Durante esta jornada la directora de Amnistía Internacional-Chile, Ana Piquer, dará a conocer un informe de 14 páginas en el que el organismo realiza "un estado de cuenta" respecto a lo que califica como la "deuda" del gobierno del Presidente Sebastián Piñera en materia de DD.HH.

El documento –al que tuvo acceso La Tercera- aborda dicha óptica en el marco de la cuenta pública que el Mandatario efectuará el sábado 1 de junio en el Congreso en Valparaíso, y realiza un duro diagnóstico en dicha materia asegurando que "durante el primer año de mandato del Presidente Sebastián Piñera, hemos visto que el gobierno ha tomado decisiones que lamentablemente implican que la deuda ha crecido en lugar de disminuir".

Si bien AI-Chile asegura en dos partes de su informe que el documento "no tiene la pretensión de ser un análisis exhaustivo", entre sus conclusiones afirma que "el gobierno del Presidente Piñera nos debe derechos, acciones concretas que impliquen disminuir la deuda pendiente que tiene Chile sobre la temática".

El informe analiza 26 áreas, como las relativas a derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual y de géneros, personas migrantes y refugiadas, medioambiente, pueblos indígenas, entre otras. Donde, salvo en las leyes de Identidad de Género y la que crea el Mecanismo Nacional de Tortura –que según el organismo han disminuido la deuda-, en todo el resto la evaluación es que el gobierno está al debe.

De hecho, la deuda ha aumentado en un 53,85% de lo analizado, de cuyo desglose se da cuenta en el anexo final del texto; se ha mantenido en un 38,46%, mientras que la situación ha mejorado en un 7,69% de las áreas.

Sobre este ítem, Amnistía Internacional-Chile asegura que "este gobierno ha tomado decisiones que han implicado que durante 2018 la deuda en esta materia haya aumentado" debido a que -según explican- no se ha asegurado "una adecuada aplicación de la ley vigente, sino por el contrario, ha desarrollado acciones que obstaculizan su aplicación".

Si bien AI-Chile valora la Ley de Aborto en tres causales, la califica como un "avance parcial", señalando que "esta deuda ha vuelto a aumentar, debido a que la ley no se puede aplicar adecuadamente".

El organismo cita "como ejemplo más evidente" de esto la discusión respecto al "reglamento para la aplicación de objeción e conciencia", donde algunas instituciones recurrieron al Tribunal Constitucional para poder ser declaradas objetoras de conciencia, lo que finalmente el citado tribunal accedió. 

En materia de "educación sexual integral", desde AI-Chile señalan que la deuda no ha aumentado, sino que "se mantiene", pero que podría avanzar, citando algunas iniciativas legislativas impulsadas por parlamentarios y el mismo gobierno para ampliar el rango de años en que se trate la materia en los establecimientos educaciones.

En cuanto al área de "diversidad sexual y de géneros" Amnistía Internacional-Chile asegura que la modificación del Plan de Derechos Humanos contribuye al "aumento de la deuda" al eliminar el rol de los gobiernos "en promover la igualdad de derechos en materia de matrimonio".

Según el organismo, lo anterior podría implicar "el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa suscrito por el estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

También se enfatiza en que la adopción de parejas del mismo sexo no ha "contado con un apoyo activo del gobierno", y que se mantiene una deuda en relación "al reconocimiento más amplio de la filiación tratándose de parejas del mismo sexo".

El informe sí valora una "disminución de la deuda" con las personas transexuales y transgénero adultas con la publicación de la Ley de Identidad de Género, promulgada por Piñera en noviembre pasado, que permite el cambio de nombre y sexo registral, aunque considera que esta iniciativa "resulta restrictiva para jóvenes de entre 14 y 18 años, y excluye por completo la infancia trans al no permitir que menores de 14 años puedan realizar este cambio, por lo cual a su respecto la deuda se mantiene intacta".

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El 28 de noviembre pasado el Presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Identidad de Género. Foto: Agencia Uno.[/caption]

En este apartado se abordan lo que Amnistía Internacional-Chile considera como "situaciones de discriminación y violencia en contra de personas migrantes y refugiadas". En esa línea, el organismo asegura que "lamentablemente, las medidas que el gobierno ha adoptado en su primer año no han contribuido a disminuirla al enviar un mensaje diferente".

Y que "la deuda del gobierno con personas solicitantes de asilo y refugio ha aumentado", considerando aspectos como la, "preadmisibilidad de refugio", trámite que AI-Chile considera como "un impedimento arbitrario al ejercicio de derechos de las personas".

Respecto a las personas migrantes, se critica el llamado "proceso de regulación extraordinaria" que el gobierno viene realizando desde 2018, cuestionando la "falta de información clara para las personas migrantes sobre el proceso" y "el hecho de que podría dejar a las personas hasta 1 año sin permiso de trabajo".

