A las 18.00 horas, en la sala 1 de la Cámara en Santiago. Esas fueron las coordenadas de los comisionados de derecha durante la semana pasada para tener reuniones y discutir las enmiendas, las que fueron presentadas hace algunos días tanto por el oficialismo como por la oposición.

La idea, comentan en esa bancada, era que todos los expertos estuvieran al tanto del trabajo de las subcomisiones de las que no forman parte y así entrar al fondo de las principales discusiones de esas indicaciones.

En esas conversaciones los expertos opositores aprovecharon de definir su estrategia para las próximas semanas y, junto con eso, compartieron las primeras impresiones sobre cuáles son los puntos “intransables” o “líneas rojas” para enfrentar la discusión en particular de las enmiendas.

Así, en esos encuentros, uno de los primeros puntos que se expusieron fue que una de las líneas rojas es insistir en la estrategia de pedir que el oficialismo respete las normas acordadas en la fase anterior, y que fueron aprobadas de manera unánime por el pleno durante la discusión en general.

El tema, para varios comisionados, es una condición necesaria para continuar con el debate, ya que, dicen, es una garantía de que “la palabra empeñada vale”. Todo esto se ha conversado en privado, pero también en público, sobre todo en sesiones de la subcomisión encargada de regular los derechos sociales, que es el lugar donde se ha desarrollado este debate.

Fue ahí cuando el comisionado Teodoro Ribera (RN) emplazó a los expertos oficialistas a reconocer que si firman un acuerdo, esa palabra al menos debería tener alguna “responsabilidad moral, ética, jurídica o política”. La arremetida de la derecha se explica porque el oficialismo notificó que, en la discusión en particular, pretenden aprobar enmiendas que eliminen algunas normas que fueron aprobadas en general, tal como lo establece el reglamento del proceso constitucional.

El segundo punto considerado intransable es que la derecha no quiere “retroceder en ninguna libertad”. Ese principio general tiene diversas manifestaciones. Pasa por los derechos más clásicos que se regularon en la subcomisión de principios, pero también tiene alcances en temas más abstractos que para la oposición son clave, por ejemplo, el principio de servicialidad del Estado y la autonomía de las “agrupaciones sociales”.

Ambos temas son considerados como una de las bases del principio de subsidiariedad que existe actualmente de manera implícita en la Constitución vigente.

El asunto adquiere su punto más relevante en la provisión mixta de los derechos sociales. Aquí, la oposición pretende enfrentar el debate “con rudeza”.

El argumento del sector es que la prestación de los derechos sociales debe proteger la libertad de elección. Esto último, comentan los expertos de la derecha, implica que las personas puedan escoger al prestador, pero también -al menos para los casos de salud y seguridad social- al administrador de las cotizaciones obligatorias.

Por ejemplo, el comisionado Jaime Arancibia (Ind.-RN) ha dicho que si no se puede escoger al administrador de la cotización, la libertad posterior para elegir al prestador solo es “aparente”.

En esta materia, la pugna con el oficialismo podría volverse más compleja, ya que en salud el tema es parte de las normas aprobadas en general, sobre todo por el inciso que establece la libertad de elegir entre un régimen de salud privado y uno estatal.

Sin embargo, una cláusula de ese tipo no entró en seguridad social -en la fase de discusión en general-, y por eso, la oposición ingresó una enmienda sobre ese tema para garantizar la libertad de elección.

La indicación, firmada por expertos de ese sector de otras subcomisiones -Natalia González (Ind.-UDI), Marcela Peredo (Ind.-RN), Katherine Martorell (RN), Carlos Frontaura (Ind.-Republicano) y Máximo Pavez (UDI)- plantea que “el Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales y los fondos que generen, garantizando la propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad de los mismos”.

Otro asunto que defenderá la oposición apunta al sistema político. Los expertos de esta bancada están conformes con las normas visadas en general por el pleno, ya que, dicen, implica tener “una caja de herramientas” útil para enfrentar la fragmentación política y las deficiencias que tiene el régimen presidencialista. Sin embargo, reconocen que el capítulo es “cojo” si no va acompañado de una propuesta de nuevo sistema electoral.

En este tema, la oposición promueve un redistritaje para que los distritos dejen de repartir como máximo ocho escaños, y sea el Servel el encargado de diseñar el nuevo sistema con zonas que se puedan elegir como mínimo tres y como máximo cinco cupos parlamentarios.

Así, en la derecha la “línea roja” apunta a no ceder en las listas abiertas y defender la posibilidad de que los partidos armen pactos electorales. b