Uno de los puntos más complejos de la negociación por un nuevo acuerdo político está radicado en este punto. Todos los partidos que están sentados en la mesa, salvo los republicanos, coinciden en que debe haber un nuevo órgano que redacte una segunda propuesta de nueva Constitución. La gran piedra de tope es si los integrantes de ese órgano deben ser electos en su totalidad.

Al finalizar la segunda ronda de tratativas, el lunes 12 de septiembre el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), dio a conocer lo que, según él, era un acuerdo de todos los partidos negociadores. “Que la nueva Constitución sea elaborada por un órgano elegido en su totalidad por la ciudadanía, 100% elegida democráticamente, de manera tal de preservar un principio básico de este proceso, que sean los ciudadanos los protagonistas del proceso constituyente, que su voz sea escuchada y respetada”, aseguró el líder de la Cámara Alta.

Pese a su optimismo, el tema aún está lejos de ser compartido por todas las colectividades políticas. En el oficialismo no hay dudas. La idea es respaldada por el Socialismo Democrático, el PC, el Frente Amplio (FA) y el gobierno. En todos esos sectores, de hecho, aseguran en privado que este es un tema de convicción democrática, más que un asunto amarrado a cálculos electorales. Esto último adquiere relevancia, sobre todo ante la incertidumbre que genera en el oficialismo la posibilidad de que otra vez el electorado no los apoye, dado que el último antecedente de este tipo fue la paliza del Rechazo. Pese a esa incógnita, aseguran que el asunto no es transable.

Luego de las palabras de Elizalde, en un primer momento una parte de la derecha compartió el punto. “Un órgano democráticamente electo y con paridad. En esos conceptos nosotros estamos de acuerdo”, aseguró el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya.

Pese a sus declaraciones, horas después la derecha -que este martes anunció que se restará del encuentro del jueves- puso en duda su apoyo a ese punto. A través de una declaración pública, los tres presidentes de partidos de la oposición acusaron una precipitación de los resultados de las negociaciones. Sobre todo apuntando al oficialismo y al gobierno, ya que desde ambos sectores comunicaron el asunto como un acuerdo cerrado.

Sin embargo, lo que hay detrás de la reacción de la derecha es una soterrada disputa -que enfrenta las bases de los partidos de derecha y sus mesas directivas- por definir si están o no de acuerdo con que el órgano sea 100% electo y por cómo continuar avanzando con el nuevo proceso constituyente. Un sector plantea que ese modelo, el mismo que tuvo la Convención Constitucional, recibió un portazo de la ciudadanía en el plebiscito de salida. Además, agregan que si se repite la misma fórmula, entonces se obtendrá el mismo resultado, es decir, un texto alejado de las demandas de las personas.

El nudo anterior deriva en otro punto en disputa: la cantidad de integrantes del nuevo órgano. La Convención Constitucional quedó integrada por 155 convencionales, misma cantidad de escaños que hay en la Cámara. En esa cifra iban incluidos los escaños reservados indígenas.

Los únicos que han transparentado su postura, hasta ahora, son el PS y el PPD. Ambos partidos oficialistas defienden que el órgano lo integren 100 personas. El resto de las fuerzas políticas aún no toman una definición de este tipo, alguno plantean que podría ser un organismo integrado por 50 personas o que esta determinación va amarrada a otras definiciones como, por ejemplo, el mecanismo electoral que se defina para elegir a los futuros redactores de la segunda propuesta.

El acuerdo constitucional de noviembre de 2019 se basó en una definición política clave: la propuesta de nueva Constitución partía desde una hoja en blanco, es decir, se redactaba su contenido desde cero, que fue lo que hizo la Convención. Ese diseño es el que, según sectores de la derecha, derivó en el fracaso del Apruebo en el plebiscito de salida.

Por lo mismo, la oposición pretende que, en esta segunda etapa del proceso constituyente, el órgano que se constituya para redactar la propuesta de nueva Constitución tenga bordes más claros que permitan acotar el trabajo tanto en sus contenidos como en su duración.

A la Convención Constitucional, pese a que tenía hoja en blanco, la Constitución vigente le impuso algunos límites. Por ejemplo, el inciso cuarto del Artículo 135 de la Carta Magna fija que el texto que redactarían los convencionales tenía que respetar “el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

La derecha quiere que esos límites o bordes puedan, incluso, incluir asuntos de contenido. Una opción podría ser explicitar los puntos de consenso que existan previamente, de manera que esos temas queden zanjados desde un inicio y el órgano redactor solo se encargue de detalles y de darle forma de normas constitucionales.

