Ley de usurpaciones: oposición anticipa que rechazará el veto presidencial y que el hito marca el inicio de un nuevo trato con gobierno en materia de seguridad

Un duro golpe al trabajo que desarrolla el gobierno y la oposición para sacar adelante la agenda de seguridad podría generar el veto que ingresó el Presidente Gabriel Boric el viernes al Senado para modificar la ley que endurece las penas contra las usurpaciones de propiedades y que había sido despachada del Congreso el 30 de agosto.

Aunque el objetivo de La Moneda era evitar la posibilidad de instaurar un “autotutelaje” o la “justicia por mano propia”, en la derecha acusaron que las correcciones incluidas en el veto presidencial harían casi imposible que el delito de usurpación sea castigado con cárcel, lo que encendió los ánimos en ese sector.

El senador de Evópoli Felipe Kast dijo ayer que la actitud del gobierno le “genera desconfianzas” y que esto representa un punto de quiebre en las relaciones con el Ejecutivo.

“Veníamos trabajando en varios proyectos de ley y claramente yo, por lo menos, de aquí en adelante, después de lo que ha hecho el gobierno, no tengo ningún ánimo de sentarme con ellos en materia de seguridad, porque ya no les creo que les importa la seguridad. Tan simple como eso”, sentenció.

“Se acabaron las coordinaciones y reuniones de trabajo con el gobierno, porque lo que acaban de hacer es simplemente pasar por encima de un poder autónomo. Ahora vamos a actuar en Congreso con autonomía desde la Comisión de Seguridad”, agregó el parlamentario de Evópoli.

Por su parte, el senador y presidente electo de RN, Rodrigo Galilea, dijo: “Creemos que esto es un paso en falso del gobierno ante una agenda de seguridad que nosotros entendíamos que íbamos a lograr sacarla de común acuerdo. Por eso, en Chile Vamos nos empiezan a bajar las legítimas dudas de cuánto compromiso existe respecto de cerrar todas las llaves a las conductas indeseadas que afectan la seguridad de los chilenos”.

El diputado Jorge Guzmán, subjefe de bancada de Evópoli, agregó que resulta una contradicción el veto del Ejecutivo y que lo considera “grave”. “Le da en el gusto al Partido Comunista, pero afecta las relaciones con quienes incluso, desde el oficialismo, habían exigido penas más graves a quienes usurpan”, apuntó.

Aunque en la derecha salieron a rechazar en bloque el contenido del veto presentado por el gobierno, en ese sector existe conciencia de la dificultad de hacerlo caer: para reponer el texto original aprobado por el Parlamento, deben alcanzar un exigente quórum de 2/3.

Es por esto que ayer se evaluaba en la derecha la posibilidad de recurrir a un mecanismo legislativo -la atribución del presidente del Senado, el UDI Juan Antonio Coloma, de recalificar el veto- que eventualmente acotaría el número de votos requeridos.

“El veto se ingresó el viernes y estamos terminando de revisarlo”, dijo ayer el presidente de la UDI, Javier Macaya, al ser consultado por esa vía para salvar el proyecto original.

“Es una posibilidad, la estamos revisando con algunos abogados”, agregó.

Aunque en el mismo instante en que la ley de usurpaciones fue despachada desde el Congreso el gobierno anunció que ingresaría un veto para corregirla, su contenido -advirtieron en la oposición- los tomó por sorpresa, pues, a su juicio, va mucho más allá que las aprensiones frente a la autotutela que la norma establecería.

En este sentido, desde la derecha advierten que con las modificaciones que impulsa el Ejecutivo y la distinción que ha hecho de tomas sin y con violencia, la posibilidad de que se castiguen las usurpaciones con penas de cárcel serán prácticamente nulas y representan un gesto a sectores radicales como el Partido Comunista.

“El gobierno fue mucho más allá incluso de eliminar la idea de la legítima defensa, y terminó vetando el marco rígido, como es el tema de la cárcel para la usurpación. O sea, le bajó el nivel de efectividad y de potencia al proyecto muy fuerte. Optaron por pasar máquina, y fueron más lejos que lo que habían criticado originalmente del proyecto”, declaró un senador de derecha en reserva.

El otro punto que molesta en la oposición es uno semántico. Dicen que las enmiendas instalarían, según su lectura, una mirada errada del fenómeno de las usurpaciones al establecer que hay usurpaciones violentas y otras que no lo son.

“El gobierno establece un tipo de usurpación que ellos llaman residual. En el fondo, es aquella que no tiene violencia ni en las personas ni en las cosas. Pero hay un punto que queremos marcar que nos parece trascendental: no hay usurpaciones no violentas. Aunque no se aplique violencia material sobre una persona o cosa, la usurpación en sí ya es un acto violento”, dijo el senador Galilea.

Uno de los argumentos de la oposicón para justificar su postura es que las tomas hoy en día ya no son ejecutadas solo por personas que buscan tener una solución habitacional, sino que hay negocios detrás del fenómeno.

“Es evidente que ya no hay tan solo tomas urbanas, sino que esto se está pasando a lugares en la periferia. Y está demostrado que son bandas organizadas que utilizan las tomas como un negocio, y que se valen de la necesidad de otras personas para hacer estas usurpaciones. Creemos que el gobierno no está resolviendo bien ese punto, y eso nos hace marcar una diferencia grande con el veto ingresado”, enfatizó Galilea.