El jueves de la semana pasada, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), recibió a parlamentarios de las comisiones de Seguridad, Defensa y Constitución para presentarles los avances en el desarrollo de la Política Nacional de Seguridad Pública, documento que esperan presentar antes de la cuenta pública del 1 de junio.

El escrito, que tiene 27 páginas, se llama “Síntesis de la sistematización de las observaciones del CNSP, para asesorar al MISP en la construcción de la Política Nacional de Seguridad”, y no solo se le compartió a parlamentarios, sino que también a expertos en el tema como Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y al abogado Mauricio Duce.

Harboe precisamente fue quien se percató de las similitudes que tenía el documento con la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2006-2010″, que se elaboró en el primer periodo de Bachelet.

“Al parecer tomaron como base la ENSP que hicimos en el primer gobierno de Michelle Bachelet, ya que son los mismos ejes de acción. Es un instrumento que nos permitió bajar algo más de nueve puntos de victimización entre 2006 y 2010; por ello el primer gobierno de Sebastián Piñera elaboró un instrumento muy similar. Las políticas buenas se copian, con las actualizaciones necesarias, sin importar del lado que sean. Así que bienvenidos”, comenta el exdiputado.

Hay varias similitudes entre ambos documentos. Ambos ponen énfasis en el trabajo del Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior, encabezado por el ministerio de Tohá, y en el que participan varios organismos estatales y se proponen otros adicionales. Además, los ejes son casi idénticos.

Por un lado, el borrador actual -que fue presentado por el asesor legislativo Rafael Collado- cuenta con cinco ejes: prevención, control, persecución, sanción y reinserción; además de un trabajo con las víctimas que contempla la creación de la Defensoría. Mientras que la estrategia de Bachelet cuenta con seis bases: institucionalidad; información; prevención; control y sanción; rehabilitación y atención a víctimas.

De todas formas, Harboe cree que el documento actual tiene algunas falencias. “Creo que es un instrumento interesante que por lo menos pone una mirada y un norte hacia dónde deben funcionar las diferentes instituciones públicas en materia de seguridad. Me parece complejo confundir una política nacional con una estrategia, la primera fija principio y orientaciones generales y la segunda tiene un conjunto de instrumentos para materializar la política”, sostiene.

Y agrega: “Creo que este instrumento mezcla ambas, no obstante es bueno que exista, pero tiene un déficit fundamental, hasta el momento no tiene una meta pública medible y cuantificable ni una focalización en ciertos delitos o flagelos porque abarcarlo todo puede no ser posible”.

Mientras que en la oposición quienes accedieron al documento fueron más críticos. “La ministra del Interior, a través de su encargado, presentó el borrador de una propuesta de seguridad pública que a mí parecer no considera todos los elementos necesarios que garanticen la anhelada seguridad que hoy toda la población clama producto de los gravísimos y violentos crímenes que se están viendo, cuyo origen se puede encontrar en el ingreso de bandas de crimen organizado internacional que han importado delitos nunca antes vistos. Se consideran los de antes y no los que hoy estamos viviendo”, indica el senador Kenneth Pugh (RN), quien estuvo en la reunión.

Mientras que José Durana (UDI), también presente en el encuentro, coincide en los cuestionamientos. “Es un borrador. Quedamos que se nos va a hacer entrega de antecedentes para tener un análisis más detallado. Mi primer análisis es que es una idea de una política nacional de seguridad que no tiene una identidad regional”, dice.

Y agrega: “Las situaciones regionales tienen que estar contempladas según lo específico, porque son distintas las situaciones de seguridad en el norte, en el centro y en el sur. No trae una identidad regional y no vemos que están las demandas de la ciudadanía”.

En el oficialismo defendieron el trabajo del Ejecutivo. “Fue interesante conocer este avance, es una política con mirada de Estado que recoge la opinión de distintos organismos, la seguridad civil. Es importante darse cuenta de que la seguridad parte con una mirada sistémica si la queremos abordar desde un punto de vista integral. Al menos, desde ese punto de partida estamos teniendo un acuerdo importante”, aseguró la diputada Alejandra Placencia (PC) al salir de la reunión.