Esas pretensiones van a chocar directamente con el oficialismo. El FA ya explicitó que el órgano debe tener una “hoja en blanco como punto de partida”. El PS y el PPD deslizaron, en el documento que resume la propuesta, que “la nueva Convención debe trabajar sobre la base de la deliberación de los procesos impulsados por la Presidenta Bachelet en 2016, la recepción de propuestas de la Convención y el texto de la propuesta de la Convención”, y replicar los límites del Artículo 135.

Todos los partidos políticos están de acuerdo en que, a diferencia de lo que fue la experiencia de la Convención, los expertos deben tener un rol relevante en la redacción de una nueva propuesta constitucional. El problema es que todos los sectores se imaginan fórmulas distintas.

El PS y el PPD se la jugarán para que la eventual nueva Convención forme una comisión de expertos de 35 miembros elegida “en forma proporcional a sus mayorías”. El FA quiere un comité técnico que sea electo por los tres poderes del Estado, la academia, las municipalidades, las organizaciones de la sociedad civil y la Contraloría. Este comité actuaría en dos momentos: preparando la instalación del órgano y luego haciendo acompañamiento técnico.

La derecha es el sector político que más énfasis ha hecho en la necesidad de contar con expertos. Sin embargo, aún no ha entregado una propuesta concreta. Internamente hay una sola certeza: no quieren que los expertos tengan un rol secundario y sin facultades. Sobre la mesa estaría presente la posibilidad de incluir a decanos de facultades de Derecho. Una vez definidas sus atribuciones, habrá que despejar la cantidad de especialistas que se incorporarán.

Durante los 12 meses de funcionamiento de la Convención Constitucional hubo una regla de oro que caracterizó todo su funcionamiento: los 2/3. Ese fue el quórum fijado para que el órgano redactor pudiera aprobar las normas que pasaban a formar parte del borrador.

Los 2/3 es el quórum calificado más alto que existe en las reglas de votación del Congreso. Corresponde al 66,6% y en una instancia de 155 representantes, implica contar con el apoyo de al menos 103 personas.

A pesar de que ese quórum se pensó como una garantía para lograr acuerdos al interior de la Convención, no existiría una buena evaluación de sus resultados. El PS y el PPD propusieron bajar ese quórum a 4/7 o 3/5. El resto de las fuerzas políticas no han transparentado su postura, pero en sectores de la derecha también habría apoyo para pensar un quórum que asegure acuerdos, pero que sea inferior a los 2/3 de la Convención.

El ánimo general de los partidos políticos que están negociando un nuevo acuerdo es que la segunda etapa del proceso constituyente tiene que ser más acotado en su duración. Para cumplir ese objetivo resulta necesario ahorrar tiempo. Por eso una idea que ya concita apoyo es que el nuevo órgano no gaste tiempo elaborando su reglamento.

La Convención demoró tres meses en su instalación y en la redacción de sus propias reglas. Una opción que toma fuerza es ocupar los reglamentos del Congreso, documentos más que probados para la deliberación democrática de leyes. Un camino sería usar el de la Cámara Baja, pero hasta ahora concitaría más apoyo el del Senado.

¿De qué forma podrán competir los independientes? La respuesta a esa pregunta probablemente marcará una de las batallas políticas más fuertes entre los partidos. La elección para escoger convencionales permitió que los independientes pudieran competir en listas de candidatos. Eso, algo que no ocurre en las elecciones parlamentarias, definirá los resultados de esos comicios.

La Convención, como ningún otro órgano colegiado del país, quedó integrado por una gran mayoría de convencionales independientes que no militaban en ningún partido político. Para varios analistas, esa fue quizá la razón por la cual el órgano quedó tan fragmentado y no se pudo articular un liderazgo que permitiera darle conducción a la instancia.

Por lo mismo, al momento de negociar, este punto será clave. Algunos se la van a jugar para cerrarles la puerta a los independientes y solo permitir que puedan competir al interior de listas de otros partidos. La fórmula que se escoja para desenredar este nudo definirá el tipo de composición que tenga el nuevo órgano.

Un punto característico de la Convención fue que se transformó en el primer órgano colegiado de representación popular que tuvo escaños reservados indígenas. De hecho, para varios exconvencionales estos escaños tuvieron un rol fundamental en la discusión de todas las normas sobre pueblos indígenas.

Si bien hay coincidencia en que deben estar presentes, la interrogante es en qué proporción. Lo primero será definir si serán supranumerarios, es decir, adicionales a la cantidad de escaños que se defina para el nuevo órgano. Luego establecer cuántos serán por pueblo. Una idea que estaría ganando apoyo es la de amarrar el número de escaños a la cantidad de electores que participaron de la última votación. Esto, debido a que varios escaños indígenas de la Convención fueron electos con muy pocos votos y tenían el mismo peso que otros representantes.