Con la presencia de familiares y víctimas de represión durante el estallido social, por un lado, y deudos de carabineros asesinados en actos de servicio, en otro sector de las tribunas, comenzó cerca de las 16 horas la sesión del Senado que tenía como fin votar hasta total despacho la llamada ley Nain-Retamal.

A esas alturas, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) sostenía un encuentro con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast (Evópoli), tratando de buscar un acercamiento, en vista de que la oposición, junto algunos senadores del oficialistas, ya tenía los votos suficientes para aprobar la iniciativa.

En esos instantes, el panorama legislativo era oscuro para el gobierno, luego de que la mencionada comisión de la Cámara Alta despachara el articulado de la ley Naín-Retamal, endureciendo incluso algunas disposiciones que había aprobado la Cámara, la semana pasada.

Esta iniciativa -que eleva penas a quienes atenten contra policías y establece un estatuto de protección a funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería- complicaba particularmente al Ejecutivo, ya que es un tema que dividía a la alianza gubernamental.

Sin embargo, tras siete horas de negociaciones, que se dieron en forma paralela al funcionamiento de la Sala, finalmente el gobierno y la oposición lograron un acuerdo en el punto más controversial: el artículo que establecía una legítima defensa privilegiada a policías, gendarmes y también miembros de las FF.AA.

“Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en los números 4, 5 y 6 en este artículo (legítima defensa), respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando estas realizaren funciones de orden público y seguridad pública interior. En dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa”, dice el primer inciso del texto acordado.

Adicionalmente, el gobierno pidió añadir un segundo párrafo con una redacción casi idéntica cuando los funcionarios actúen “ante agresiones contra las personas. De afectarse exclusivamente bienes, procederá la aplicación del número 10 del presente artículo (cumplimiento de un deber)”.

El acuerdo además estipulaba que “esta norma se utilizará con preferencia a lo establecido en el artículo 410 del Código de Justicia Militar” e instruía a los tribunales a “considerar” las respectivas “atenuantes de la responsabilidad y rebajar la pena” cuando no hubiera un uso racional de la fuerza, “salvo que concurra dolo”.

El artículo, que reemplazaba y atenuaba la redacción que había aprobado la Cámara, fue aprobado por 42 votos a favor (desde el PC al Partido Republicano) y tres abstenciones (la independiente Fabiola Campillai, el UDI José Miguel Durana y la comunista Claudia Pascual).

Sin embargo, la nueva disposición tenía tres importantes concesiones de parte del Ejecutivo. En primer lugar, La Moneda abandonaba su cruzada de radicar en el Código de Justicia Militar el nuevo estatuto de legítima defensa y accedía a incluir ese principio a favor de agentes de Estado dentro del Código Penal. El hecho implicaba un cambio radical de estrategia.

En segundo lugar, se ampliaba la aplicación del nuevo estatuto a las FF.AA. Y en tercer término, La Moneda aceptaba incluir un fraseo exigido por la derecha para introducir el artículo: “se presumirá legalmente...”. Según el análisis de las bancadas de oposición, ello daba mayor certeza y menos espacio a interpretación de los tribunales.

Ya con el acuerdo resuelto, minutos antes de la medianoche, el Senado aprobó en general la iniciativa con 40 votos a favor y cinco en contra (Campillai, Pascual, Esteban Velásquez, Daniel Núñez y Juan Ignacio Latorre) y terminó de despacharla a las 1:53 de la madrugada. Sin embargo, dado que fueron incorporadas algunas modificaciones, la iniciativa debe ser revisada por la Cámara, posiblemente este mismo miércoles.

Hasta el lunes en la noche, el nudo principal de las tratativas entre gobierno y oposición era la diferencia sobre dónde alojar este nuevo estatuto.

Mientras la oposición abogaba por instalar este punto en el Código Penal (en vista de los problemas procesales que enfrentan a veces los policías), la postura del gobierno -ideada por el ministro de Justicia, Luis Cordero- era radicar este tema en el Código de Justicia Militar, donde ya existe el principio de la legítima defensa para casos extremos.

De hecho, ese fue el motivo que esgrimió Tohá, junto a Cordero y la ministra (s) Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, para retirarse la tarde del lunes de la Comisión de Seguridad del Senado, luego de que esta instancia rechazara esa propuesta de La Moneda.

Cordero fue uno de los más inflexibles en aquella oportunidad.