De acuerdo a Amnistía, esto se podría traducir en "expulsiones colectivas", aludiendo al cuestionamiento al respecto que ya hizo la representante de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. en América del Sur en una presentación ante el CIDH.

También se muestra preocupación por la narrativa del gobierno en este tema. Aunque no alude directamente al Presidente Piñera, Amnistía Internacional, sí menciona una frase suya, asegurando que "la idea instalada por el gobierno de 'ordenar la casa' resulta brutal cuando se está hablando de personas, pues 'ordenar la casa' usualmente significa botar lo que no nos sirve".

Se señala, también, que la deuda del gobierno "aumenta aún más" por la decisión de no firmar el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular y que "se mantiene la deuda de muchos años" respecto a contar con una legislación de migrantes en Chile.

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Presidente Piñera saluda a efectivos de la PDI que colaboran en el proceso de regulación de migrantes impulsado por el gobierno. Foto: Agencia Uno.[/caption]

Al respecto, se apunta como un "aumento de la deuda" el no avanzar con el proceso constituyente que impulsó el gobierno de Michelle Bachelet y el "no respetar el Plan Nacional de Derechos Humanos definido de acuerdo a la ley y revisarlo para 'ajustarlo a su programa de gobierno'".

En materia medioambiental, se asegura que la decisión de Chile de ser sede de la COP 25 "no es en sí mismo un avance, sino -por el contrario- pone sobre el gobierno una mayor presión para mostrar su liderazgo en la materia mediante medidas reales".

Y se dice que la postura de no firmar el Acuerdo de Escazú "aumentó la deuda", asegurando Amnistía Internacional-Chile que dicha decisión "de último minuto que contradijo todo lo que Chile había hecho en apoyo del tratado anteriormente -incluido ser, junto con Costa Rica, uno de los países convocantes al evento de firmas- mostró una señal en sentido exactamente contrario".

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El Presidente de la República, acompañado por la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, encabezó el 11 de abril pasado el lanzamiento de la cumbre sobre cambio climático COP 25. Foto: Agencia Uno.[/caption]

Sobre este punto Amnistía Internacional señala que "consideramos que la declaración suscrita por cinco países -que habría sido liderada por el gobierno de Chile- en la que de alguna manera plantea cuestionamientos a la manera en que el sistema ha operado, implica el aumento de una deuda".

Sin embargo, el organismo destaca una "disminución" de la deuda tras el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

La institución también hace hincapié en el derecho a manifestarse en espacios públicos, señalando sobre el derecho a reunión que algunas medidas anunciadas por el gobierno han ayudado a incrementar la deuda, entre ellas el proyecto Aula Segura y el Plan Calle Segura, éste último que incluiría uso de drones con reconocimiento facial.

En el informe, Amnistía Internacional-Chile, además, cuestiona el excesivo uso de la fuerza por parte de Carabineros y dice que la publicación de los protocolos en medida de control de manifestaciones -que el gobierno realizó como parte de una medida de reparación acordada con la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Alex Lemún- "no ha contribuido a disminuir la deuda en términos de generar una disminución efectiva de la violencia policial, deuda que se mantiene intacta". Sin embargo, dicen que ésta "ha aumentado mirando la situación específica del pueblo mapuche".

Además, la ONG cuestiona la creación del denominado "Comando Jungla", el cual derivó en el caso del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, pidiendo que se asegure "un trato justo al pueblo mapuche, sin recurrir en la criminalización".

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Presentacion del Plan Araucanía el 28 de Junio del 2018, donde se dio a conocer al denominado "Comando Jungla". Foto: Agencia Uno.[/caption]

Se añade que en cuanto a "asegurar un trato justo al pueblo mapuche, sin incurrir en la criminalización, ya sea mediante los medios de comunicación, el uso de la ley antiterrorista y del sistema de justicia penal, el gobierno ha tomado medidas que estimamos aumentan la enorme deuda que ya existía en la materia".

En ese mismo sentido, AI-Chile dice que el uso de la Ley Antiterrorista "en contra del pueblo mapuche ha persistido" por lo que es "imprescindible" reformarla. También se hacen presentes reparos respecto del manejo comunicacional del gobierno sobre los incendios forestales de febrero de 2019, ocurridos en La Araucanía, donde algunas "personalidades de gobierno dejaron entrever que habría responsabilidad de personas mapuche y sus reivindicaciones sin proporcionar información o evidencia precisa".

Se señala que es "particularmente preocupante" la determinación del gobierno de tramitar "mediante una 'ley corta' que regule solamente algunas técnicas especiales de investigación", por lo que registran un incremento de la deuda en esta materia. Actualmente la ley corta antiterrorista se está tramitando en el Senado, donde el gobierno dispuso su "discusión inmediata".

Finalmente, Amnistía Internacional indica que "estaremos atentos/as a la cuenta pública del Presidente Piñera el día 1 de junio de 2019, evaluando si en su discurso adopta compromisos que permitan disminuir algunas de las deudas identificadas".