Lío de platas: la estrategia de La Moneda para evitar un traspié de Crispi en el Congreso

Este lunes, a las 12:00, en la Cámara de Diputados, la Comisión Investigadora por el lío de platas entre el Estado y Fundaciones esperaba la asistencia del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD). Pero, media hora antes que comenzara la sesión, el exdiputado confirmó que no asistiría a la reunión.

“En respuesta a la citación enviada el día 28 de septiembre de 2023, para asistir este lunes 2 de octubre de 12:00 a 13:00 horas a la sesión ordinaria que celebrarán, les informo que me excuso de asistir”, escribió el líder del Segundo Piso en un correo electrónico. Mientras que en La Moneda explicaron que fue por “temas de agenda”.

Su ausencia generó mucho ruido entre los integrantes de la Comisión. La presencia de Crispi -a quien vinculan en el caso por su rol en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y por ser militante del partido más involucrado en el tema- era un hito que la oposición consideraba clave, pues de esta manera se posicionaba el conflicto en el corazón de La Moneda y además se arremetía contra uno de los asesores de mayor confianza del Presidente Gabriel Boric.

Los cuestionamientos de la derecha -y también de algunos actores oficialistas- era interpelarlo por las transferencias de dinero que hubo desde el gobierno a los gobiernos regionales cuando estaba en la Subdere y también por haber validado la experiencia de la fundación ProCultura para la ejecución de uno de los cuestionados convenios. Y no solo eso, además en la oposición quieren insistir en una pregunta que no les ha quedado clara, pese a que La Moneda la ha respondido en reiteradas ocasiones: cuándo se enteraron del escándalo de Democracia Viva.

El presidente de la Comisión, José Miguel Castro (RN), fue uno de los más críticos de la decisión del jefe de asesores y aseguró que “lo estaremos esperando para que pueda dar la cara”. Mientras que el también integrante de la instancia, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), recalcó: “Crispi tiene mucho que decir y aclarar respecto de lo que fue su rol. Se bajaron los estándares para entregar recursos a los gores”.

La diputada republicana Chiara Barchiesi criticó que “hay personas en el gobierno que no quieren colaborar”.

El revuelo que causó la ausencia de Crispi fue tal, que la instancia acordó volver a citarlo para el próximo jueves 12, mismo día que irá el contralor Jorge Bermúdez. Y si el exdiputado se vuelve a ausentar, pedirán a la Contraloría que lo sancione, ya que, a juicio de los opositores, tiene la obligación de acudir por ser un funcionario público. Pero en La Moneda la lectura es diferente.

Apenas los parlamentarios de oposición comenzaron a criticar la ausencia de Crispi en el Parlamento, en La Moneda diseñaron una estrategia para evitar que el jefe de asesores reciba un castigo por parte de Contraloría y defender la decisión, para no exponer al exdiputado y no acercar el conflicto hasta la línea más cercana al Presidente. En ese argumento jurídico participó el ministro de Justicia, Luis Cordero.

La explicación que entregaron en el gobierno es que Crispi, al no ser de planta y ser contratado a honorarios, no entra en la definición de funcionario público. Para defender aquello buscaron dictámenes de Contraloría. Uno de ellos el Nº11588, de 2009, que dice: “En relación con el anotado precepto legal, esta Entidad Fiscalizadora ha señalado, entre otros, en sus dictámenes N°s. 3.451, de 1997; 12.473, de 2002 y 46.985, de 2007, que las personas que prestan servicios a la Administración del Estado sobre la base de honorarios, no poseen la calidad de funcionarios públicos y tienen como única norma reguladora de sus relaciones con ella el propio convenio, el que constituye el marco jurídico que determina sus derechos y obligaciones”.

Esa misma defensa la tienen considerada para el jefe de gabinete del Presidente Boric, Carlos Durán, quien también tiene contrato a honorarios y podría ser citado en las próximas semanas.

En todo caso, no todos quedaron conformes con esa explicación, ya que apuntan a que la Ley Orgánica del Congreso no hace diferencia según el tipo de contratación y hace mención a “personas citadas”. “Las autoridades, los funcionarios y las personas citadas conforme a lo anterior, estarán obligados a comparecer a la sesión fijada por la comisión”, dice la Ley 18.918, artículo 54, inciso sexto.

Y más allá de la defensa jurídica, a los parlamentarios no les parece que la excusa sea suficiente. “Más allá de la no obligatoriedad y su calidad jurídica como funcionario, me parece que es un error que un funcionario importante y dirigente político que sin duda tiene mucho que aportar en el tema se resista a concurrir y colaborar con la comisión investigadora de convenios. Lo único que hace es generar más dudas y suspicacias, flaco favor al gobierno”, sostuvo el diputado Raúl Soto (PPD), integrante de la Comisión.

Lo mismo cree el senador Fidel Espinoza (PS), uno de los parlamentarios más críticos con Crispi. “Debería ayudar a esclarecer los hechos y las dudas, y no asistir apunta en el sentido contrario”, apuntó el parlamentario.

Mientras que José Miguel Castro fue más duro aún: “El nivel de ignorancia del gobierno es avergonzante o derechamente deja en evidencia la voluntad de evitar que el circulo del Presidente entregue respuestas. La Constitución obliga a ‘los funcionarios de la Administración’, en términos amplios. La calidad de ‘funcionario público’ es relevante en materia administrativa, pero no es una barrera en las labores fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Las interpretaciones del gobierno para evitar responder las dudas del Parlamento desconocen el rol que éste tiene en una democracia y no hacen más que alimentar las dudas que ya se instalaron acerca del rol de La Moneda. Una vergüenza por dónde se le mire”.

En la Comisión, además, los congresistas aprobó enviar un cuestionario de preguntas a Boric y al exministro Giorgio Jackson. Ahí se le requiere al Mandatario para saber cómo se enteró del vaso de Democracia Viva, quién fue la persona que primero le informó, qué medidas ha adoptado y cuál autocrítica hace. En La Moneda descartaron de inmediato la posibilidad de que el Presidente responda a esas consultas.

“Hay dos ocasiones en que la Cámara ha presentado cuestionarios a los presidentes de la República, esto ocurrió en los mandatos anteriores y los presidentes no contestaron, precisamente porque no es la forma que se establece en nuestra Constitución. Las consultas se realizan a través de los ministros de Estado”, dijo el ministro Álvaro Elizalde.