Este martes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, presentó el pacto transversal por la seguridad, la principal tarea que se propuso en septiembre del año pasado, cuando asumió como la nueva jefa de gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El anuncio fue dado por la secretaria de Estado a eso de las 16.00 de este martes en un punto de prensa, donde además de dar cuenta de los avances en la materia, reconoció las limitaciones de sus esfuerzos tras el quiebre en el diálogo con la salida de la mesa por parte de la oposición tras los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric.

Así, este martes el Ejecutivo comunicó que se llegó a acuerdo con la asociación de alcaldes y gobernadores, pero que no selló un pacto con los partidos políticos, sino que se acordó con representantes del oficialismo y con el senador Manuel José Ossandón y el diputado Gaspar Rivas (PDG) -los únicos opositores en el diálogo- socializar los compromisos alcanzados de aquí a fines de febrero para poder sumar apoyos más transversales y, en marzo, firmar -con ceremonia incluida- un documento formal.

A través de un documento de 14 páginas, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública detallaron el compromiso alcanzado.

En primer lugar, se hace mención de la problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes que están propensos a caer en actividades delictuales.

Para ellos se busca extender el “Programa Lazos” de 56 a 95 comunas. Este plan opera en labores de prevención con los jóvenes, ofreciendo un trabajo multidisciplinario con trabajadores sociales, psicólogos y profesionales de la educación.

También elaborará un plan intensivo para evitar la deserción escolar con un ajuste en la subvención por retención, además de la formación y refuerzo a 50 mil docentes, desarrollar redes de convivencia escolar, más un plan de Conectividad Digital que se aplicará en 9.000 establecimientos educacionales.

De acuerdo al acuerdo alcanzado por el gobierno, en materia de prevención del delito se buscará que las municipalidades tengan otro rol. Para ello se buscará modificar su funcionamiento con un proyecto de ley que se presentará el primer semestre de este año. Con ello se buscará que se incorporen criterios de seguridad en la planificación urbana y territorial de las comunas. Además, se busca reformar los Consejos Comunales de Seguridad, donde se incluya la participación vecinal y de los Juzgados de Policía Local.

En otro punto se indica que se buscará modificar la legislación para la creación de un cargo especialmente dedicado a la seguridad. Con ello se establecerán requisitos e inhabilidades específicas para ocupar o salir del cargo.

En esa línea, también se busca que los inspectores municipales de seguridad puedan verificar el cumplimiento de medidas cautelares, como también a trasladar ellos mismos hasta dependencias policiales a personas que hayan sido sorprendidas cometiendo algún delito, previa autorización policial.

Otro de los puntos consiga que se promoverá que los municipios impulsen mecanismos alternativos para la resolución de conflictos entre vecinos.

En cuanto a los gobiernos regionales, las modificaciones se presentarán en agosto de este año. Con ellas se buscará que puedan diseñar, ejecutar y evaluar programas y proyectos en materia de prevención del delito y de atención y asistencia a víctimas, debiendo ser siempre coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública en el marco de sus atribuciones constitucionales.

Otro punto anuncia que se presentará -el primer semestre de 2023- un proyecto de ley para que los Gobiernos Regionales tengan la facultad para crear una división o departamento de Prevención del Delito y de Atención y Asistencia a Víctimas.

Además, se buscará el desarrollo de seis convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y los gobiernos regionales para diseñar proyectos de inversión regional en materia de prevención del delito que se ajusten a orientaciones técnicas basadas en evidencia.

En este ítem, el compromiso del gobierno asegura que se ingresarán indicaciones a la ley de Seguridad Privada para fortalecer la coordinación con las policías y reforzar los principios de corresponsabilidad de los actores privados. Una vez ocurrido, durante el primer semestre, se pondrá suma urgencia al proyecto.

También se apoyarán mociones parlamentarias que buscan aplicar medidas de seguridad al interior de las sucursales bancarias.

En cuanto a los asaltos en los distintos centros comerciales, desde Interior se asegura que ante “los insuficientes avances en los acuerdos entre tiendas y centros comerciales”, desde el Ejecutivo se enviará un proyecto de ley con normas similares a las establecidas para cajeros automáticos, lo que busca reducir la factibilidad de estos atracos. Esto será enviado al Congreso el segundo trimestre de este año.

En cuanto a los delitos cometidos por personas que se movilizan en una moto, desde el Ejecutivo se comprometieron a la regulación de estos vehículos. Además, se mantendrá durante todo el año el plan de fiscalización a estos vehículos ejecutado desde el Ministerio de Transportes. Adicionalmente, se creará un registro de los repartidores de aplicación, comenzando con un plan piloto en las comunas de San Miguel e Iquique. Además, se buscará que la patente de la moto esté en el chaleco del conductor, como en su casco y el del pasajero.

