En el libelo acusatorio en contra de Maya Fernández, la abogada de la exministra de Defensa Nacional, Claudia Sarmiento, defendió ante la Cámara de Diputados que su representada no celebró ningún contrato con el Estado en la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Justamente, ese es el principal alegato de los parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano.

Los acusadores argumentan que Fernández firmó el documento con el que gobierno pretendía adquirir la vivienda ubicada en Guardia Vieja, pese a que la Constitución prohibe a los ministros celebrar contrados con el Estado.

Sin embargo, Sarmiento afirmo ante los parlamentarios que “no se materializó ningún contrato propiamente tal, mucho menos se generó un aumento patrimonial de ninguna parte”.

“Solo hubo actos preparatorios. Un ejemplo me permitirá ilustrar este punto. Si esta honorable Cámara vota hoy, en último trámite constitucional, un proyecto de ley, ¿significa que la ley existe? No. Se encuentra pendiente el trámite de la promulgación y la publicación. Una situación similar se presenta en este caso”, agregó.

En esa línea, la defensa recalcó: “Estamos en presencia de actos preparatorios de un acto que no se termina de perfeccionar. No hay opacidad, no hay engaño. Todas las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, por el Congreso, por la Contraloría, fueron transparentes y legalmente autorizadas en cada instancia. No obstante, hoy solo está acá Doña Maya Fernández Allende, la nieta, pues Maya Fernández Allende ya no es ministra y continúa enfrentando esta acusación”.

La abogada también afirmó que la ministra no buscó enriquecimiento con el proyecto que buscaba convertir la vivienda del expresidente Allende en un museo: “Ella ha sido una servidora pública. No es empresaria. No inició un desarrollo inmobiliario a partir de la casa de su abuelo. Quien diga lo contrario, tiene la carga de acreditarlo. Sancionar a doña Maya Fernández Allende después de haber puesto su cargo a disposición, está teñido del amargo sabor de la venganza”.

Tras los alegatos de la parte defensora, el diputado Luis Sánchez replicó: “La exministra incurrió en esta inconstitucionalidad dos veces. Que haya sido necesario anular, solo confirma que este contrato nació a la vida de la Constitución. Que este contrato nació a la vida del derecho y que se firmó en abierta infracción de la norma constitucional. Si esto no hubiese existido nunca, no habría habido necesidad de resiliarlo”.