Lío de platas vuelve a La Moneda: gobierno blinda a jefe de gabinete de Boric y la derecha inicia nueva ofensiva

“La declaración es clara: dice que se quiso hacer algo y no se hizo”. Con dicha afirmación salió este jueves el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, respecto de los nuevos antecedentes que se conocieron durante la jornada sobre lío de platas entre fundaciones y entidades públicas.

El caso se originó cuando se destapó que la fundación Democracia Viva firmó convenios con el Ministerio de Vivienda, en el cual se vieron involucrados militantes de Revolución Democrática (RD). La Seremi de Vivienda de Antofagasta al momento de los traspasos estaba siendo encabezada por el exasesor de Catalina Pérez, Carlos Contreras, mientras que la fundación era dirigida por la entonces pareja de la parlamentaria Daniel Andrade. Los tres eran militantes de RD. Mientras que Contreras y Andrade fueron expulsados del partido, a Pérez se le suspendió la militancia por un año.

En este escenario, este jueves vio la luz la declaración que realizó ante Fiscalía el vigente secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, quien confirmó ante la justicia, 11 de agosto, que la directiva se enteró de la situación 10 días antes de que se destapara el caso. Además, en su testimonio agregó que la directiva determinó, en una reunión del 12 de junio, que le informarían al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán.

“Que se le avise a Carlos Durán del caso, que es el jefe de gabinete del Presidente de la República. (...) El presidente (de RD, Juan Ignacio) Latorre se encargaría de hablar con Durán, cosa que finalmente entiendo que no sucedió, hasta que explotara la noticia el 15 de junio en la cuenta de Twitter Urrutia Sed y al día siguiente por Timeline”, dijo en su declaración ante el Ministerio Público.

Sus dichos provocaron que el lío de platas volviera a La Moneda debido a que sembró dudas respecto al día en que el gobierno se enteró del caso. Esto, porque Dettoni planteó que Latorre pudo avisarle a Durán el 15 o el 16 de junio. La Moneda, en tanto, en su última versión, aseguró que el Jefe de Estado y su equipo se enteraron el 16 de junio.

El ministro Elizalde este jueves fue consultado al respecto, instancia en que blindó a Durán e insistió en que se enteraron el día de la publicación del medio de Antofagasta.

“Nosotros hemos sido categóricos. Creemos que las investigaciones deben desarrollarse de manera autónoma y exitosa, en total esclarecimiento de los hechos. En caso de acreditarse responsabilidades penales, que se apliquen las sanciones correspondientes. El compromiso del gobierno da cuenta de un compromiso explícito del Presidente Boric, que hechos de esta naturaleza deben ser investigados por las instituciones correspondientes”, dijo el secretario de Estado socialista.

Elizalde añadió, sobre la fecha en la que se enteró La Moneda, que “sobre este punto se refirió el propio Presidente de la República, también el ministro (Luis) Cordero. Por lo tanto, yo no puedo agregar nada más al respecto. Es lo que se ha informado por las autoridades correspondientes”.

La discusión sobre cuándo se enteró el gobierno de Boric del lío de platas fue una duda que sembró el senador Latorre, quien el 4 de julio fue consultado sobre a qué representantes del gobierno le entregaron información antes de que se destapara el escándalo.

“Eso tendría que preguntarle a la gente de gobierno. Nosotros no le informamos ni al ministro Jackson ni al ministro Montes. (...). No les entregamos información a esos ministros y, como le digo, la información que en ese momento nos entregaron fue una información parcial, hubo sospechas”, planteó el timonel de RD en aquella oportunidad, instalando la duda sobre a qué representantes del Ejecutivo sí les informó.

Ante esto Latorre fue consultado en particular por el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi: “No voy a responder preguntas relacionadas con eso. La información que el partido ha ido recopilando la va a entregar a la carpeta de investigación y no a los medios de comunicación”.

Luego de eso fue el Presidente Boric quien, al día siguiente, se refirió al tema. “El medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio. El conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación, un oficio que envía la diputada Yovana Ahumada, que es de la semana anterior. En medio de eso, me imagino que -no puedo hablar por el senador Latorre-, pero apenas nosotros supimos, apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente que se tiene que entregar toda la información, averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos”, sostuvo.

Las declaraciones del Mandatario generaron confusión durante esa jornada y llevaron a que el titular de Justicia, Luis Cordero, saliera a precisar sus dichos. “El Ejecutivo tomó conocimiento el día 16 de junio. Inmediatamente se ordenaron los antecedentes y se adoptaron las decisiones”, planteó el ministro.

