El borrador de la acusación constitucional contra el ministro Montes

Este martes será el día en que finalmente la oposición -Chile Vamos y el Partido Republicano- ingresarán a la Cámara de Diputados la anunciada acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes (PS), por su eventual responsabilidad en las transferencias realizadas desde su ministerio a fundaciones que están siendo investigadas por la justicia.

Esto, tras la serie de irregularidades en convenios entre entidades estatales y fundaciones que se conocieron luego de que el 16 de junio pasado estallara el caso Democracia Viva, en el que la fundación liderada por Daniel Andrade, entonces militante de Revolución Democrática, se adjudicó tres convenios por $ 426 millones con la la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, quien también formaba parte de las filas de RD.

Este lunes, La Tercera accedió a un borrador inicial del libelo, que consta de cuatro capítulos, y donde se imputa que se cometieron “graves actos de corrupción” al interior del Minvu a lo largo del país, “en el contexto de la ejecución del Programa Asentamientos Precarios, principalmente durante los años 2022 y 2023″.

En su prólogo, se indica que “hasta el momento, se ha podido constatar, fundadamente, que desde el Minvu, a través de las Seremis y Serviu, se han transferido más de once mil millones de pesos a entidades sin fines de lucro, mediante asignación directa, es decir, sin concurso público o algún mecanismo objetivo, además de no encontrarse debidamente fundados los actos administrativos que aprueban los respectivos convenios de transferencia”.

El libelo contra el ministro Carlos Montes consta de cuatro capítulos.

En el primero de ellos se le acusada de “haber dejado de ejecutar las leyes, al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre el funcionamiento de los órganos y actuación del personal sometidos a su dependencia”, mientras que en el segundo se le imputa “haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas a la eficiencia y eficacia en la ejecución del Programa Asentamientos Precarios durante los años 2022 y 2023 en curso”.

En un tercer capítulo, se le cuestiona al titular del Minvu “haber infringido la Constitución y las Leyes al no observar estrictamente el principio de probidad administrativa”, mientras que en el capítulo final se asegura que el ministro Montes “es el responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución”.

En el primer capítulo de la acusación constitucional, se hace referencia al caso Democracia Viva, donde acusan que “desde el gobierno, afanosamente, se ha señalado que el ministro acusado no habría tomado conocimiento del Caso Convenios hasta que este se hizo público a través del medio de prensa Timeline”.

En este sentido, se destaca que “a nuestro juicio, lo declarado desde el gobierno es sumamente grave, pues no es aceptable que un ministro de Estado sea excusado, presentando como principal argumento el desconocimiento de los hechos ocurridos al interior del Ministerio que precisamente tiene a su cargo”.

Agrega que a propósito de los antecedentes que se dieron a conocer en el contexto del caso “Democracia Viva”, la Contraloría “levantó 17 informes de auditoría en los que se analiza el actuar de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y de las Seremis y Serviu del país, en la ejecución del Programa Asentamientos Precarios”, en los que se encontraron diversas deficiencias para el control en la transferencia de dineros. Entre estas, una “excesiva discrecionalidad en la utilización de ‘asignación directa’ y ‘asignación nominativa’ a personas jurídicas privadas”, así como “ausencia de control político, de mérito o conveniencia de los proyectos que se financian por vía de transferencia” y la “inexistencia de normas de transparencia, conflictos de intereses y probidad de los receptores de recursos públicos”.

El en libelo, los diputados destacan que “resulta evidente que el ministro de Vivienda y Urbanismo debió ejercer el control jerárquico permanente sobre la única Subsecretaría que tiene a su cargo” y destacan que la renuncia de Tatiana Rojas, quien se desempeño como subsecretaria de Vivienda hasta que estalló el caso Democracia Viva, “en modo alguno exculpa o exonera de responsabilidad al ministro acusado” ya que, indica el texto, la acusación dice relación con “la falta de control jerárquico permanente sobre el funcionamiento de los organismos y las actuaciones del personal a su cargo”.

Asimismo, se destaca en el libelo que la Comisión Especial Investigadora (CEI) por el caso de líos de platas de la Cámara de Diputadas y Diputados acusó al ministro Montes de “reprochable inobservancia”, ya que el titular del Minvu “no fiscalizó ni ejerció correctamente la dirección en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales o en los servicios de vivienda y urbanización”.

Al igual, releva que en la CEI el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, indicó que “el Programa Asentamientos Precarios ha sido ejecutado con ausencia de control político, de mérito o conveniencia de los proyectos que se financian por vía de transferencia”.

En el segundo capítulo del libelo, se acusa al ministro Montes de “haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas a la eficiencia y eficacia en la ejecución de Asentamientos Precarios” en 2022 y 2023.

