Las huellas del paso de Luis Hermosilla por La Moneda

“Vamos a tener todo el power”. Este mensaje de WhatsApp enviado el 1 de julio de 2017 por Luis Hermosilla al fundador del Grupo Patio, Álvaro Jalaff, grafica el poder que pretendía alcanzar si Sebastián Piñera llegaba por segunda vez a La Moneda.

Para el abogado, ese espacio era un terreno conocido. Había llegado al corazón del Palacio de Gobierno en la primera administración del exgobernante, el 5 de octubre de 2012, de la mano de Andrés Chadwick -su amigo desde los tiempos universitarios-, luego de que este aterrizara en la Segegob. Y había alcanzado crecientes grados de influencia desde que Chadwick pasó a Interior -el 5 de noviembre de ese año- y él se convirtió en el asesor de emblemáticos casos penales, como el de los falsos exonerados políticos y del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. Un periodo en el que amplió sus redes hacia la derecha, sector al que se había acercado a mediados de los 90, cuando -a pesar de haber militado en el PC- cruzó las fronteras ideológicas al asumir la defensa por el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán.

De ahí que no extrañara que -en medio de las primarias de Chile Vamos- empezara a mover los hilos para el triunfo de Piñera ante Manuel José Ossandón (RN) y Felipe Kast (Evópoli). E ingresar, con ello, de nuevo al ruedo. No en la primera línea de cargos -cosa que nunca le gustó-, sino que desde la trastienda.

Esta vez, eso sí, sus intenciones quedaron registradas.

Los mensajes de WhatsApp -de acuerdo al listado al que tuvo acceso este medio- partieron el 1 de junio de 2017. Ese sábado -un mes después de la inscripción de las candidaturas-, Hermosilla no solo le contó a Jalaff que ya tenía tres áreas asignadas, sino que -ante una petición del empresario para que lo incluyera- su respuesta fue que “lo hablaré con ACH”, al tiempo que le recomendaba que “deberías apitutar a alguien”.

El capítulo más complejo -que aparece en esos mensajes- es una conversación del 17 de agosto de ese año, donde Jalaff le cuenta que habría hablado con los empresarios Maurice Khamis, José Said y Alberto Kassis, y que “vamos a pasarle 150″ (no dice a quién ni si la operación se concretó) y que quiere “pasarlos directo”. Es ahí donde Hermosilla le advierte: “Ojo con WhatsApp”.

Esos mensajes -de más de 770 mil páginas- son los que justamente han complicado su situación procesal (el jueves la Corte de Apelaciones le denegó el término de la prisión preventiva). Y que, como contrapartida, le han servido a su defensa para advertir a quien quiera escuchar que harán públicas las conversaciones, que desde esta semana están en su poder. Las posibles consecuencias de ello no son menores.

De hecho, la Fiscalía ya abrió una arista investigativa sobre el exministro de Vivienda Felipe Ward (UDI), porque Hermosilla -en lo que podría evaluarse como un abierto tráfico de influencias- habría agilizado en tiempo récord los permisos de construcción del proyecto Parque Capital en la comuna de Lampa, de la empresa Grupo Patio, perteneciente a la familia Jalaff. Una de las pruebas -según Ciper- es que el propio seremi de Vivienda de ese minuto en la Región Metropolitana, Manuel José Errázuriz, reconoció presiones e informó que incluso le envió por chat a Hermosilla la copia de los tres IFC otorgados, cosa que no tenía por qué hacer. Esto, aunque Ward afirma que la imputación no es efectiva y que el gobierno tomó la decisión de destrabar y acelerar cerca de 200 proyectos que generaban inversión y empleo, entre ellos, el mencionado.

Quienes habitaron el Palacio de Gobierno en Piñera1 aseguran que la relación de Hermosilla fue siempre con Chadwick. Que el penalista no tuvo un papel activo en la campaña y que tampoco integró el estrecho círculo de Piñera. Incluso, sostienen que su nombre no estuvo en la lista de personas que acompañaron al exgobernante en el hotel Crowne Plaza el 17 de diciembre, día en que ganó el balotaje frente a Alejandro Guillier. En ese espacio -cuentan- solo estuvieron los integrantes de su familia, su esposa Cecilia, hijos y nietos, Cristián Larroulet, José Cox, Ignacio Guerrero, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Cecilia Pérez y Magdalena Díaz. El resto estaba fuera de esa área.

Por eso, en los mismos WhatsApp filtrados ahora, Hermosilla le dice a Jalaff que “yo estoy que me voy (del Crowne Plaza). Puros políticos weas”.

En Piñera1, el penalista optó por un rol que describen como estratégicamente discreto. Evitaba pasearse por los pasillos de Palacio; llegaba directamente a Interior; no tenía oficina propia (nunca la tuvo) y tampoco asistía a tiempo completo. Solo aparecía para casos puntuales asignados a las causas que llevaba. Y en ninguna de las dos administraciones cruzó hacia Presidencia.

