“Ley de infraestructura crítica no resuelve el crimen organizado”: los reparos del Senado y de otros actores ante fórmula que explora Boric

El 24 de octubre del año pasado fue la última vez que la Comisión de Defensa del Senado se reunió para discutir el proyecto de ley del Ejecutivo que busca definir lugares y circunstancias en las que las FF.AA. podrían salir a resguardar infraestructura crítica.

Si bien el año pasado ya se había publicado una reforma constitucional que permitía al Presidente de la República disponer de militares para proteger recintos y áreas sensibles (por ejemplo, la medida ya se está aplicando en zonas fronterizas en el norte), había una disposición transitoria que obligaba al gobierno a presentar una iniciativa complementaria para precisar qué se entiende por infraestructura crítica y cuáles son las atribuciones del personal castrense desplegado. Este mensaje ingresó en agosto del año pasado.

El problema es que inmediatamente surgieron reparos de la Comisión de Defensa del Senado. En esta instancia, el único representante del oficialismo es el senador Pedro Araya (PPD), quien no participó de los primeros debates, por lo que las ministras del Interior, Carolina Tohá (PPD), y de Defensa, Maya Fernández (PS), debieron exponer sin que nadie las apoyara desde su sector.

La voz más crítica fue levantada por la senadora Yasna Provoste (DC), quien, a pesar de tener una visión política más cercana al oficialismo, expresó sus dudas por el financiamiento que implicaría un despliegue militar y también sinceró su preocupación de que esta iniciativa planteara en esquema de reglas de uso de la fuerza (RUF), en circunstancias que la Cámara de Diputados estaba tramitando un proyecto del Ejecutivo para regular ese mismo tema. Esa otra iniciativa ya proponía un protocolo de cómo debería actuar un uniformado cuando se vea obligado a usar su armamento para repeler eventuales ataques o evitar la comisión de un delito.

“Me parece compleja la forma de tramitar y que se consignen en este proyecto artículos que forman parte de otro proyecto, que se está discutiendo en paralelo. Puede generar inconsistencias”, dijo Provoste en la sesión del 22 de agosto de 2023.

Después de esa sesión, los reparos al proyecto solo se han ido acumulando. No solo dudas de índole técnico (por ejemplo, la cadena de mando), sino también desde el punto de vista político-ideológico.

Aunque los senadores del Frente Amplio y del PC no participan de la Comisión de Defensa, tras la decisión del Presidente Gabriel Boric de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) precisamente para discutir el eventual uso de esta norma en el combate de la delincuencia, la comisión política del Partido Comunista sinceró sus prevenciones.

“El Congreso tendrá la última palabra en el debate sobre el proyecto de infraestructura crítica. Expresamos nuestra legítima preocupación sobre el alcance del proyecto. Es esencial delimitar claramente las reglas del uso de la fuerza y prevenir cualquier riesgo de vulneración de derechos humanos. La seguridad no debe comprometer la integridad de la población ni conducir a un estado de excepción generalizado como busca imponer la derecha”, decía la declaración de la directiva del PC, trasluciendo los históricos temores que existen en esta tienda y en la izquierda, en general, por el rol represivo que tuvieron las FF.AA. durante la dictadura.

El problema de Boric es que la presión para destinar a militares a tareas de orden público y seguridad ha ido en aumento. A las constantes exigencias de parlamentarios de derecha, se han plegado legisladores y alcaldes del oficialismo, quienes temen de que exista un costo político en las elecciones municipales de octubre si el tema no se maneja bien. Por ello, una de las alternativas que ha explorado La Moneda es recurrir al mecanismo de protección de infraestructura crítica, agilizando su discusión legislativa, para calmar aquella demanda.

Paradojalmente, las prevenciones del PC tienen un eco inesperado en las propias FF.AA., donde han surgido dudas respecto de su capacidad para intervenir en zonas urbanas o altamente pobladas. En el mundo castrense es conocido su temor de no volver a revivir “el desfile de militares por tribunales” producto de violaciones a los derechos humanos del pasado. Y salvo emergencias por incendios o temporales, hasta el momento los despliegues militares de carácter permanente (en el norte por la crisis migratoria y en el sur, bajo un estado de excepción constitucional), se ejecutan principalmente en áreas rurales o desérticas.

El presidente de la Comisión de Defensa, el senador y vicealmirante en retiro, Kenneth Pugh (independiente RN), quien fue uno de los autores de la reforma constitucional que abrió la discusión sobre infraestructura crítica, ha dicho que esta iniciativa que el Ejecutivo quiere agilizar no sirve para combatir la delincuencia, el crimen organizado o el narcotráfico. De hecho, el 5 de septiembre pasado, advirtió en la comisión que es importante contar con un catálogo claro de qué es infraestructura crítica para “evitar que cualquier alcalde pida que cualquier lugar sea protegido” por militares.

“La ley de infraestructura crítica no resuelve el problema”, explicó Pugh a La Tercera, y añadió que la ley de infraestructura crítica está pensada para “proteger algo físico, que tiene un perímetro”.

“Por ejemplo, en el reactor nuclear en La Reina, a cargo de científicos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la protección la da el Ejército. (El recinto) tiene un perímetro y evita que alguien entre, porque los efectos que tendría el daño al reactor nuclear puede causar un daño mayor. También existe en los puertos. Incluso si ocurre un problema de orden público, es la autoridad marítima (la Armada a través de la Dirección General de Territorio Marítimo), la que lo resuelve. También los aeropuertos, donde está la seguridad aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil”, señaló el oficial en retiro de la Armada.

“Qué tienen en común todos estos recintos: tienen un perímetro donde opera el control militar y afuera opera Carabineros. Entonces, no se puede usar una ley, que no tuvo ninguna prioridad legislativa el año pasado. Seamos serios”, agregó el senador y magíster en ciencias navales con mención en estrategia.

A su juicio, “el proyecto de ley que ingresó el gobierno en agosto es “deficiente, que no tiene todos los elementos, por ejemplo, el perímetro que estoy explicando. ¡Y quieren usar este concepto para controlar barrios! Sería un error. No resuelve el problema del crimen organizado”.

“El crimen está organizado y el Estado está desorganizado. Ellos están actuando con velocidad, tienen dinero, amenazan, y el Estado no es capaz de hacer una respuesta eficaz”, complementó el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, quien cree que la prioridad debe ser el perfeccionamiento del Sistema de Inteligencia y luego avanzar en las reformas sobre reglas de uso de la fuerza y la modernización de instituciones como el Cosena y el Ministerio de Seguridad.

Actualmente la ley de infraestructura crítica tiene suma urgencia, pero aún están pendientes las indicaciones a las que se comprometió el Ejecutivo para corregir dudas que han surgido en la comisión.