En La Moneda, en todo caso, desdramatizan el asunto e insisten en que el gobierno se enteró el día 16 de junio y no el 15 con la publicación del Twitter. Además, descartan que Durán hubiese sabido anticipadamente.

En la derecha se activaron rápidamente luego de conocer los nuevos antecedentes. Tanto Chile Vamos como el Partido Republicano calificaron como “graves” los hechos y activaron una ofensiva fiscalizadora desde el Congreso Nacional.

En RN, desde la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, decidieron enviar un oficio a Boric para que responda preguntas, entre ellas, para determinar cuándo conoció el caso.

Adicionalmente, citarán a Durán y al jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), para que expongan en la comisión, en circunstancias que están obligados a acudir en su calidad de funcionarios públicos. También enviarán un oficio al fiscal regional de Antofagasta, para que agilice la investigación y cite a declarar a Catalina Pérez a la brevedad, y en caso de corresponder solicite su formalización y desafuero. “La diputada Pérez no tenía cómo no saber que su expareja, Daniel Andrade, había suscrito estos convenios”, dijo el diputado de RN Andrés Longton.

En el escrito al persecutor se establece que “resulta evidente la necesidad de requerir su testimonio para el éxito de la investigación”.

En la UDI, en tanto, la bancada tenía contemplado enviar una carta al secretario de la Cámara Baja, Miguel Landeros, para pedir que los diputados de Revolución Democrática y Convergencia Social se inhabiliten de votar por las transferencias de recursos en el marco de la discusión del Presupuesto 2024. Esto, debido a que los gremialistas argumentan que se incumple con el artículo 5B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional que establece que “los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos”.

Desde el Partido Republicano, uno de los querellantes del caso, el diputado Cristián Araya, pidió al Ejecutivo entregar antecedentes para aclarar el caso, mientras que en el resto de su colectividad emplazaron a la justicia a acelerar la investigación.

La postura de la directiva de Juan Ignacio Latorre fue siempre poner todos los antecedentes que se tienen en la mano ante la Fiscalía. En la dirección de RD cierran filas con dicha estrategia. “Eso hemos hecho”, aseguran.

Esto, debido a que la declaración de Edson Dettoni reavivó una fuerte molestia de los dirigentes de su partido respecto de cómo ha manejado la crisis del lío de platas la directiva de Latorre. Tras el destape del caso Democracia Viva, RD sufrió la salida -en el cambio de gabinete del 11 de agosto- de Giorgio Jackson de Desarrollo Social y Marco Antonio Ávila de Educación, ambos militantes de la colectividad.

Esa misma semana, la directiva de Latorre anunció su renuncia anticipada y mandató al tribunal supremo del partido a convocar nuevas elecciones de la directiva nacional. En este sentido, el próximo 30 de septiembre y 1 de agosto la lista de Diego Vela -exjefe de gabinete de Jackson- y Tatiana Urrutia es la única en carrera y solo debería ser ratificada.

Sin contrapesos, Vela tendrá que analizar si continuar o no con la estrategia judicial y política que ha adoptado la directiva del senador Latorre. Dicha decisión se deberá tomar la próxima semana, luego de que se reúnan ambos planteles y la dirección vigente le haga entrega de todos los antecedentes de lío de platas a la nómina que los sucederá en el cargo.

En la futura directiva de RD ejemplifican el desconocimiento actual de la polémica afirmando desconocer de la declaración de Edson Dettoni ante la Fiscalía.

El vigente secretario ejecutivo también asestó un golpe a la diputada Catalina Pérez, dando a entender que la parlamentaria -hoy con militancia suspendida en RD- conocía de las transferencias entre Vivienda y Democracia Viva desde el 2022.

Pérez, quien retornó al Congreso el pasado 24 de julio, ha intentado normalizar sus actividades como diputada. Tras una licencia de 20 días, la diputada y otrora rostro frenteamplista ha intervenido en la Cámara por situaciones locales y ha mantenido un bajo perfil por los pasillos del edificio parlamentario. Este miércoles, por ejemplo, figuró en un punto de prensa en El Pensador junto a sus pares mujeres de Apruebo Dignidad.

Tras la acusación en su contra de Dettoni, fue el abogado de Pérez, Gonzalo Medina, quien abordó el tema. “Acá hay un intento de presionar a través de la prensa para fines judiciales. Catalina Pérez jamás intercedió ante ninguna persona por los convenios. Y, tal como ella ha dicho, cuando supo de los convenios no dimensionó los efectos políticos que esto iba a provocar”, dijo a La Tercera.

La diputada, por su parte, prefirió no referirse al tema.

En RD, además, generó inquietud que Dettoni en su declaración mencionara a la directora de la Dipres, Javiera Martínez, señalando que estaba informada de rumores del caso.