La noticia de los disparos al paso de la comitiva de la titular del Interior, Izkia Siches, sorprendió al ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, justo en medio de una reunión protocolar con el presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD).

El hecho reabrió inmediatamente en los pasillos del Congreso la discusión sobre extender el estado de excepción constitucional de emergencia en cuatro provincias de La Araucanía y el Biobío, disposición que rige hasta el 26 de marzo.

Uno de los que planteó el tema fue el diputado Leonardo Soto (PS), quien advirtió que “si se logra levantar un proyecto policial alternativo que le dé seguridad a la gente, yo estaría por evaluar la mantención transitoria de los militares en la Macrozona Sur”.

No obstante, la decisión del Ejecutivo fue no moverse de su postura inicial y no volver a prorrogar la medida, según remarcó Jackson.

En todo caso, el incidente que afectó a Izkia Siches no fue el único episodio de “disparos” que debió sortear este martes el gobierno. De hecho, el riesgo de que el fuego amigo comience a tensionar la agenda legislativa que desplegarán el ministro Jackson y la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, afloró en la primera ronda de reuniones que ambas autoridades desarrollaron en el Congreso.

Uno de los temas fue la presentación de una prórroga para el estado de excepción constitucional en el norte para afrontar la crisis migratoria, que aparentemente tenía un piso de apoyo político distinto a la medida que está rigiendo en La Araucanía y el Biobío.

Sin embargo, la solicitud presidencial, enviada con la firma del Presidente Gabriel Boric y que se dio cuenta este martes en la Sala de la Cámara, se convirtió en la primera acción oficial del Ejecutivo ante el Congreso.

Ese hecho generó incomodidad en la bancada del PC, del Frevs e independientes. Incluso algunos miembros de ese comité, que prefirieron el anonimato, declararon que derechamente había molestia por el símbolo que implicaba que la primera obra del gobierno de Boric esté relacionada con una facultad excepcional para las FF.AA.

Este tema se abordó en una extensa reunión, que se realizó en las oficinas de Apruebo Dignidad en el segundo piso la Cámara, a la que asistieron Jackson y la subsecretaria Lobos y un grupo numeroso de diputados del PC y el Frente Amplio.

“El reparo fundamental que teníamos es que el estado de excepción no ha solucionado los problemas en la Macrozona Norte. El flujo migratorio irregular se ha mantenido en el tiempo. La problemática de fondo no se ha solucionado. El gobierno debería presentar una batería de acciones concretas y no escudarse en un estado de excepción que no tiene asidero”, dijo el diputado PC y representante de Tarapacá, Matías Ramírez, al término del encuentro.

No obstante, desde el Frente Amplio defendieron la decisión del gobierno dada la urgencia y en atención, además, que la presencia de las FF.AA. en el norte no está en conflicto con una problemática de DD.HH. Al contrario, explicaron, el rol de los militares estaría ayudando a que no se profundice una crisis humanitaria.

“Es completamente legítimo el interés del gobierno de mejorar el control de la frontera. Lo cierto es que a nosotros nos preocupa que no se utilicen las FF.AA. para enfrentar a la ciudadanía y eso en el norte no está ocurriendo”, expresó el diputado RD Jorge Brito, miembro de la Comisión de Defensa.

Si bien en la reunión no se logró apaciguar completamente el malestar, el ministro Jackson y la subsecretaria Lobos se comprometieron a enviar antecedentes que justifiquen la prórroga, que se votará este miércoles, ya que el jueves 17 en la noche, se acaba el mandato para la presencia militar.

La jornada de Jackson y Lobos partió temprano. Tras arribar al Congreso, a las 9.30 de la mañana se reunieron con el presidente de la Cámara y el vicepresidente, Alexis Sepúlveda (PR).

Justo a esa misma hora en el primer piso de la Cámara, la diputada Pamela Jiles realizaba una conferencia de prensa para reiterar su voluntad de reimpulsar un nuevo retiro de ahorros previsionales, pese a la resistencia que hay en el gobierno de Boric, donde particularmente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es el principal opositor.

Aunque esa discusión pública fue opacada por el incidente de Siches, en la Comisión de Constitución se dio una señal sorpresiva a favor de esa iniciativa.

La nueva presidenta de la Comisión de Constitución, la diputada Karol Cariola, adelantó que su postura será permitir que todos los parlamentarios puedan promover sus temas para ser debatidos en la instancia. “Personalmente no tengo veto para ningún proyecto de ley”, dijo Cariola, al ser consultada por la prensa.

La señal también fue recibida satisfactoriamente por Jiles, quien fue la primera en acercarse a felicitar a Cariola, con un abrazo apretado, una vez que la diputada comunista asumió la titularidad de la comisión, donde precisamente está radicada la reforma por un nuevo giro de ahorros previsionales.

En tanto, tras el encuentro en la Cámara, Jackson y Lobos cruzaron hacia el Senado para sostener una reunión protocolar con el presidente de la corporación, Álvaro Elizalde (PS), y su vicepresidenta, Luz Ebensperger (UDI).

En las conversaciones, en las que también participaron el jefe de gabinete del ministro Segpres, Diego Vela (RD), y el encargado de las relaciones políticas con el Congreso, Nicolás Facuse (PS), Jackson le propuso a ambas mesas de las cámaras construir una agenda de temas de interés común.

Tras las tensiones que ha habido en especial con los senadores socialistas, la jugada del ministro también buscaba dar una muestra de apertura para que los parlamentarios también puedan tener espacio en la decisión de prioridades.

Incluso, la Segpres enviará un cuestionario online a los legisladores para que todos también puedan opinar sobre proyectos de interés.

Por su parte, Elizalde anunció que la Sala del Senado sesionará adicionalmente los días jueves solo para discutir en forma exclusiva iniciativas de origen parlamentario.