“El Presidente nunca le tuvo confianza. Y una muestra gráfica de esto es que sus abogados eran Juan Domingo Acosta y Samuel Donoso, no él”, sostiene un exministro.

Pero admiten que fue en Piñera2 donde Hermosilla tomó un papel más gravitante. No solo porque cuatro integrantes que habían pasado por su estudio se incorporaron a esa cartera -María José Gómez, Ximena Risco, Sofía Hamilton y Gigliola Pulgar-, sino que porque aparte de las causas que le tocaba ver en Interior, asumió la defensa legal de varios en el gabinete. Y así extendió sus redes.

En algunas él mismo ofrecía sus servicios, incluso, ad honorem, como fue el caso de la vocera de gobierno Cecilia Pérez (RN), luego de que el Partido Socialista presentara una querella en su contra por el “delito de omisión de denuncia”. Esto, porque Pérez -en una ofensiva para frenar una acusación constitucional del PS en contra de la ministra de Educación de esa época, Marcela Cubillos, por Aula Segura- llamó a aclarar los vínculos de ese partido con el narcotráfico, por la situación que enfrentaba el alcalde de San Ramón, el ex PS Miguel Ángel Aguilera.

Pérez -quien en su calidad de abogada recopiló todos los antecedentes para su defensa- iba a llamar a Gabriel Zaliasnik para que la patrocinara, pero en ese minuto recibió la llamada de Hermosilla, diciéndole que él la representaría ad honorem. La causa al final -después de los documentos presentados por la vocera ante la Fiscalía- quedó en nada.

También representó a la ministra de Transportes Gloria Hutt (Evópoli) por una querella que enfrentó debido a la falta de buses del transporte público durante el plebiscito de entrada al proceso constitucional en 2020. Y a Sebastián Sichel, por una querella interpuesta tras un ataque cibernético a BancoEstado. “No es que yo haya contratado a Luis Hermosilla, sino que el banco tiene dentro de sus abogados querellantes a Luis Hermosilla históricamente”, dijo el hoy candidato por Ñuñoa, quien antes había acusado al penalista de “charlatán” por haberlo involucrado en sus chats en supuestas gestiones para lograr un crédito.

De todos, dos casos han sido los más bullados.

Un contrato entre Hermosilla y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, del 26 de enero de 2022, para la representación legal del ministro de Defensa Baldo Prokurica, por la querella interpuesta por el exoficial de Ejército Rafael Harvey, en el caso llamado “Milicogate”, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Esto, porque de acuerdo a los datos recabados por el diputado PS Daniel Manouchehri -querellante en el caso Audio-, el contrato fue por trato directo, por un monto de 325 UF y fue enviado a las 16.55 horas del 10 de marzo de 2022, solo horas antes del término del gobierno.

El segundo -que también está en la mira de los querellantes- fue suscrito entre Hermosilla y el Ministerio de Salud en junio de 2022, por 10 millones 778 mil pesos, para que el abogado defendiera al exministro Enrique Paris en una acción judicial presentada en su contra por casos relacionados con la pandemia. Ese contrato tiene fecha 7 de marzo de 2022, es decir, fue firmado a solo cuatro días del cambio de administración.

“Hermosilla era considerado un activo. No era el hombre que hoy está recluido en Capitán Yáber”, dice un exhabitante de Palacio.

Pero la intromisión del penalista molestaba a algunos ministros. Uno de los más explícitos fue Hernán Larraín -entonces titular de Justicia-, quien incluso le advirtió en 2021 al propio Presidente Piñera que Hermosilla estaba extralimitando sus facultades y que había intentado influir en los nombramientos de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde buscaba que no asumieran las ministras Carola Brengi y Paula Merino.

Mientras tanto -en plenas funciones-, Hermosilla seguía manteniendo una activa comunicación con Jalaff, a quien -según su cuenta de WhatsApp- le hizo la siguiente recomendación en julio de 2018: “Tú tienes que mantener como un tesoro tu amistad con ACH (...). Ese weón va a ser presidente”.

La tarde del 14 de noviembre de 2018 -a solo ocho meses del inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera- fue una de las más complejas para La Moneda, para Andrés Chadwick y, de rebote, para Hermosilla. La primera alerta la dio el subsecretario Rodrigo Ubilla, tras recibir una llamada de Carabineros de La Araucanía, en la que le informaba de un enfrentamiento en Temucuicui, tras el robo de vehículos a unas profesoras. El caso continuaría con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca y con exigencias políticas para la salida de Chadwick.

Era la primera vez que el histórico de la UDI -uno de los hombres fuertes del piñerismo- se enfrentaba a una situación así.