La decisión de marginarse fue cuestionada por la derecha y también por sectores oficialistas. De partida, no es usual que un ministro abandone la mitad de una discusión ante un revés legislativo.

Al día siguiente, con los ánimos más calmados, el gobierno optó por retomar los contactos. Primero fue la ministra (s) Lobos quien se reunió con Kast en la mañana, antes de que Tohá comenzara a negociar con el senador de Evópoli.

A esas conversaciones entre Tohá y Kast, realizadas en un cuarto aledaño al hemiciclo del Senado, también se sumaron los senadores Manuel José Ossandón (RN), Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI), entre otros. Por el gobierno también estaban Cordero y Lobos. Las ministras Camila Vallejo (PC) y Antonia Orellana (CS) igualmente se hicieron presentes en el Senado.

La derecha, por su parte, también hizo algunas concesiones. Además, de atenuar la redacción y limpiarla de algunas referencias muy específicas (por ejemplo, los ataques con elementos incendiarios), se eliminó la causal de legítima defensa frente a ataques sin armas de dos o más personas y se redujo el campo de actuación cuando el funcionario deba impedir un delito que no ponga en riesgo la integridad ni la vida de las personas.

Además, la oposición hizo otras concesiones para eliminar “excesos” que se aprobaron en la Comisión de Seguridad del Senado. Por ejemplo, un artículo que eximía de responsabilidad a los mandos policiales o militares de apremios ilegítimos protagonizados por subalternos. El punto fue alertado incluso por los propios diputados de RN que le pidieron a sus senadores no apoyar esa indicación.

Si el gobierno no cerraba un acuerdo anoche, su margen legislativo también se acortaba. A esas alturas, las alternativas que quedaban era forzar la discusión en una comisión mixta (en que probablemente el oficialismo quedaría en minoría), presentar un veto presidencial o recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar el proyecto.

La ausencia del gobierno en la sesión de la tarde del lunes de la comisión de Seguridad agudizó el panorama adverso para La Moneda.

Sin los ministros presentes para objetar algunas disposiciones, las votaciones terminaron al final con acuerdos por unanimidad (5-0). Esa situación llevó a varios legisladores a considerar que la estrategia con la que Tohá ha enfrentado la ley Naín-Retamal terminó de hacer crisis la noche de lunes.

A ello se sumaban decisiones zigzagueantes que adoptó el gobierno en los últimos días. Primero el Ejecutivo era partidario de abordar la problemática sobre el uso de armas en una reforma propia de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), luego Tohá planteó que apostarían a una indicación en la ley Retamal. Sin embargo, luego de que la derecha -en una jugada reglamentaria- fundiera las leyes Naín y Retamal en un solo texto, la misma ministra del Interior llamó a aprobar el proyecto con el fin de mejorarlo en el Senado. En vista del fracaso de la estrategia, Tohá anunció que volverían al plan original de una reforma sobre Reglas de Uso de la Fuerza.

Además, la decisión de marginarse de la comisión sólo profundizó el déficit de relaciones que ha tenido la ministra con la oposición. De hecho, en su momento, la derecha también se restó de la Mesa de Seguridad que impulsaba Tohá luego de que el Presidente concediera indultos a un grupo de condenados por delitos vinculados al estallido social.

La titular del Interior, además, se ha caracterizado por tener un trato severo con algunos legisladores oficialistas y de oposición, con quienes ha tenido desencuentros personales. Y la ausencia por enfermedad de la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte (PS) también ha jugado en contra del gobierno.

Con todas estas variables, el jefe de bancada PPD-Independientes, Cristián Tapia, comentó que ve a “la ministra Tohá está sometida a una tremenda presión de todos lados... pero también creo que ha habido declaraciones que no han sido afortunadas”.

El diputado Jaime Araya (independiente-PPD) señaló que “la ministra Tohá ha tenido la dificultad de que convive con dos visiones contrapuestas (en el oficialismo)”. “Ha habido voluntad de diálogo (del gobierno), pero creo que en esta cosa puntual, que es la legítima defensa, sí ha habido cierta rigidez”.

La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) se mostró crítica de que la jefa de Interior haya llamado a apoyar la iniciativa Naín-Retamal en la Cámara con el fin de perfeccionarla en el Senado. “Fue un error estratégico del Ejecutivo”.

El senador Gastón Saavedra (PS), en tanto, comentó que “eché de menos” la posibilidad de tener un espacio de diálogo. Si bien cuestionó la conducción de la comisión del senador Kast, “el gobierno no debió haberse retirado”.