Las tensiones, negociaciones y gestos que marcaron una jornada histórica
Cerca de ocho horas duró la sesión inaugural de la convención mandatada para ofrecer una propuesta de nueva Constitución al país. En un inicio -cuando las manifestaciones en las afueras del exCongreso amenazaban con suspender la histórica ceremonia- en sectores de la centroizquierda se acordó poner en el debate la situación de los denominados "presos de la revuelta" para dar continuidad a la jornada. Así se hizo: apenas investidos Elisa Loncón y Jaime Bassa, como presidenta y vicepresidente de la instancia, anunciaron que el primer debate será sobre un eventual indulto para los detenidos en el contexto del estallido social.
“Esto puede poner todo el proceso en riesgo”. Esa frase repetían ayer varios constituyentes de la centroizquierda cuando pasadas las 11.00, la sesión inaugural de la Convención Constitucional fue suspendida en medio de la vehemencia y gritos de la integrante de la Lista del Pueblo, Elsa Labraña (D17).
“No puedes seguir con esto, simplemente para”, le dijo a la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, denunciando “represión” por parte de Carabineros a quienes se manifestaban en las inmediaciones de la sede del Congreso en Santiago, donde se aprestaban a inaugurar oficialmente el debut de la Convención Constitucional . “Tenemos heridos, tenemos reprimidos, tenemos nuestros familiares afuera que están siendo reprimidos por la policía”, gritaba la constituyente.
El momento fue uno de los más álgidos de la jornada y reflejó el clima de polarización con el que minutos antes se había comenzado la accidentada ceremonia: cuando los constituyentes de la derecha y algunos de la centroizquierda entonaban el himno nacional con la mano en el pecho, desde la izquierda interrumpían el acto para exigir la libertad a los detenidos en el marco del estallido social.
Una vez suspendida la ceremonia, mientras dirigentes de la Lista del Pueblo salían a las calles para constatar en terreno la denuncia y en algunos casos se enfrentaron directamente con Fuerzas Especiales -entre ellos Manuel Woldarsky, Rodrigo Rojas, Giovanna Grandón, María Rivera-, otros como los frenteamplistas Ignacio Achurra, Beatriz Sánchez y Constanza Shonhaut, Patricia Politzer (Independientes No Neutrales), Ricardo Montero (PS) y Marco Barraza (PC) tomaron un rol de mediadores y buscaron bajar la tensión.
Desde los jardines del Congreso y mientras revisaban en videos de redes sociales el actuar de Carabineros, varios constituyentes -más de diez- se contactaban directamente y por distintas vías con el ministro de la Segpres, Juan José Ossa y su par de Interior, Rodrigo Delgado. Y la solicitud era clara: si no se retiraban las Fuerzas Especiales del perímetro del Congreso la primera sesión de la Convención Constitucional fracasaría.
Para el gobierno, sin embargo, la petición era imposible de cumplir. Y así lo transmitió en los intercambios que sostuvieron los ministros con los constituyentes. A esas alturas, la sesión llevaba más de una hora suspendida y para varios convencionales la única alternativa era esperar que las cosas se calmaran. “No queda más que esperar”, repetían varios pasado el mediodía.
Desde Chile Vamos optaron por no salir a crispar más los ánimos. La propia Marcela Cubillos (UDI) le bajó el perfil a los incidentes, mientras que el resto -a excepción de Teresa Marinovic- se inclinaron por quedarse en la carpa esperando a que la sesión se retomara.
Pero la posibilidad de que el gobierno no accediera a la petición y el conflicto terminara escalando y haciendo fracasar la instalación de la convención era una posibilidad cierta y en el PS, el PC y el Frente Amplio lo sabían. Por lo mismo, según distintas fuentes, algunos de sus dirigentes sostuvieron una reunión clave con sus pares de la Lista del Pueblo para que volvieran al salón y pudieran proceder a aceptar su investidura.
Según las mismas fuentes, en ese intercambio se les garantizó que uno de los primeros temas que se plantearía como discusión en la Convención Constitucional sería la liberación de los presos del 18-O. Y así se cumplió al finalizar una frenética jornada, cuando la mesa planteó la necesidad de una amnistía general para los detenidos del estallido social.
Primeras señales: los apoyos cruzados para Loncón y Bassa
Otro hito que marcó la inauguración de la Convención Constitucional y las primeras negociaciones entre las distintas fuerzas políticas fue la elección de la testera, que finalmente liderarán la mapuche Elisa Loncón y el constitucionalista, Jaime Bassa (Frente Amplio).
Las dos votaciones que le dieron la presidencia a la carta del pueblo mapuche y las tres que le terminaron por entregar la vicepresidencia al jurista, dieron luces importantes de cómo se ordenarán las alianzas al interior de la Convención Constitucional.
Por un lado, en su mayoría, Vamos por Chile se mantuvo firme con sus propuestas (Harry Jurguensen y Pollyana Rivera) y terminó trasvasijando solo algunos votos para que se impusiera Bassa por sobre Rodrigo Rojas de la Lista del Pueblo, en la izquierda los gestos dejaron de manifiesto las primeras diferencias. La más llamativa: que el PC y el Frente Amplio -que postularon en la lista Apruebo Dignidad- se dividieron. En la presidencia, el PC optó por Isabel Godoy y algunos comunistas terminaron apoyando al candidato de la Lista del Pueblo, en vez del de sus socios, Jaime Bassa.
Asimismo, quedó de manifiesto la alianza entre los convencionales que están más al centro como Independientes No Neutrales y parte de la Lista del Apruebo -de la que se escindió el Colectivo Socialista (15)-, desde donde apoyaron inicialmente a Patricia Politzer para la presidencia.
Lo que viene
Anoche, al cierre de esta edición, convencionales de todos los sectores reconocían que el tema que marcará la segunda jornada de la instancia, que retomará sus labores desde las 15.00 de este lunes, será la declaración por la amnistía a los presos del estallido social.
“Tenemos nosotros situaciones de injusticia con las hermanas y hermanos que cayeron presos en la revuelta, tenemos prisioneros políticos en el Wallmapu, tenemos prisioneros políticos también por el tema de la revuelta. Me han pedido que instalemos una petición para amnistiar los procesos de las personas que son los prisioneros de la revuelta y del Wallmapu”, anunció Loncón.
La petición es compleja, dicen en sectores como Chile Vamos y la Lista del Apruebo porque podría terminar tensionando la primera tarea del órgano: la redacción de un reglamento que le permita funcionar. Y, además, porque podría abrir un debate en torno al alcance de las potestades que tiene la Convención Constitucional, algo que varios constituyentes -por ejemplo los agrupados en la Lista del Pueblo- han planteado redefinir.
El propio Bassa abordó ayer ese punto. “La constituyente no tiene competencias para tomar decisiones legislativas (...), las decisiones legislativas las toma el Congreso Nacional, pero el Congreso ejerce su poder en un contexto político que hoy día está marcado por la emergencia de un poder constituyente, y nosotros desde la convención vamos a empujar el proyecto de ley de indulto, para que efectivamente las personas que están privadas de libertad por razones políticas recuperen su libertad lo antes posible”, afirmó.
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