Latorre se cuadra con el gobierno: “El caso de Democracia Viva sí constituye un escenario de corrupción”

Los líos de platas por los cuestionados traspasos directos de dineros tuvieron un nuevo capítulo, luego que la Contraloría General de la República declarara ilegales convenios por $13 mil millones entre reparticiones públicas y fundaciones.

La acción del ente contralor fue dada a conocer el sábado por La Tercera, lo que derivó en que la oposición, y también el Partido Demócratas, volvieran a exigir la salida de algunos ministros, entre ellos el titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Desde el oficialismo también hubo respuesta, lo que se evidenció en duros cuestionamientos en contra del Ejecutivo, a pesar de que los convenios objetados por la Contraloría en su mayoría corresponden a gobiernos regionales, que son autónomos del poder central.

Ante esto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, endureció el tono en contra de las fundaciones cuestionadas, a lo que se sumaron su par de Interior, Carolina Tohá, y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

En el programa Mesa Central, de Canal 13, el secretario de Estado criticó a Democracia Viva -organización que desató la crisis-, y que fue fundada por la expareja de la diputada oficialista Catalina Pérez (RD, hoy suspendida) y otros militantes de ese mismo partido del Frente Amplio.

“Hay casos que derechamente tienen que ser calificados de corrupción. Democracia Viva es un caso”, dijo.

Este lunes, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se cuadró con el gobierno y se sumó a las palabras del ministro de Justicia.

“Lo hemos dicho, independiente de lo que se descubra, que haya delito o no haya delito, eso lo dirá el Ministerio Público, lo dirá la investigación que está llevando la Fiscalía, pero nos parece que el caso Democracia Viva sí constituye un escenario de corrupción, condenable, por cierto”, admitió Latorre.

“Y a nosotros como partido nos ha dolido mucho, nos ha golpeado mucho, y por eso también hemos tomado decisiones de manera consistente en poco tiempo, y con esto no quiero enrostrarle lo que han hecho otros partidos con casos de corrupción en sus filas, pero nosotros hemos expulsado a Andrade y a Contreras (el primero era el representante de Democracia Viva y el segundo el seremi de Vivienda de Antofagasta cuando se firmaron los convenios, ambos en ese momentos militantes de RD), tenemos suspendida a una diputada de la República (Catalina Pérez), muy relevante para el partido. El partido decidió querellarse, contratar una abogada penalista para perseguir hasta el final la investigación, colaborar, poner todos los antecedentes a favor de esa investigación y que caiga quien caiga”, recalcó sobre las acciones que ha tomado su tienda.

El senador también se refirió al “abuso” de personalidad jurídica de las fundaciones (concepto que se usa en el ámbito legal para definir una mala práctica) que acusó Cordero, también en Mesa Central.

En la entrevista, el ministro mencionó que están investigando a 18 fundaciones por este hecho: “La libertad, la modalidad de transferencia, generan incentivos inadecuados. Eso es abuso de personalidad jurídica”, apuntó.

Latorre manifestó a este respecto que “es el ministerio (de Justicia) el que va otorgando estas personalidades jurídicas de las fundaciones, y lo que hemos visto con algunas fundaciones, no con todas, es que ha habido una especie de abuso de esa personalidad jurídica, es decir, fundaciones que tienen un determinado fin, se inscriben con ese determinado fin, pero después terminan haciendo muchas cosas y eso podría ser un abuso de esa personalidad jurídica, y esas son cosas que hay que regular”.

De todas maneras, el presidente de RD recalcó que no hay que meter a todas las entidades en el mismo saco.

“Con esto es importante no enlodar a toda la sociedad civil, hay muchísimas fundaciones que tiene experiencia de trabajo, que llevan años trabajando en temas de pobreza, en campamentos, en cultura, en desarrollo social, que no por el caso de algunas fundaciones con poca experiencia, con casos de corrupción, o eventuales delitos, vamos a enlodar a un sector que mueve una verdadera industria en cuanto a recursos, voluntariado, profesionales, y que tiene convenio con el Estado y con distintos gobiernos, y por tanto tenemos que ser responsables de no enlodar a toda la sociedad civil”, dijo.