¿Los consejeros pueden crear un capítulo especial para las FF.AA.?: la duda oficialista que se instala en el Consejo Constitucional

Hace al menos dos semanas que entre los consejeros y comisionados del actual proceso constitucional existe un debate instalado que, hasta el momento, no ha sido transparentado. El oficialismo -a nivel de la Comisión Experta y del Consejo Constitucional- ha comenzado a comentar entre ellos y también con representantes de la oposición, que su sector interpreta que el órgano de 50 consejeros no tiene atribuciones reglamentarias para crear un capítulo adicional en la propuesta de nueva Constitución que deberán redactar en un plazo de cuatro meses.

El mensaje del oficialismo llega en un momento especial. El Consejo está partiendo la discusión de sus normas y sus bancadas ya están abocadas a la redacción de las enmiendas. La derecha anunció que un grupo importante de sus indicaciones irá enfocado a trasladar todas las normas que regulan a las Fuerzas Armadas (FF.AA.), de orden y seguridad a un capítulo especial.

Así lo confirma el consejero republicano y general (R) de la Fach, Ricardo Ortega. “Es difícil entender por qué sacaron el capítulo especial cuando las cosas estaban funcionando bien. No es necesario humillarlas ni degradarlas. Cuando las FF.AA. se meten bajo otro concepto, se pueden creer muchas cosas, entre otras, que el gobierno las empiece a usar como guardia pretoriana, como en Venezuela, y nadie quiere eso. Esto es como la teoría del salame, vamos quitándole de a poquito”, afirma el representante que integra la comisión de Sistema Político.

Y es precisamente ahí donde radica el conflicto. El anteproyecto que redactó la Comisión Experta -y que le entregó al Consejo- contempla 14 capítulos, pero ninguno de esos acápites es para las FF.AA. Esta fue una de las primeras peleas políticas de los comisionados.

Cuando los expertos tuvieron que votar el índice del anteproyecto, la derecha y la izquierda se dividieron. La derecha quiso mantener el índice que tiene la Constitución vigente y continuar con el capítulo especial para las FF.AA. de orden y seguridad. Sin embargo, la izquierda se opuso. Los comisionados de ese sector argumentaron que había que mantener la “tradición constitucional” y que esa regulación en un capítulo especial había sido una anomalía incorporada por la Junta Militar, por lo que era mejor mantener la regulación de estas instituciones dentro del capítulo de Gobierno.

Como en la Comisión Experta ninguna bancada era mayoría -la izquierda tiene 12 comisionados y la derecha otros 12-, nadie pudo imponer su idea. Sin embargo, en el Consejo el escenario es otro. La derecha controla 33 de los 50 consejeros, por lo tanto tienen los votos necesarios para aprobar las enmiendas que creará el capítulo especial para las FF.AA.

El oficialismo ha empezado a levantar su advertencia. Fuentes de ese sector afirman que el reglamento que regula el proceso constitucional no permite que el Consejo arme nuevos capítulos. Para eso citan el artículo 71 del reglamento. Esa norma estipula que los consejeros tendrán un plazo de 40 días -desde su instalación- para “formular enmiendas para aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas al anteproyecto”.

Luego, el inciso tercero de esa misma norma agrega que “las enmiendas deben expresar de manera precisa la modificación que se propone, haciendo referencia al artículo sobre el cual recae”. A juicio del oficialismo, un capítulo no es una norma ni un artículo. Por lo mismo, dicen estar convencidos de que el Consejo estaría imposibilitado de armar nuevamente el capítulo especial para las FF.AA.

Si bien la derecha está al tanto de esto, desestima el argumento. Pese a que reconocen que el asunto es interpretable, aseguran que sería “ridículo” pensar que el legislador quiso restringir el nivel de actuación del órgano redactor democráticamente electo.

Incluso plantean que si la interpretación del oficialismo fuese la correcta, la creación de capítulos “sería el único tema en el que la Comisión Experta toma una decisión que vincula al Consejo, al punto de no poder modificarla”. Eso sería incoherente, sostienen, con el hecho de que siempre se pensó que el Consejo tuviera amplias facultades para recibir el anteproyecto y modificarlo a su gusto a través de las enmiendas, siempre que no se pasen a llevar las 12 bases institucionales.

Desde la secretaría técnica han tomado distancia de este debate. Fuentes de esa instancia comentan que no les corresponde interpretar el reglamento, ya que esa es una atribución de la mesa directiva del Consejo. Solo si la mesa lo pide, la secretaría podría emitir su opinión, pero no sería vinculante, sino que solo consultiva. La mesa tiene un representante de lado y lado, por lo que en el caso de que tengan que interpretar y no logren acuerdo, el asunto pasaría a manos de los delegados.

La reunión de delegados tiene tres representantes de cada lado. Un republicano, un UDI, un RN, un PS, un CS y un RD. Sin embargo, el reglamento dice que “cada representante tendrá tantos votos como el número de consejeros que integren su bancada”. Por lo tanto, en esa instancia la mayoría de la derecha podría imponerse sin dificultades.

El oficialismo está analizando cómo se desarrolla el tema. Algunos comisionados, en privado, afirman que incluso podrían iniciar un recurso ante la Corte Suprema para reclamar “una infracción a las reglas de procedimiento”. Este reclamo lo puede iniciar “al menos un quinto de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional o dos quintos de los miembros de la Comisión Experta”.

Este sería el último recurso, pero hay sectores del oficialismo que sostienen que este tema debería transformarse en un arma de negociación. Esto, debido a que los costos de avanzar en un capítulo especial no son tan altos y de esta manera la izquierda podría ganar algo con lo cual negociar algún aspecto que para ellos sea importante de incluir en la propuesta de nueva Constitución.

Ortega espera que no sea necesario llegar a la Suprema: “No puedo anticipar ninguna cosa. Yo creo que esta es una instancia de diálogo, de encontrar un justo término medio para que todos nos sintamos interpretados. Hay que buscar soluciones que nos dejen a todos tranquilos y es un tema que nos importa a todos”.