodística, el casillero de ‘beneficial owner’ lo ocupó Minería Activa Uno Spa, y ante la consulta de si el ‘beneficial owner’ o su familia eran ‘personas políticamente expuestas’, este quedó en blanco. Iván Garrido explicó que lo dejó de esa manera, porque era un negocio de los hijos de Piñera, pero que hoy no lo firmaría así.

El monto de venta de la parte Piñera-Morel a los Délano fue casi 10 veces mayor, y tal como se menciona en un comienzo, estos fueron pagados en tres cuotas. Lo clave, es que la tercera cuota -equivalente a US$9,9 millones- quedaría pendiente a más tardar hasta el 31 de diciembre de 2011, es decir, más de un año después del cierre del acuerdo.

Esto responde a que se estipuló que el pago estaría sujeto a una condición: que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero, es decir, que el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional, ya que impediría irremediablemente la instalación del proyecto Dominga y de un puerto a 50 kilómetros.

Un aspecto que tenía relación directa con las atribuciones del Presidente de la República, Sebastián Piñera, familiar de uno de los mayores socios de la parte vendedora y mejor amigo de otra parte inversora.

Además, Dominga ha estado en el centro de la polémica por el impacto ambiental que significaría en el ecosistema y biodiversidad de la zona. Sobre todo tras ser aprobada recientemente por la Comisión Ambiental de Coquimbo, aunque hay un recurso pendiente en la Corte Suprema, la que declaró admisible un recurso de protección presentada por la ONG para revertir la aprobación.

Por parte de Sebastián Piñera, señalan que no sólo estaba fuera de la gestión de sus empresas desde 2009, sino que ni siquiera supo de la inversión que se había realizado en Dominga hasta después de dejar la Presidencia.

“No había ningún conflicto de interés, y en caso de que alguno hubiera surgido después de la transacción, habría que haberlo resuelto según la ley chilena”, expresó Nicolás Noguera, gerente general de su family office. “10 años y dos periodos presidenciales después de la venta de Minera Dominga, su ubicación no ha sido declarada un área protegida y el proyecto todavía enfrenta desafíos importantes para su aprobación”.

Por parte de la familia Délano, sus asesores manifestaron: ”Las sociedades de la familia Délano que adquirieron el Proyecto Dominga cumplieron todas las obligaciones de declaración y/o pago de impuestos que eran aplicables a esa operación”.

Puntualmente sobre las condiciones para el pago de la última cuota, señalaron que correspondía “sólo al 6,5% del total del precio de venta” y que las negociaciones se hicieron directamente con el fondo de inversión que vendió Dominga, descartando -sin mencionarlo- que participara el Presidente Piñera.

Ayer, en horas de la tarde, desde Presidencia publicaron un comunicado en el que se sostiene que el Mandatario “nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga”.

De acuerdo al texto emanado de La Moneda, “los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del Presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”.

Asimismo, agrega que “la decisión de la fiscalía fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia y ratificada unánimemente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia”. Además, añade que “el Presidente de la República no participa en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia. Ni el Presidente Piñera ni su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior. En el pasado, las empresas domiciliadas en Chile que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior”.