Este lunes se desarrolló una nueva sesión de la comisión especial investigadora sobre la fallida compra por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende.

A la instancia asistieron el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, y el asesor de dicha repartición, Lucas Vera.

En la ocasión, Elizalde, que al momento de desarrollarse el proceso para la compraventa era titular de la Segpres, respondió a los diputados de la comisión sobre las responsabilidades políticas en el caso, y reiteró, como lo ha hecho el gobierno anteriormente, que recayó en la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.

Además, recalcó que luego también se produjo la salida de la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del exlíder de la UP y una de las herederas de la casa de Guardia Vieja.

Con todo, buena parte de las consultas estuvieron dirigidas a Moya, en particular sobre la manera en que participó para visar el decreto que permitía adquirir el inmueble, que pretendía ser convertido en un museo.

Se hizo hincapié en si se percató de la infracción constitucional que se generaría de forma posterior, cuando se firmara el contrato. Esto por el hecho de que la senadora Isabel Allende tenía una prohibición constitucional de celebrar contratos con el Estado ya que al hacerlo caía en una causal de cesación de su cargo, como terminó sucediendo. Algo similar pasaba con la ministra Fernández, respecto de quien la Constitución establece que durante el ejercicio de su cargo está sujeta a la prohibición de celebrar contratos con el Estado.

“Nosotros fuimos parte en este proceso de adquisición solo de la etapa relativa al decreto supremo 38 y en ese sentido no fuimos parte ni de los análisis anteriores ni de los posteriores, por lo tanto, yo no le puedo, no me puedo referir a eventuales análisis que hayan realizado otros de los equipos a cargo en este caso particular”, dijo Moya en la comisión.

Asimismo, apuntó que “respecto de la legalidad del acto en particular, nuestra evaluación de ese acto en particular fue que este se ajustaba a derecho y por eso fue suscrito por el Presidente de la república”.

-¿Usted conocía entonces de la inhabilidad de la ministra y de la senadora? ¿La advirtió al Presidente?

Ante la insistencia de los diputados, la jefa jurídica de la Segpres reconoció que sabía de la inhabilidad, pero recalcó: “Yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, como ya hemos explicado lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular, que es para el caso que nos reúne hoy día el decreto 38″.

En la comisión, también se refrió a la labor de Vera, el asesor que revisó los polémicos decretos: “En relación a la carga de trabajo que teníamos, el decreto fue reasignado y es así como a Lucas le tocó revisarlo durante el día 27 de noviembre (de 2024). Luego de que Lucas hiciera una revisión del decreto, el decreto fue revisado por mí”.

Moya sostuvo luego: “Una vez que concluimos que el decreto se ajustaba al ordenamiento jurídico y estaba en condiciones de pasar la toma de razón que realiza la Contraloría General de la República, el decreto fue presentado ante el Presidente de la República (Gabriel Boric) para su fin”.