Ley humanitaria: las “heridas” y “dilemas” que se reabren con la reactivación del proyecto en el Congreso

La decisión del gobierno de apurar la tramitación del proyecto de ley humanitaria -que hasta hoy se encontraba con discusión inmediata en el Senado- ha vuelto a poner luz sobre un debate que ha tensionado históricamente a la derecha y la izquierda: ¿Es posible que condenados por delitos de lesa humanidad puedan acceder a algún tipo de beneficio penal?

Esa es la pregunta que se reinstaló con fuerza en el mundo político luego de que, además, parlamentarios oficialistas decidieran impugnar ante el Tribunal Constitucional el proyecto de indulto conmutativo que busca sustituir penas a población de riesgo ante el avance del Covid-19 en las cárceles, por excluir a los condenados por delitos graves como lo son aquellos contra los derechos humanos, el que fue desestimado anoche por el organismo.

Y fue precisamente para descomprimir la tensión con su propio sector que La Moneda decidió ponerle urgencia a la ley humanitaria, proyecto que formó parte del programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera y fue ingresado en diciembre de 2018 al Congreso, sin registrar avances significativos hasta ahora.

La normativa -que no excluye a los condenados por delitos de lesa humanidad- busca conceder conmutación de pena a condenados que padezcan enfermedades terminales; aquellos que padezcan un menoscabo físico grave e irreparable que les provoque una “dependencia severa” o aquellos que tengan más de 75 años y hayan cumplido la mitad de la pena o 20 años en caso de presidio perpetuo y 40 en caso de presidio perpetuo calificado.

En la mayor parte de la oposición ya han advertido que el proyecto no tendrá el respaldo suficiente para aprobarse en la sala de la Cámara Alta e, incluso, varios legisladores de la centroizquierda se niegan siquiera a dar el debate y estarían por rechazar la idea de legislar la iniciativa. Es ante ese escenario, de hecho, que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció esta mañana que el Ejecutivo decidió modificar la urgencia de inmediata a suma, para dar un mayor espacio a la discusión y no forzar ellos mismo una derrota.

Pero más allá de los cálculos políticos, en la centroizquierda reconocen que este es un tema “sensible” para la mayoría de los partidos que tienen entre sus filas a sobrevivientes de las violaciones a los DD.HH. cometidas por la dictadura y, por lo mismo, reabre “heridas” en el sector.

Y así se reflejó ayer en el debate que dio la Comisión de DD.HH. del Senado cuando Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PAIS) rechazaron la idea de legislar la iniciativa advirtiendo que si bien compartían el fundamento “humanitario” del proyecto no podían respaldarlo pues “abría una puerta” a la impunidad.

“Es lamentable que permanentemente, con la herida que tiene Chile y que luego de 30 años no hemos logrado cerrar, estemos volviendo a este tema. Este debate no debería existir. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se conmute la pena a personas en las condiciones que establece la ley, pero la voy a rechazar porque abre la puerta nuevamente a personas condenadas por delitos de lesa humanidad puedan quedar en libertad (...) eso genera un ruido en los procesos de justicia, que han sido bastante escasos”, sostuvo la también presidenta de la Cámara Alta.

Y agregó: “El bien morir es un derecho humano esencial, pero lo es para todos y cuando recordamos la forma en que compañeros, amigos, familiares, murieron...lo que hemos hecho estos años de transición a la democracia es establecer un ordenamiento jurídico que asegure justicia y no venganza”.

Para Navarro aún “hay una herida abierta en la memoria de Chile. Cuando sabemos que hubo torturados, hechos desaparecer, arrojados en helicópteros al mar (...) uno dice lo que aquí ocurrió debe tener un nunca más, pero esa herida sigue abierta en miles de chilenos que no han encontrado justicia y que están dispuestos a perdonar pero cuando digan la verdad y esa verdad todavía no la conocemos”.

El legislador aseguró que “estaría disponible” para avanzar sobre esta materia siempre y cuando los condenados por delitos contra los DD.HH. colaboraran de forma efectiva en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. “Lo que no ha ocurrido”, sostuvo.

Latorre, en tanto, advirtió que “este proyecto genera claramente división en el país. Si se dejara fuera a personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, yo lo apruebo feliz de la vida y lo haría porque se estaría beneficiando a un grupo reducido de personas, de adultos mayores con enfermedades terminales para que pudieran terminar sus últimos días en su casa, con su familia, con lo que no tengo ningún problema. Al contrario, votaría a favor. Pero este proyecto genera una herida, porque hay una herida abierta en nuestro país”.

El mismo tono tuvo la discusión de la iniciativa hoy en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde luego de que el gobierno retirara la discusión inmediata la iniciativa no fue sometida a votación.

Desde la Democracia Cristiana, la mayoría de los senadores está por no respaldar la iniciativa. En ese comité aseguran que, más allá de si dan el espacio para el debate en particular, no se entiende por qué el propio Mandatario no hace uso de su facultad para revisar casos específicos en vez de legislar al respecto. “El gobierno busca responsabilizar no solo al Ejecutivo, sino también al Congreso y a tribunales”, dijo el senador Francisco Huenchumilla (DC), aludiendo a que el gobierno busca traspasar su propia responsabilidad en esta materia.

En el PS, en tanto, el presidente del partido, Álvaro Elizalde, aseguró que “los socialistas no apoyaremos iniciativas que implique impunidad en derechos humanos”.

Ante los argumentos de la oposición, en la derecha han sostenido el mismo discurso que otras veces han levantado respecto de este dilema. “Quienes no apoyan este proyecto: confunden la humanidad y la justicia con venganza”, sostuvo el senador Iván Moreira (UDI), a la vez que acusó a sus pares de la centroizquierda de “tener un doble estándar” en materia de DD.HH.

Con todo, en el gobierno aseguran que lo fundamental para ellos es que se dé este debate y no se cierre la puerta a discutir un tema considerado para ellos como “ético” y “humanitario”. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, de hecho, destacó ante la corporación que incluso el Estatuto de Roma, tratado suscrito por Chile, no excluye a los condenados por delitos de lesa humanidad o contra los DD.HH. de la posibilidad de acceder a este tipo de beneficios siempre y cuando hayan colaborado de forma sustancial con la justicia y hayan cumplido un tiempo razonable -bajo el criterio de la proporcionalidad- de su pena efectiva.

La iniciativa del Ejecutivo, en todo caso, no plantea ese tipo de exigencia a los potenciales beneficiarios, más allá de algunos informes técnicos emitidos por Gendarmería y el Servicio Médico Legal que deberán presentar quienes solicitaran a los tribunales la revisión de sus casos, ya sea para acreditar el estado de salud de los reos o dar cuenta de los factores de riesgo de reincidencia del solicitante.

Lo que es claro es que el debate está lejos de darse por cerrado, sobre todo, cuando el Presidente Piñera revisa la posibilidad de indultar por razones humanitarias a quienes cumplen condena en Punta Peuco.