Ley Nain-Retamal: Tohá dice que Ejecutivo es partidario de establecer un tipo de presunción de inocencia por actuar policial

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, intervino la tarde de este miércoles en la sesión de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, que preside el senador Felipe Kast, abordando la inquietud que se ha expresado desde la policía uniformada por los procesos penales que han enfrentado funcionarios que hacen uso de su arma de servicio en cumplimiento de su deber.

“Nos parece atendible la preocupación, entendemos que es parte de lo que a Carabineros también le preocupa, y hay que resolverla en su propio mérito, pero no sobre la base de barrer la validez de todas las normas que regulan el comportamiento de las policías”, recalcó la titular de Interior.

La comisión analizó el proyecto que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería aprobado ayer por la Cámara de Diputados y conocido como ley Nain-Retamal, en homenaje a dos funcionarios de la policía uniformada asesinados: Eugenio Nain y Carlos Retamal. La norma además entrega protección jurídica a las policías para usar su armamento en procedimientos bajo la figura de la “legítima defensa privilegiada”.

“No hay casos de policías que uno diga lo condenaron y era en realidad inocente. Hemos tenido en el pasado, años atrás sí, hace un buen tiempo, casos contrarios de procedimientos policiales que la justicia chilena no los consideró irregulares y posteriormente tuvimos reproches en organismos internacionales y tuvimos que retrotraer esas situaciones. Lo que tenemos, en cambio, y donde hay muchas dificultades y que el proyecto lamentablemente en su versión original no aborda es que en el transcurso de la investigación, las personas acusadas, policías acusados o que intervinieron, hicieron uso de la fuerza, enfrentan un tratamiento, primero por parte de los tribunales y segundo de la propia institución, que los pone en una situación de gran desmedro”, advirtió Tohá, explicando que muchas veces esos funcionarios son suspendidos o dados de baja mientras se desarrollan los procesos.

“Entonces ¿Qué significa eso en la práctica? Que un carabinero, un policía o una policía que se ve enfrentada al uso de su arma, al momento que decide usarla sabe que por el solo hecho que la usó ya se metió en un lío, aunque esté cumpliendo un deber, que al día siguiente va a salir en los diarios como imputado de un delito por haber cumplido su deber”, planteó.

Según indicó Tohá, la propuesta que hace el Ejecutivo es que en una primera etapa procesal el funcionario involucrado en hechos de este tipo sea considerado víctima o testigo.

“Ese problema no está suficientemente abordado en la Ley Retamal y el esfuerzo principal del Ejecutivo está en resolver esa parte del problema poniendo algunas orientaciones para que el tratamiento de la persona no sea de imputados salvo que la investigación muestre que claramente hubo algún tipo de procedimiento inadecuado”, sostuvo.

Además, dijo, la propuesta del gobierno apunta a que la institución no pueda suspender o sancionar económicamente al funcionario “hasta que no haya, en el proceso administrativo o en el proceso judicial, indicios ya sustantivos de que tiene una participación punible y no por principio como muchas veces sucede”.

La ministra insistió en que “para hacer una norma de este tipo es mucho más coherente hacerla en un espacio donde se regulan de manera específico los procedimientos policiales como es el Código de Justicia Militar, no en el Código Penal”.

Por otro lado, a modo de reflexión general, Tohá se refirió a la celeridad con que se está abordando la propuesta tras homicidio de la suboficial mayor de Carabineros (ascendida en forma póstuma desde el grado de sargento segunda) Rita Olivares, asesinada a tiros durante un operativo en Quilpué por el robo a un domicilio el fin de semana pasado.

“Esta manera en que estamos legislando a partir de una situación trágica como fue la muerte de la sargento Retamal (Olivares), en el caso de la Cámara acelerando la tramitación de un proyecto que estaba largamente discutido, pero en el caso del Senado, un proyecto que todavía recién se está conociendo tiene muchos riesgos”, afirmó.

“Por la vía de legislar en esta materia podemos generar también condiciones que faciliten o dejen la cancha despejada para procedimientos policiales que sean muy laxos el día de mañana”, acotó.

“La actuación policial tiene detrás suyo al Estado, tiene detrás suyo a la institución. Un ciudadano no tiene detrás suyo a nadie, entonces un ciudadano se puede ver enfrentado a una presunción legal general en que tenga que demostrar ella que hubo un procedimiento inadecuado policial”, señaló.

“Se va a presumir que estuvo bien hecho el procedimiento. Eso nos parece que así de genérico es complejo”, expresó.

Asimismo, la secretaria de estado argumentó en contra de utilizar la “legítima defensa privilegiada” que se aplica a civiles presumiendo su inocencia.

“No nos parece como técnica legislativa correcto, el procedimiento policial tiene muchas más características, es más específico, es más técnico está regulado en otra parte que es el Código de Justicia Militar, entonces nos parece que ese es el lugar, pero además nos parece que si uno va a establecer una presunción legal, es decir va a asumir a priori que se actuó correctamente, con lo cual va a dejar al otro lado, que es una persona, un ciudadano, con el Estado presumiendo a priori que no hay responsabilidad por las lesiones que haya tenido, nos parece que eso debiera ser acotado en que los policías actúan en su legítima defensa personal y no a cualquier procedimiento como está previsto hoy día en este proyecto en la moción parlamentaria que es extremadamente amplio”, esgrimió.

“Somos partidarios de establecer un tipo de presunción, pero un tipo de presunción en el código específico que regula estas materias y además concentrado en estos casos en que hay amenazas a la integridad o la vida del funcionario o funcionaria”, remarcó la autoridad de gobierno.

El Senado acordó postergar la votación de ley Nain-Retamal para el martes y el Ejecutivo ingresará indicaciones al proyecto. La decisión fue ratificada por la mayoría de las bancadas, salvo la del Partido Republicano, con el fin de escuchar a expertos en la materia y recoger las indicaciones de los propios senadores y el gobierno.