Lío de platas en el Minvu: ministro Montes asegura que “todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior”

La comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado recibió este martes al ministro del área, Carlos Montes (PS), quien expuso ante los parlamentarios los antecedentes sobre los convenios suscritos entre su cartera y fundaciones privadas ligadas al oficialismo, donde la Fiscalía investiga posibles delitos de corrupción en al menos cuatro regiones.

En su exposición, el titular de Vivienda explicó el mecanismo que ha utilizado la cartera para suscribir convenios con fundaciones privadas en el marco del programa Asentamientos Precarios. De esta forma, relató Montes, la adjudicación de recursos se realiza a través de la delegación de facultades desde la autoridad ministerial a los seremis de Vivienda de cada región, es decir, el traspaso de recursos y la aprobación de los convenios queda en manos de estos últimos.

En ese sentido, de acuerdo con lo expuesto por Montes, los montos y convenios que hoy están en entredicho por conflictos de interés con fundaciones ligadas al oficialismo, habrían sido aprobados en 2021, durante la administración de Sebastián Piñera.

“El gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Se establece un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu. Y en el caso del 2022, para esta institución que está en cuestión que es Democracia Viva, no aparecía como tal, aparecía el proyecto y el monto del proyecto. ¿Cuándo empieza el actual gobierno a dar delegación? Recién el primero de enero de 2023 y esto solamente se ha traducido en dos proyectos”, explicó Montes.

En esa línea, explicó que -aparte de los dos proyectos citados- “los demás venían como arrastre global desde el punto de vista de su contenido y objetivo y también de la base presupuestaria. El año 2022, el gobierno lo único que hace es cierto ajuste entre los proyectos, por ejemplo, le disminuye a los dos proyectos de esta institución (Democracia Viva) más o menos 130 millones, porque consideraron que era posible hacerlo y eso lo hizo la encargada que había en ese momento del programa”.

Tras explicar el mecanismo de suscripción de convenios, el ministro informó que se está investigando cómo se llegó al conjunto de facultades que se le entrega a los seremis y, posteriormente, las instituciones colaboradoras.

“Estamos en proceso de investigar esto porque no es claro cuándo se gestó, ni cómo se gestó y por qué adquirió esta forma. En varios aspectos, por qué dejó de haber licitación, o sea, nunca lo hubo; en segundo lugar, no hay garantías, por qué no hay garantías; y en tercer lugar, cómo se determinan los montos de los proyectos”, detalló Montes.

Y adelantó una hipótesis: “En general a la conclusión a la que hemos llegado es que se aplicó lo que había para los municipios a las instituciones, hay una inercia, se mantiene un cierto patrón de comportamiento con lo que antes se aplicaba con los municipios, que ellos no tienen que tener garantías y los privados decían que se llega a la misma modalidad. Esto nos parece bastante preocupante y estamos particularmente investigándolo”.

Desde Chile Vamos sostuvieron que las declaraciones de Montes le podrían “costar caro” al ministro y que podrían ser otro factor para justificar la creciente arremetida de la oposición en contra del exsenador socialista. En el gobierno, en tanto, insisten en que sería totalmente injusta su posible salida y así lo han transmitido a la derecha por distintas vías.

Como era de esperarse, las declaraciones del ministro Montes no cayeron nada bien en el entorno del expresidente Sebastián Piñera y fueron sus exministros de Vivienda los primeros en rebatir la tesis levantada por el actual secretario de Estado.

“Malas declaraciones del Ministro Montes. El caso convenios afecta a su gobierno. Sus seremis firmaron convenios con fundaciones cuestionadas. Y la facultad viene de 2016, no de 2019. No hay problema en delegar cuando se delega en autoridades honestas. Ahí la diferencia”, apuntó Felipe Ward, quien estuvo a cargo de Vivienda entre el 4 de junio de 2020 y el 11 de marzo de 2022.

Su antecesor en el cargo, el excovencional Cristián Monckeberg, señaló respecto a Montes que “es una mala decisión tratar de responsabilizar a gobiernos anteriores, vinculándolos con decisiones de sinvergüenzas que permitieron ilegalidades en la actual administración y que hoy tienen que responder ante la justicia”.

Por su parte, el presidente de la comisión de Vivienda del Senado, Fidel Espinoza, PS al igual que Montes y quien ha sido una de las figuras más críticos del gobierno y de Revolución Democrática desde que empezó el caso, también cuestionó las declaraciones de Montes.

“Tengo una pésima opinión del gobierno de Sebastián Piñera, pero encuentro poco honesto que se pretenda hacer creer que en este escándalo de las fundaciones todos los decretos y resoluciones vienen del gobierno anterior, eso no es así. Fue en sus propias narices y en este gobierno”, dijo el senador Espinoza.