Líos de platas: Cordero confirma falta de boletas de garantía en convenios con fundaciones y lo califica como un “error”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió este jueves a los cuestionados convenios entre el Estado y organizaciones sin fines de lucro, casos que están siendo investigados por el Ministerio Público y que desataron la actual crisis del gobierno y del Frente Amplio, dado que la mayoría de las fundaciones acusadas de supuestas irregularidades están ligadas a Revolución Democrática (RD). Y sumó un nuevo antecedente: en la mayoría de los casos no se establecieron boletas de garantía, lo que podría dificultar la devolución de los dineros.

En específico, el secretario de Estado abordó la falta de boletas de garantía en los convenios establecidos, entre otros, por el Ministerio de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. En ese caso, la repartición firmó tres convenios con la organización privada por un total de $426 millones, lo que hizo estallar el escándalo y dio paso a las investigaciones en este tipo de contratos.

Recientemente, la fundación Democracia Viva interpuso un recurso de reposición con el objeto de evitar devolver los dineros a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. En total, se tratan de 391 millones de pesos, correspondiente al 92% de los recursos entregados a fines de 2022, los que el fisco pidió reintegrar.

“Hay un elemento común en los convenios de transferencia, no solo en este, en general, esta es una información que fue levantada desde el inicio, que buena parte de los convenios de transferencia a fundaciones no tienen boletas de garantía, ojo con eso”, reconoció Cordero en entrevista con Radio ADN, luego que en las últimas horas el medio TimeLine, que sacó a la luz el caso de Democracia Viva, diera a conocer este nuevo antecedente.

La autoridad explicó la razón para que el Ministerio de Vivienda de Antofagasta no exigiera boletas de garantía a Democracia Viva, y tampoco en los demás casos similares.

“No estoy diciendo que esto sea regular”, manifestó. Y luego detalló que “en el caso de los programas de asentamientos precarios, originalmente las transferencias eran realizadas a los municipios, cuando usted organiza transferencias entre organismos públicos en general no se requieren boletas de garantía, y cuando se pasó al modelo de instituciones sin fines de lucro se mantuvo una inercia y no se exigieron tampoco boletas de garantía”.

Cordero dijo que “efectivamente fue un error, porque hay otros mecanismos, en algunos casos el Estado podría no exigir boletas de garantía, pero no transfiere todos los recursos, lo hace parceladamente, y sigue transfiriendo solo si las rendiciones previas son aprobadas, por ejemplo”.

Y agregó sobre ese error: “Varias de estas transferencias carecen de eso”, en referencia a las boletas de garantía, necesarias para pedir la reintegración de fondos.

El ministro dijo que de todas maneras están buscando una manera legal de solucionarlo.

“Hay un problema, pero también hay una estrategia para eso, y es una estrategia legal que por posición que tiene el Estado en este caso todavía no lo puedo informar”, finalizó.

El jefe de la cartera de Justicia también se refirió a los robos de computadores que han sufrido reparticiones públicas, como el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Cultura y la Corporación de Asistencia Judicial, en las comunas de San Ramón y La Cisterna.

Cordero abordó los cuestionamientos, sobre todo desde la oposición, que han sugerido que los robos tengan como consecuencia la pérdida de información, especialmente a la referida con los líos de platas por los convenios con fundaciones.

“Para poder concluir que los robos que han ocurrido estos días en oficinas públicas pueda ser un elemento constitutivo para sostener que se está eliminando alguna evidencia, entre otras cosas por la forma y modo en que el Estado resguarda información, entonces no hay ningún antecedente objetivo para llegar a una conclusión como esa”, aseguró el ministro.

En ese sentido, el secretario de Estado dijo que aquellos que tienen la convicción de que se está eliminando evidencia, deberían denunciarlo.

“Por eso, días atrás, cuando un grupo de diputados después del robo de dos computadores a la Subsecretaría de Cultura dicen aquí se está eliminando evidencia, eso, si usted tiene esa convicción, eso técnicamente es obstrucción a la Justicia, entonces si eso es así mejor hacer la denuncia al Ministerio Público, pero hoy día no hay ningún tipo de antecedente que permita llegar a esa conclusión”, planteó.