“El caiga quien caiga se va a hacer presente, vamos a hacer una investigación acuciosa y seria”, señaló ayer el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), al anunciar que, en las pesquisas para detectar el uso irregular de licencias médicas de funcionarios y trabajadores de la corporación, también indagarán a los propios diputados.

Si bien Castro señaló que no hasta ahora no hay confirmado ningún caso de legislador, los jefes de comités, reunidos ayer en la mañana, acordaron dar una señal de transparencia y de trato parejo entre empleados y autoridades.

El mismo presidente de la Cámara había dado un anticipo en ese sentido el martes pasado, tras reunirse con el titular del Senado, Manuel José Ossandón (RN). “(Vamos a indagar los casos de) todos quienes reciben una especie de sueldo del Congreso”, dijo el martes Castro, deslizando que las eventuales pesquisas no solo abarcarían al personal de la Cámara.

En la reunión de comités de este miércoles (en la que participaron representantes de todas las fuerzas políticas), Castro propuso hacer una investigación amplia cruzando los datos de licencias (que ya obran en poder de la secretaría de la institución) y de salidas fuera del país (información que tendría que ser requerida a la Policía de Investigaciones).

Esta investigación incluirá a los funcionarios de planta, a contrata, a trabajadores contratados por Código del Trabajo y a los mismos diputados.

Si bien los legisladores están obligados a dar cuenta de sus viajes al exterior -incluso arriesgan la pérdida del cargo si salen más de 30 días sin permiso de la sala- hay ciertas sospechas debido explosivo aumento de licencias, certificados y documentos médicos que se presentan en enero, en marzo y en diciembre, en torno al receso de vacaciones (febrero) y a las fiestas de fin de año.

Por ejemplo, hay diputadas y diputados que han presentado licencias médicas que culminan justo antes o después de un viaje al exterior declarado.

Estas pesquisas se suman a los sumarios que ya inició el Senado, que involucran a 14 funcionarios y asesores, y al procedimiento disciplinario que está desarrollando la Biblioteca del Congreso, donde solo se ha detectado un caso.

Procedimientos distintos

Si se llegan a detectar irregularidades en la Cámara, la decisión de los comités es mantener en reserva la identidad solo de los empleados, que estarán sometidos a un sumario a cargo de un fiscal interno. Este será el responsable de pedir la información a la PDI.

En el caso de los diputados, el tratamiento será distinto. Si bien no pueden ser sometidos a sumarios, la idea es actuar con mayor severidad y exponer públicamente, con plena transparencia, a los involucrados y sus eventuales faltas. El secretario de la Cámara, Miguel Landeros, será el encargado de pedir las salidas al exterior de los legisladores a la policía.

Los diputados tienen además otras condiciones especiales, que obligan a un tratamiento distinto. En teoría, los legisladores, aun cuando presenten licencias médicas, no están sometidos a los descuentos por ausencia ni cobran los reembolsos. De hecho, algunos parlamentarios también presentan certificados médicos o bien otros documentos (como exámenes, consultas, atenciones de urgencia) para justificar su ausencia.

Si los diputados no justifican reglamentariamente sus inasistencias (por “impedimento grave” o “licencia”) se les aplica una multa del orden de 70 mil pesos.

“Los parlamentarios no están sujetos al sistema general de la administración del Estado, sino que tienen un estatus constitucional diferente, porque se trata de personas que, cuando hacen sus imposiciones, lo hacen de forma voluntaria. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a investigar tiene que ver con el cumplimiento del artículo 8 de la Constitución sobre el cumplimiento irrestricto de la probidad pública. En ese sentido, se le ha encargado a la Secretaría General verificar y recopilar los antecedentes de las salidas del país de los diputados y diputadas cuando se encontraren con licencia médica y ver cómo ha sido la tramitación de dichas licencias”, explicó Miguel Landeros.

Si el reporte de la PDI revela que un legislador salió fuera del país sin avisar a la corporación, su caso sería derivado al Tribunal Constitucional para decidir respecto de la cesación de su cargo.

El secretario de la Cámara explicó que el procedimiento que se aplicará a los trabajadores contratados por Código del Trabajo (básicamente asesores de los parlamentarios) también deberá ser distinto, ya que en sus casos no corresponde que se le aplique un sumario.

El encuentro entre Castro y Ossandón del martes fue breve, sin embargo, tenía como objetivo coordinar criterios y dar el puntapié inicial a las investigaciones y eventuales sumarios administrativos que se impulsarán en el Congreso por la polémica de funcionarios públicos que viajaron irregularmente al exterior mientras gozaban de licencia médica.

Esta problemática fue destapada por un informe de la Contraloría que denunciaba 25.078 casos, entre 2023 y 2024, a partir de un cruce de información proporcionada por la Policía de Investigaciones y licencias registradas en la Superintendencia de Seguridad Social. No obstante, debido a que el organismo contralor no tiene tutela en el Congreso, sus autoridades iniciaron su propia pesquisa.