Además, se buscará modificar las leyes que regulan la seguridad en los eventos masivos y deportivos.

Respecto al deterioro de espacios públicos, el compromiso acordado buscará la recuperación de estos en conjunto con distintos estamentos y ministerios. Se pretende la recuperación nocturna a través de fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito en coordinación con las municipalidades.

Además, con el fin evitar la toma de terrenos desocupados -sitios eriazos- se propondrá un aumento en las contribuciones para los dueños de estos lugares que estén en zonas urbanas, proyecto que tendrá urgencia durante el segundo semestre de 2023.

También hay un compromiso con una “mayor presencia del Estado en los barrios vulnerables expuestos a la ‘narco beneficencia’ y al control territorial por parte del narcotráfico. Se ejecutarán operativos de control en dichos sectores y se desarrollará una metodología de recuperación de la presencia del Estado y de reactivación de la comunidad que será piloteada en barrios de dos regiones”.

El acuerdo consigna un compromiso de apoyo a la creación de un protocolo integral interinstitucional para enfrentar casos recurrentes de violencia de género que está siendo coordinado desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Además, se busca que la violencia intrafamiliar entre en el reglamento STOP de Carabineros para dar seguimiento y priorización a este delito a través del reconocimiento y mejor respuesta.

Además, se buscará rehabilitar y apoyar en la reinserción social a mujeres que hayan sido condenadas por la Ley de Drogas.

El compromiso adquirido por el gobierno establece que se presentarán indicaciones durante el primer semestre de 2023 al proyecto que crea el Servicio de Atención a Víctimas para incorporar criterios de representación similares a los ya existentes en la Defensoría Penal Pública para las víctimas de delitos violentos. Además, ya se comenzará la elaboración del catálogo de delitos, el que incluirá todos los referentes a homicidio y violaciones.

Asimismo, se elaborará una carta de derechos de la víctima, similar a la de derechos y deberes de los pacientes en el sistema de salud, donde se establecerán obligaciones mínimas de información, consulta y trato que, será presentado como proyecto de ley a finales de este año.

También se buscará la eximición en las contribuciones a los dueños de predios o inmuebles a los que el Estado no haya logrado completar la orden de desalojo. También se incluye a las víctimas de incendios ocasionados por terceros.

Sobre el control para evitar el aumento de homicidios y el uso de armas de fuego, se comprometieron una serie de modificaciones legales. Entre ellas se cuentan el aumento de la pena para quienes sean sorprendidos portando armas sin autorización en sitios de alta concurrencia.

Además, se enviará un proyecto de ley en marzo próximo para penalizar el transporte de combustibles utilizado en la fabricación de bombas artesanales en el contexto de desórdenes públicos.

También se buscará mejorar el control y fiscalización de armas y municiones, con la ampliación de la cobertura y la identificación de grupos o sectores donde pueda ocurrir el desvío de armas.

Se fortalecerá el sistema de trazabilidad de armas de fuego asegurando la disponibilidad de recursos tecnológicos y sistemas de identificación balísticos adecuados con la incorporación de nueva tecnología para Carabineros y Policía de Investigaciones.

Además, se fortalecerá el control que efectúa Aduanas para evitar que ingresen piezas y otros para la fabricación de armas.

Mediante el documento, se establece que se capacitará a los policías y miembros de las Fuerzas Armadas que sean destinados al control fronterizo. Además, se compromete una modificación a la ley para facilitar la expulsión de extranjeros.

También se compromete a intensificar el trabajo con Bolivia con motivo de las reconducciones, lo que se hará a través del Parlamento Andino.

Además, se modificará la ley para estudiar la situación de una persona antes de otorgarle la calidad de refugiado.

También se asegura que se busca “habilitar el control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas con exclusión de los centros urbanos, incorporando la posibilidad de registro de vestimentas y equipaje a 10 km. El Ejecutivo presenta proyecto en junio de 2023″.

El compromiso gubernamental también busca la creación de herramientas para perseguir el delito de trata de personas. Entre las medidas comprometidas se asegura que se apoyará a las víctimas de este ilícito y además, se incorporarán otras formas de explotación como la mendicidad y el matrimonio servil.

También se tipificará que personas jurídicas también pueden realizar trata de personas y tráfico de migrantes. Se creará una “Ley Anticoyotes” para extender la detención de los principales implicados en estos casos.

