Líos de platas: los contratos pagados por fundaciones a funcionarios que trabajaban en Vivienda

Si bien fue el jueves 31 de agosto que Contraloría evacuó el informe de la auditoría a la Seremi de Vivienda de Antofagasta y el Serviu de esa región, las repercusiones del caso no terminarán ahí. El lunes será el propio contralor, Jorge Bermúdez, quien expondrá ante la comisión investigadora de la Cámara sobre las irregularidades detectadas, donde mantendrá en la palestra un caso que desde junio no deja de incomodar al gobierno.

Es que el informe de Contraloría identificó nueve irregularidades en la forma de operar entre estos servicios dependientes del Ministerio de Vivienda, donde cinco tienen indicios penales. Por lo mismo, esos hallazgos ya fueron despachados al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde hay uno que no deja de llamar la atención en la Fiscalía y en el ente contralor: la contratación de empleados de las fundaciones, pero que trabajaban en la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta.

“Se constató que, en dependencias del Serviu de Antofagasta, específicamente en la Unidad de Asentamientos Precarios de esa repartición, se han desempeñado, al menos, tres personas que fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del programa en análisis, desarrollando labores internas de dicha repartición pública. Asimismo, se verificó que en dependencias de la Seremi de Vivienda de Antofagasta se desempeñaban, al menos, otras 12 personas”, dice el informe de Contraloría.

Según detalla la investigación del ente contralor, estas personas fueron contratadas por “los organismos receptores de fondos”, las que desarrollaban actividades propias de los organismos públicos indagados, entre ellas, labores en su gabinete, actividades relacionadas con la revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas y su contabilización, disponiendo algunas a acceso al sistema contable y otros trabajos institucionales.

Para Contraloría, este sistema dio pie para manejar “un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas”, no ajustándose “a los principios de transparencia, responsabilidad, control, eficiencia y eficacia”.

Sin embargo, hay otro elemento que llamó la atención de los auditores. El caso de dos personas que trabajaban en el Serviu, pagadas por dos fundaciones, pero que el 1 de agosto fueron contratadas por el organismo público, es decir, una vez estallado el caso, el 16 de junio.

Una es Camila Prado Barrías, administradora pública. En 2017 comenzó a trabajar como “asistente de proyectos Innova” en la Corfo.

Contraloría sostiene que Prado en el Serviu realizó “labores de gestión, seguimiento y control de los convenios”, esto mientras estaba contratada por la Fundación Campamentos de Ideas.

En la misma situación está Karla Farías Olivares, quien también prestaba funciones en el Serviu de Antofagasta, pero que estaba contratada por Corporación Espacio Lúdico. Farías, desde el 2020 trabajaba en el Programa Asentamientos Precarios de la Intendencia, un año después desempeñó las mismas funciones, pero en la ahora Delegación Presidencial Regional de Antofagasta. El 2022 llegó a la fundación en labores de “asistencia técnica”.

En la misma Corporación Espacio Lúdico figura contratado Adolfo Carpio Miranda, funcionario del Serviu de Antofagasta. El ingeniero en construcción fue identificado por Contraloría como “apoyo técnico”.

Ya en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, aparece contratada por dos fundaciones Camila Ortiz San Martín, quien recibió remuneraciones de la Fundación Un Techo Para Chile y Corporación Espacio Lúdico. Lo mismo que Jacqueline Véliz Avendaño, quien junto con prestar servicios para Espacio Lúdico, también recibía la remuneración de Campamento de Ideas.

Otra contratación cuestionada por Contraloría fue la de Claudio Cárdenas Campillay, diseñador gráfico de la Seremi, pero que recibía un sueldo de la fundación Movimiento Fibra.

Misma fundación en la que está contratada Nicole Salinas Rivera, quien es “analista técnica del Programa Habitabilidad” del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) según su LinkedIn. La arquitecta también ha trabajado anteriormente en oficinas privadas y en la Fundación Para la Superación de la Pobreza.

En la Fundación ProCultura figura como contratado el abogado Wilson Ahumada Zepeda, sin embargo, este se desempeñaba laboralmente en la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

También en esa fundación estaba contratada Liliana González Cortés, candidata a consejera constituyente en 2020. Es militante de RD, mismo partido de Paz Fuica Contreras, quien recibía sueldo de la Fundación Superación de la Pobreza, pero que trabajaba en la Seremi de Vivienda.

En Democracía Viva, en tanto, estaba contratada Ignacia Yáñez Arancibia, quien el 2021 compitió para ser consejera regional de Antofagasta. En dicha elección participó como independiente, pero dentro de la lista del Frente Amplio, y luego fue funcionaria de la Seremi de Antofagasta.

Sin ningún lazo político, Contraloría también detectó que estaba contratado en la Asociación Campamento de Ideas Diego Barrera Venegas. Además de Marcela Oyanedel Barrera, en Un Techo Para Chile.

El caso, en tanto, ayer sumó un nuevo hito, pero en su arista penal. El CDE concretó la presentación de una querella por fraude al Fisco en con del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade.

“La querella se funda en antecedentes (...) que apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados”, explicó el presidente del CDE, Raúl Letelier.