Luego de críticas: Tohá cede y se abre a cambiar propuesta que busca diferenciar a migrantes en reglas de uso de la fuerza

La tarde de este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá, concurrió a las comisiones unidas de Constitución y Seguridad de la Cámara, que están a cargo de tramitar el proyecto de las llamadas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), iniciativa que recibió varias críticas principalmente desde la oposición, debido a las nuevas indicaciones que presentó el Ejecutivo.

El proyecto establece un protocolo de cómo los efectivos de las Fuerzas Armadas y de las policías deben reaccionar y actuar ante agresiones o la comisión de un delito, en tareas de orden público, seguridad o persecución criminal. Es decir, en qué circunstancias deben usar el armamento. Sin embargo, la discusión de esta iniciativa comenzó a precalentarse con la nueva propuesta gubernamental que establece recomendaciones para diferenciar el trato que deben dar los militares y los policías a grupos “vulnerables”.

“Los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores”, dice una de las indicaciones, que tiene un efecto general tanto para el control del orden público como para repeler un ataque o un delito.

Si bien algunos legisladores entendían que en un contexto de manifestación las fuerzas de orden pueden tener un trato distinto por mujeres o niños, resultaba inexplicable que esa indicación incluyera a migrantes, dado el actual contexto social producto de una criminalidad que está actuando más violenta, emulando prácticas de otros países.

En este escenario, la jefa de gabinete, quien había abordado ya por la mañana el tema ante los cuestionamientos, precisó sus dichos y reconoció que “es verdad que en el texto original tenía una parte (la mención a mujeres, niños y adultos mayores), pero en la indicación de agosto ya estaba todo (incluyendo migrantes e indígenas)”.

Tras escuchar los reclamos durante la sesión, Tohá dijo que nadie está obligado a votar las normas del Ejecutivo, que en ningún caso establecen un trato privilegiado, sino un trato diferenciado, que puede ser “más duro o más blando o más particular”. Incluso se abrió a modificar la propuesta. “El Ejecutivo no tendría ningún problema en buscar una solución”, aseguró.

El problema para La Moneda es que particularmente el tema de los extranjeros siembra reparos en la propia alianza gubernamental. “Tengo dudas”, dijo el diputado Leornardo Soto (PS), quien luego en las comisiones unidas matizó su postura.

Su par socialista Raúl Leiva, presidente de las comisiones unidas, también admitió que rechazaría el punto en cuestión, pero que igualmente esperaba tener un análisis más detallado de la nueva indicación. “Es un tema complejo, debatible. Sobre todo en cuáles son los grupos privilegiados. Es importante distinguir el contexto. Si se refieren a orden público o persecución criminal”, dijo Leiva, quien señaló que en caso de los migrantes estaría “absolutamente en contra”, pues deben tener el mismo tratamiento que un nacional de la República de Chile.

“No estoy para respaldar la posición de Interior respecto de reglas de uso de la fuerza con las consideraciones diferenciadas que se están planteando”, expresó el diputado Raúl Soto (PPD).

En tanto, el diputado Jaime Araya (independiente-PPD) sostuvo que aprobaría. Sin embargo, admitió que la redacción puede ser perfeccionada. “Sí comparto en que debe haber claridad, ya que algunas normas son de orden público y otras de FF.AA. Es mejorable en la tramitación legislativa”, expresó Araya.

Más temprano, Tohá tuvo que hacer un alto en la sesión especial del Senado, a la que fue convocada para abordar el caso del homicidio del refugiado venezolano Ronald Ojeda.

A esas alturas ya había dudas en el propio oficialismo por las nuevas indicaciones del Ejecutivo al proyecto de las RUF. Así, la ministra optó por salir a aclarar y contestar personalmente en una rueda de prensa los cuestionamientos.

En la ocasión, la secretaria de Estado explicó que la nueva propuesta no introduce “nada nuevo”, pues el trato diferenciado ya estaba en el mensaje “original”. A su juicio, simplemente se reorganizó la redacción. “Lo único que cambió es que este contenido cambió del artículo 14 al 11. Con las mismas palabras y el mismo texto. Aquí no hay novedad alguna en las indicaciones”, dijo la ministra.

Además, acusó una suerte de desinformación propiciada por los propios parlamentarios, ya que, a su juicio, este tratamiento diferencial está orientado a una fase de “comunicación disuasiva”, en que los efectivos antes de actuar con su armamento deben hacer advertencias. La secretaria de Estado señaló que una expresión equivocada de un funcionario, por ejemplo, puede escalar la situación en vez de apaciguarla.

“La comunicación no puede ser igual para un niño que para un adulto, no puede ser igual para una persona que habla nuestra lengua que para uno que no la habla. A una persona de la diversidad sexual, por ejemplo, un transexual varón, no se le puede llamar señorita”, manifestó.

No obstante, a pesar de la versión de la ministra, el mensaje original solo incluía menciones de trato especial para “mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad y persona adulta mayor (artículo 14)” y “en los casos en que presumiblemente exista presencia de niños, niñas y adolescentes (artículo 13)”.

La primera propuesta gubernamental no incorporaba a los migrantes. Ellos y los indígenas fueron incluidos en una indicación intermedia, ingresada en agosto de 2023, lo que terminó reconociendo por la tarde Tohá.

En la derecha apuntaron al “ideologismo” del gobierno por el tenor de las indicaciones.

El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputado, Andrés Longton (RN), afirmó que la propuesta del Ejecutivo “revela no solamente que no había acuerdo sino que el fanatismo identitario cargado de ideologismo por parte de este gobierno sigue descontrolado”.

Su par, José Miguel Castro (RN), manifestó que “vamos a presentar indicaciones”.

El diputado Henry Leal (UDI) fustigó que “el gobierno está escuchando demasiado al Frente Amplio, al Partido Comunista y no está haciendo lo que corresponde hacer: darles reglas claras a las policías y a las Fuerzas Armadas”.