Ley Antonia: presidentes de la Cámara y Senado comprometen apoyo para agilizar trámite de proyecto para proteger derechos de víctimas de delitos sexuales

Los presidentes de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, y del Senado, Álvaro Elizalde, comprometieron este martes su apoyo para agilizar la tramitación de la llamada “Ley Antonia”, iniciativa impulsada por la familia de la joven que se quitó la vida en octubre de 2019 tras haber revelado a sus cercanos que fue víctima de violación a manos de Martín Pradenas.

Al revelarse su caso otras jóvenes denunciaron haber sido víctimas de ataques similares por parte del sujeto, que el sábado fue condenado como culpable de cinco delitos de abuso sexual y dos delitos de violación, arriesgando penas que suman más de 40 años de presidio.

El padre de la joven, Alejandro Barra, llegó este martes hasta la sede del Congreso para reunirse con Soto y Elizalde. Participaron también abogados de la familia, la diputada Mercedes Bulnes, el exconvencional constituyente Roberto Celedón y el exfiscal Carlos Gajardo.

Alejandro Barra abogó por un cambio en la sociedad para que se reconozca el valor de la denuncia en este tipo de casos y se reconozca como un “triunfo” de la víctima y “no la hundan”.

“Eso sucedió con mi hija. Eso sucedió con esta sociedad marcada por estas posturas machistas. Las mujeres se sentían culpables al ser víctimas de delitos. Cambiemos esta mirada. El tribunal resolvió así y todos tenemos que avanzar en esa dirección, tenemos que avanzar para cambiar”, sostuvo.

Algunos cambios que el Senado dispuso para el proyecto que busca proteger derechos de víctimas de delitos sexuales fueron rechazados por la Cámara de Diputados y se debe constituir una comisión mixta para resolver las discrepancias.

Raúl Soto señaló que adquirían un con la familia y el país ”un compromiso público, institucional del Congreso Nacional pleno, de la Cámara de Diputados y también del Senado de la República, de apoyo a la causa para sacar lo antes posible la esperada ley”.

El diputado PPD explicó que “en nombre de cada una de las mujeres víctimas de violencia sexual en nuestro país, hemos hecho este compromiso transversal para constituir rápidamente esta comisión mixta y trabajar en conjunto con la familia, con los abogados, con la sociedad civil, una propuesta que permita avanzar”.

El pasado 8 de marzo, por unanimidad el Senado respaldó el texto que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. El proyecto pasó entonces a ser analizado por la Cámara de Diputadas y Diputados, en tercer trámite constitucional. En abril la Cámara respaldó en parte las modificaciones del Senado, pero rechazó otras, que se resolverán en una comisión mixta.

El texto incluye una serie de modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a otras leyes, para un trato digno y resguardando la vida, la integridad física, y la indemnidad sexual de las víctimas. Durante la tramitación en el Senado se incluyó el aumento de penas si existe la inducción al suicidio.

Entre otras materias, el proyecto consagra un Estatuto de Garantías a favor de las víctimas de delitos sexuales en los procedimientos penales que involucra cambios en el Código Procesal Penal. Así, por ejemplo, se establece la no revictimización y la protección de los datos personales. Pero, además, el enfoque intersectorial y perspectiva de género, acceso y asistencia, junto con evitar cuestionamientos por la conducta anterior o vida privada de la víctima.

Asimismo, los jueces deberán impedir preguntas que “humillen, causen sufrimiento o lesionen la dignidad de la víctima”. Adicionalmente, se incorporan medidas de prisión preventiva en estupro, abuso sexual calificado, abuso sexual y trata de personas.

En el análisis en particular en la Comisión Especial de la Mujer e Igualdad de Género de la Cámara Alta, la iniciativa recibió una serie de indicaciones con el fin de perfeccionar y armonizar el texto legal.

Durante su tramitación se escucharon a diversos actores relacionados y se contó con la permanente participación del Ministerio de la Mujer y de la Fiscalía Nacional.

Entre los acuerdos alcanzados están una serie de derechos de las víctimas que incluyen el evitar la revictimización con la capacitación de personal con perspectiva de género. También se incorpora la anticipación de la prueba, con el fin de evitar la victimización secundaria.

En esta línea, se aprobó un nuevo inciso sobre una serie de derechos de las víctimas que buscan “robustecer” varias medidas y que acoge lo propuesto “por una vida libre de violencia”, entre otros, no revictimización, protección de datos personales, enfoque intersectorial y perspectiva de género, acceso y asistencia, además de evitar cualquier cuestionamiento por la conducta anterior o vida privada de la víctima.

Asimismo, los jueces deberán impedir preguntas que “humillen, causen sufrimiento, o lesionen la dignidad de la víctima”.

Otro de los puntos destacados fue el aumento la pena por “inducción” al suicidio de la víctima de delitos sexuales con resultado de muerte (Código Penal). Esto es, penas de cárcel que van de 3 años y 1 día a 5 años y de 5 años y 1 día a 10 años (presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo).

La Cámara de Diputados aprobó la mayor parte de las modificaciones propuestas, sin embargo, rechazó todo lo concerniente a la inducción al suicidio o suicidio femicida de víctimas de delitos sexuales. Ello, por estimar que esta figura debe regularse mejor.