Aquí, los diputados indican que, al momento de llevarse a cabo las auditorías realizadas por Contraloría, el Minvu no había proporcionado a las Seremis y Serviu “procedimientos formales, manuales de transferencias y directrices acerca de la celebración de convenios con entidades sin fines de lucro”, aunque destacan que se subsanó posteriormente.

Asimismo, destaca que el ministro Montes “permitió que bajo su dirección se transfirieran más de once mil millones de pesos, mediante asignación directa a entidades sin fines de lucro, en 14 regiones del país. Estas fueron realizadas a través de convenios celebrados con las Seremis, en virtud de delegación de firmas del Minvu. Esto contradice profundamente a los principios de eficiencia y eficacia, cuya observancia tiene por objeto, entre otros, resguardar los recursos públicos”.

En la tercera parte de la AC, se acusa al ministro Carlos Montes de “infracción al principio de probidad administrativa”.

En este, se señala que las irregularidades reconocidas desde el Minvu en contexto de las transferencias en el marco del programa de Asentamientos Precarios, entre 2022 y 2023, “son sumamente graves, atendida las consecuencias que estas han causado para las familias más vulnerables de nuestro país que viven en Asentamientos Precarios, y que hasta la fecha no han recibido ayuda de parte del Estado”.

Al respecto, destacan que “si el Ministro Montes hubiera observado de manera estricta los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, control, probidad, y transparencia, desde el inicio de su gestión, ninguno de los convenios con entidades sin fines de lucro debería haber tenido lugar”.

Agregan que “nunca podrá ser una excusa válida para el ministro Montes, la circunstancia de que este reconozca las deficiencias dentro del Ministerio que tiene a su cargo. En otras palabras, ‘nadie puede beneficiarse de su propia negligencia’. Lo que correspondía al ministro era actuar y corregir las deficiencias detectadas, y en ningún caso continuar con ellas”.

Finalmente, el capítulo cuarto de la acusación constitucional indica que el ministro Carlos Montes “es el responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo 8° de la Constitución”.

Acá el libelo retorna su énfasis al caso Democracia Viva, destacando que tras estallar de manera pública el 16 de junio, se conoció que la fundación en cuestión, vinculada a militantes de RD, obtuvo importantes adjudicaciones “pese a su poca vigencia”, al haber obtenido su personalidad jurídica el 25 de febrero de 2022.

Se destaca que “con fecha 2 de mayo, Carla Olivares, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, envió correo electrónico alertando de la situación y apuntaba directamente a Democracia Viva. Las denuncias no se hicieron públicas sino hasta el 16 de junio, cuando explotó el caso”.

El libelo agrega que “sin embargo, era claro que ya existía movimientos internos que hacían suponer la gravedad del asunto. Movimientos en los que el ministro de Vivienda y Urbanismo, responsable principal de la gestión del mismo, no tuvo noticia”.

En este sentido, destaca que Miguel Crispi, jefe de asesores de la Presidencia, señaló en noviembre pasado en la CEI “que él tomó conocimiento de la situación en Antofagasta el día 7 de junio, a través de un rumor. Entonces tomó contacto con la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, a quien solicitó, en su condición de jefa superior de servicio, investigar la situación”.

Agregan que “estos hechos, difieren de lo indicado posteriormente por Carlos Contreras, quién aseguró que el día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva”.

Asimismo, se destaca que el exseremi Contreras indicó que el 18 de mayo envió un correo electrónico, con copia a la exsubsecretaria Rojas, a parte de su gabinete y a Ricardo Trincado, Jefe del Programa de Asentamientos Precarios, donde se refiere a la gestión del programa. “El documento de Contreras abordaba los contratos, pero sin hacerse cargo de los conflictos de interés”, indica el texto.

“Todos estos antecedentes son relevantes para conocer cómo funciona el Ministerio y determinar cuáles son las vías de acción que deben tomar unos y otros, pero sobre todo, el ministro Montes, que es el responsable político directo, cargo de exclusiva confianza del Presidente y quién, en virtud de su cargo, debe tener el mayor grado de conocimiento de las cosas que ocurren dentro de su Ministerio. Cuestión que, conforme a los hechos, o no conocía -ya, por tanto, negligente- o si conocía, no actuó, lo que manifestaría la desidia con la que lleva actuando desde que se destapó la trama, a mediados de junio”, destaca la acusación.

El texto agrega que “de la información consignada en los hechos, resulta evidente que el ministro de Estado, una vez estallado el caso convenios no obró con los deberes de transparencia que exige la ley, comunicando a la opinión pública todo lo que acontecía de manera veraz, lo que era imperativo dadas las proporciones del escándalo. Mucha de esa información terminó por conocerse meses después”. “Tampoco se ejercieron todas las atribuciones con que contaba la cartera para exigir todas las responsabilidades y detectar todos los focos problemáticos dentro del Ministerio cuando ya era claro que había serias irregularidades”, puntualiza el libelo.