Las gestiones de última hora de Cordero y Elizalde con diputadas PC que lograron contener las expectativas por agenda de Derechos Humanos

Por cerca de media hora estuvieron reunidos, el lunes en la tarde, los ministros Luis Cordero (Justicia) y Álvaro Elizalde (Secretaría General de la Presidencia) con las diputadas comunistas Carmen Hertz y Lorena Pizarro.

A horas de que el gobierno anunciara una “batería legislativa” para complementar el Plan Nacional de Búsqueda, a La Moneda le preocupaba el clima de expectativas que se podía generar entre las fuerzas oficialistas que esperaban la reactivación de una agenda mayor en materia de derechos humanos. No sólo con iniciativas legales. De partida, el lunes en la mañana, el ministro Cordero recibió a un grupo de diputados del PS, el PC y el Frente Amplio, quienes le pidieron adoptar medidas administrativas para el cierre o la adaptación del penal de Punta Peuco, hoy destinado a condenados por causas de DD.HH.

Sin embargo, el lunes en la tarde, el gobierno ya tenía decidido impulsar una agenda acotada, de 5 proyectos nuevos o indicaciones, para hacerse cargo específicamente de la problemática de los detenidos desaparecidos. Ello implicaba dejar en suspenso el patrocinio de otras iniciativas demandadas especialmente por las fuerzas de izquierda.

Si bien tras la reunión entre Elizalde y Cordero, las diputadas Hertz y Pizarro no quisieron hacer declaraciones, este martes, ambas legisladoras -referentes de su sector y familiares de víctimas de la represión- dieron una señal al asistir al acto realizado en Parque Cultural de Valparaíso, donde antiguamente estuvo emplazada la antigua cárcel porteña, que fue el principal centro de detención política en dictadura.

En ese lugar, Elizalde, Cordero y las ministras Carolina Arredondo (Culturas) y Antonia Orellana (Mujer) dieron cuenta, en compañía de legisladores oficialistas y agrupaciones de derechos humanos, de esta agenda acotada.

El punto principal de este paquete será un conjunto de indicaciones para levantar, bajo circunstancias excepcionales, el secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que presidió el fallecido obispo Sergio Valech, (la llamada Comisión Valech).

La idea -según expresaron los ministros- es lograr congeniar la reserva con la que víctimas de prisión y torturas dieron su testimonio con el interés judicial de lograr más información. La alternativa sería una fórmula en la que las declaraciones sean liberadas como antecedentes para los tribunales, siempre que exista consentimiento de la víctima o de sus herederos.

Desde el PC que comentaron que la presencia de Pizarro -hija de detenido desaparecido- y Hertz -viuda de un ejecutado político- era un gesto de la decisión de pausar sus pretensiones de una agenda más amplia, donde además del cierre de Punta Peuco, figuraban otras medidas, fuertemente resistidas por la derecha, como la sanción del negacionismo, las clases escolares obligatorias en materia de DD.HH. y la derogación o anulación del Decreto Ley de Amnistía de 1978.

En todo caso, La Moneda también incluyó otras iniciativas altamente valoradas por las organizaciones de DD.HH., como la calificación jurídica de “ausente por desaparición forzada” y la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal.

También esta agenda contempla un plan de memoria y patrimonio y la eliminación de trabas de información que existen respecto de las leyes que fueron dictadas bajo carácter secreto o reservado o de circulación restringida.

Al comentar el anuncio, la diputada Hertz destacó las propuestas y respecto de las iniciativas, cuyo patrocinio quedó pendiente (negacionismo, amnistía, asignatura obligatoria de DD.HH.) dijo que “no son temas que están cerrados”. “Esta es la primera agenda que el gobierno impulsa. No significa que no se vayan hacer más adelante”, dijo la legisladora viuda de Carlos Berger, ejecutado político, víctima de la llamada Caravana de la Muerte.

La diputada Pizarro, hija del dirigente comunista Waldo Pizarro, detenido desaparecido en 1976, añadió que “es importante que se abran caminos que nunca se habían abierto”. “Lo primero que voy a valorar es la decisión política de avanzar. El tema de otros proyectos que quedaron afuera, yo más bien me pregunto si la derecha está dispuesta a aprobarlos o que se pierdan y no logremos nunca avanzar”, comentó.

La diputada María Candelaria Acevedo (PC), quien fue víctima de prisión política, explicó que venían conversando con el ministro Cordero para que el Estado se haga responsable de las violaciones a los DD.HH., pero también se mostró resignada al señalar que este es un primer paso. “Uno siempre quisiera tener más expectativas, pero así como está la situación en nuestro país, la polarización que existe, con aquellos que creen que no pasó nada, algunos que creen que las violaciones a mujeres fueron una leyenda urbana, creo que no están los momentos para insistir en algunas otras leyes, que más que resolver el problema, se pueden entrampar y se pueden perder. Creo que paso a paso vamos a ir resolviendo los temas importantes”, dijo.

En este punto coinciden, algunas autoridades de gobierno, en vista de que, además, temas como la sanción al negacionismo o la derogación-anulación de la Ley de Amnistía tienen poca viabilidad política y exigen una alta precisión jurídica para que no tengan efectos adversos. Esos argumentos habrían pesado en la postura que asumieron las diputadas del PC.

No obstante, en la sesión de este martes de la Cámara, en la hora de incidentes, la diputada Karol Cariola (PC) dejó en claro que su colectividad no ha renunciado a esas iniciativas en suspenso. Si bien calificó como un hito histórico el Plan de Búsqueda, pidió el apoyo del gobierno a los proyectos contra el negacionismo y las clases obligatorias.