Respecto a este punto, el acuerdo asegura que se buscará el despacho de la ley que regula la ciberseguridad antes del tercer trimestre de 2023. También se apoyará una moción parlamentaria relativa a la violencia digital.

Desde el gobierno se comprometen a impulsar el proyecto contra el crimen organizado y que se encuentra en su tercer trámite legislativo. Además, durante abril se presentará un proyecto complementario para levantar el secreto bancario cuando haya sospechas de este ilícito, donde además se buscará aplicar inteligencia artificial en la búsqueda de movimientos fuera de regla.

Respecto a la comercialización ilegal de drogas, se buscará despachar la Ley de Narcotráfico durante marzo. Además habrá una “actualización de la normativa que diferencia narcotráfico, microtráfico y consumo de drogas no autorizadas, con criterios claros que den certeza y eviten discrecionalidad. Ejecutivo presentará proyecto en julio de 2023″.

En cuanto a los delitos de connotación social, desde el Ejecutivo se comprometieron a sancionar los actos preparatorios de sicariato, al que se le pondrá suma urgencia en marzo.

Además, se busca la “entrega de facultades a Gendarmería para ser auxiliares en la investigación y permitir que acceda al banco unificado de datos para el cumplimiento de su función como custodio” y se buscará elevar las penas para los delitos de secuestro, proyecto que será ingresado en abril.

Se buscará que las detenciones sucesivas sean un factor a considerar por los jueces a la hora de decretar una prisión preventiva.

El documento detalla que “propuesta de iniciativa legislativa para facilitar la persecución y sanción de las ocupaciones ilegales que en la actualidad quedan prácticamente impunes, propuesta por los senadores Jaime Quintana y José García Ruminot). Ejecutivo presentará indicación en marzo de 2023″.

Respecto a los centros de cumplimiento penitenciario, se establece que se hará una segregación carcelaria y se procederá al bloqueo de la señal de celulares como exigencia a los nuevos prestadores telefónicos.

En este punto, el acuerdo establece que “el Ejecutivo desarrollará los estudios para la modificación a la ley vigente con el objetivo de tipificar el delito terrorista de una manera que permita su persecución efectiva y de mejorar los instrumentos para su investigación y sanción”.

Dichas modificaciones se presentarán a mitad del año 2023.

En otros puntos, se establece también que se establecerá la obligatoriedad del inicio de actividades para personas que ejerzan el comercio exterior. Además, se presentará un proyecto de ley para el delito de contrabando que incluya el ingreso o extracción de dineros del territorio nacional.

Se establece que se busca acelerar la tramitación de su creación, mediante “aclarar expresión regional del Ministerio de Seguridad y del Ministerio del Interior a través de dos autoridades regionales de un rango superior al de los seremis, y dos, fortalecimiento del Ministerio del Interior, entregando al Presidente de la República facultades para reordenar sus atribuciones y competencias a través de un DFL. Estas indicaciones serán presentadas en mayo de 2023″.

“Complementariamente se presentará una reforma constitucional para transformar la actual figura del delegado presidencial en dos autoridades que asumirá sus actuales funciones: la jefatura del gabinete regional y la autoridad regional de seguridad”, consigna el documento.

Se establece el fortalecimiento del Ministerio Público, mediante el presupuesto 2023. Además, se ingresará un proyecto que buscará la creación de fiscalías suprarregionales para los delitos complejos, indicación que se presentará el primer semestre de este año.

Se presentará una serie de indicaciones al proyecto de Ley de Inteligencia que permitirá mejorar las tareas del área. Para esta materia se conformará una mesa de trabajo con parlamentarios para recoger ideas y sugerencias.

El documento afirma que existirá un “mandato legal para compartir y homologar información en línea de todos los organismos públicos que manejan datos relevantes en materia de seguridad”, proyecto que se presentará durante segundo semestre de 2023.

Además, se creará “una unidad encargada de consolidar información y datos en el próximo Ministerio de Seguridad. Incorporado en proyecto del Ministerio de Seguridad”.

Se buscará “promover formación avanzada de civiles en materias policiales y de seguridad” y “establecer en el Ministerio de Seguridad competencias efectivas para llevar adelante el control civil de las policías de manera profesional y con continuidad institucional más allá de los ciclos políticos. Incorporado en el proyecto del Ministerio de Seguridad”.

En este ítem, se compromete a fortalecer y especializar las funciones de Carabineros. Además, de ampliar su movilidad de escalafones.

Además, se busca ampliar la carrera funcionaria de los policías, estudiando postergar su edad de jubilación.

Respecto a la institución uniformada también se comprometen actualizaciones currículares y mayor transparencia.

Además, se compromete a un aumento de 900 plazas.