Quienes tuvieron acceso a cómo se abordó el caso en los muros internos de Palacio admiten que Hermosilla tuvo un rol clave en defensa de su amigo. Que viajó junto a Ubilla a la zona para recabar todos los antecedentes y que ambos volvieron con un reporte categórico: la historia del enfrentamiento levantada por Carabineros no calzaba y había que tomar drásticas medidas. Incluso, se asegura que en una reunión en la casa de Chadwick -a la que asistieron Piñera y Hermosilla-, el Presidente resolvió pedirle la renuncia al director de Carabineros, Hermes Soto, quien había llegado solo nueve meses antes al cargo.

Si bien Chadwick logró sortear ese episodio -con la ayuda de su amigo-, el estallido social del 18-O haría imposible su permanencia. Y así lo entendió el propio secretario de Estado cuando el 25 de octubre, el mismo día de la multitudinaria marcha en Plaza Italia, presentó su renuncia al Primer Mandatario -en una reunión a solas- cerca de las 13 horas.

“El 25 de octubre, sí, asumí mi responsabilidad política. Porque ese día le presenté mi renuncia al Presidente y le dije que ya no era un colaborador útil en la tarea de velar por el orden público, ni menos aún en la tarea que era indispensable, que era iniciar una nueva etapa para abordar los desafíos de la crisis del país”, diría Chadwick el 11 de diciembre, cuando el Senado votó a favor la acusación constitucional que lo inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos, restricción que culmina ahora en diciembre.

La decisión marcaría la sorpresiva llegada de Gonzalo Blumel (Evópoli) a Interior. Y, con ello, el fin de la influencia de Hermosilla ante el nuevo jefe del gabinete -a quien Jalaff calificaría de “papel” y de estar en “pañales”-.

Pese a que el equipo terminó desarmándose -con recriminaciones cruzadas, especialmente de la UDI por estimar que supuestamente se había dejado caer a Chadwick para salvar al Jefe del Estado y por haber quedado fuera de Interior-, Hermosilla no renunció. Siguió en la Subsecretaría del Interior hasta el final de la administración.

“Nadie lo podía echar -comentan- por los casos que llevaba y porque habría generado un ruido mediático innecesario”, comenta una fuente.

Hermosilla se abocó a la defensa de Chadwick, la que hoy -desde que se destapó el caso Audio- presenta capítulos que permanecen en penumbras y que tienen al exministro en la lista de posibles interrogatorios en calidad de testigo. Esto, porque en su declaración ante la Fiscalía, el penalista admitió que Daniel Sauer, uno de los dueños de Factop, colaboró con el financiamiento de la defensa de Chadwick. En específico, para la contratación de un informe en derecho al experto alemán Kai Ambos.

El documento fue encargado el 7 de noviembre. Y este, aparte de precisar que el firmante actuó “con total independencia, sin ninguna interferencia e independientemente de los intereses específicos de la parte contactante”, advierte en el mandato dos puntos que no dejan de llamar la atención: que como el brief tenía que prepararse bajo una enorme presión de tiempo, “no podría llevarse a cabo con la minuciosidad e integridad que normalmente es similar a la del firmante” y que, “además, la redacción del texto y el refinamiento del argumento dejan que desear”.

“El contacto con este profesor lo hizo el abogado Jean Pierre Matus (hoy ministro de la Corte Suprema), quien lo conocía con anterioridad por razones académicas. El profesor Ambos cobró honorarios ascendentes a 30 mil euros, que se pagaron en dos cuotas de 15 mil euros. Yo estaba encargado de que estas sumas se pagaran y le pedí a Daniel Sauer, quien tiene acceso a cuentas bancarias en el extranjero, que hiciera las transferencias internacionales de los fondos. Daniel actuó como intermediario únicamente, y estos fondos, posteriormente, se los reembolsé. No recuerdo quién, en definitiva, se hizo cargo de este gasto”, sostuvo Hermosilla en esa oportunidad.

Para la Fiscalía los recursos para Ambos -luego se agregaron los de Matus (14 millones) y de Arturo Fermandois (19 millones)- provenían de operaciones ilícitas del factoring Factop.

Hasta ahora no se sabe de dónde sacó los recursos Hermosilla para esa devolución. Lo que sí fue claro es que para salvar a Chadwick, el penalista no dudó en apuntar directamente a Piñera. “Acusan a mi defendido como si él fuera el que preside el gobierno”, dijo el 28 de noviembre de 2019, lo que dejó varios heridos en el entorno del expresidente, hecho que tuvo repercusiones. Pues apenas estalló el caso Audio no hubo dispuestos a darle su apoyo. Menos ahora que se conocen otros mensajes de WhatsApp, donde el penalista admite -el 7 de abril de 2020- lo siguiente: “Conste que no soporto a estas alturas a SP”.