Luz verde en el Consejo para la libertad de elección en salud y pensiones: republicanos reconoce que el objetivo es “limitar al legislador” y evitar “el monopolio estatal”

Este jueves, el Consejo Constitucional continuó con la votación del capítulo II que trata sobre los “derechos y garantías fundamentales”. En esta jornada, según consejeros del oficialismo, estaba en juego el “corazón del Estado social”, por lo que la votación en el pleno resultaba clave para las aspiraciones políticas de ese sector.

Como ha sido la tónica de las últimas jornadas, el oficialismo sumó una nueva derrota ya que la derecha consiguió aprobar la norma sobre libertad en salud y también en seguridad social. Esta cláusula es la que la izquierda, tanto en la Comisión Experta y en el Consejo, han dicho una y otra vez que “constitucionaliza el modelo de isapres y AFP”.

Aquí radica el principal nudo político de todo este proceso constitucional y que se arrastra incluso desde la primera fase del proceso con los 24 comisionados. Para la derecha era intransable establecer la libertad de elección a nivel de aseguradora en salud y a nivel de administradora en seguridad social, ya que para el sector es indispensable que las personas puedan escoger quién se hará cargo de sus cotizaciones obligatorias de salud y sus ahorros previsionales. Esto, a juicio del oficialismo, implica amarrar las “isapres y las AFP” y “transforma en inconstitucionales” las ideas del sector que pretenden avanzar hacia seguros únicos administrador por el Estado.

La norma que visó el Consejo sobre salud plantea lo siguiente: “Es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.

La gran novedad vino en la aprobación de un plan básico universal. Esta fue una idea promovida en la Comisión Experta por el comisionado Teodoro Ribera (RN) para convencer a la izquierda, pero aquella vez no hubo caso y el oficialismo no cedió. En el consejo, la norma fue defendida con fuerza por el consejero Germán Becker (RN) y Pilar Cuevas (RN).

Ese plan quedó regulado de la siguiente manera: “La ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales”. Pese a que RN quería que la norma explicitara que dicho plan era “obligatorio” y “solidario”, resistencias en la UDI y republicanos frustraron ese objetivo.

Durante el debate, fue el delegado de los republicanos, Luis Silva, quien transparentó el punto que justifica la ardua pelea entre ambos bloques por el tema de la libertad de elección en los derechos sociales.

“Muchos en esta sala querían el monopolio estatal, que solo el Estado provea de salud, educación, que se haga cargo de las pensiones de las personas. Precisamente por eso limitamos al legislador, porque podía llevarnos al monopolio estatal”, reconoció el consejero Silva.

Sus palabras de inmediato fueron recogidas por la izquierda, quienes lo usaron para confirmar los reproches que tiene el oficialismo en este tema. Los reparos del oficialismo, en todo caso, no apuntan a que la salud, educación y las pensiones se provean a través de prestadores públicos o privados, sino que están en contra que eso se traslade al nivel de las aseguradoras o administradoras.

“Las palabras que acabamos de escuchar son elocuentes ‘decidimos no habilitar al legislador’”, dijo el comisionado Domingo Lovera (RD) citando las palabras de Silva. El experto acusó que la propuesta que estaba en votación “constitucionaliza una política pública”. Esto debido a que el oficialismo ha dicho que resolver el problema de las isapres y las AFP, que se arrastra por décadas, es responsabilidad del “legislador” con sede en el Congreso y no a nivel constitucional.

Quien también criticó al consejero republicana fue la comisionada Catalina Lagos (PS): “Se ha planteado que la propuesta que hoy se somete a discusión y votación constitucionaliza opciones de política publica, lo cual fue refrendado por el consejero Silva al plantear ‘no habilitamos al legislador’”.

En el marco de la seguridad social, la oposición logró despachar el inciso que protege la propiedad de los ahorros previsionales. “Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”, se lee en el artículo.

Los consejeros además visaron lo que tiene que ver con huelga y libertad sindical. Esta era una línea roja para el oficialismo. La izquierda defendía que esto debía quedar como un derecho fundamental y sin limitaciones. Sin embargo, la derecha quería dejarlo circunscrito a la negociación colectiva.

Ese artículo quedó de la siguiente manera: “La libertad sindical. Esta comprende el derecho a la sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva”.

El pleno también aprobó las normas sobre educación y libertad de enseñanza. Aquí vienen los artículos que tratan sobre la libertad de los padres para educar a sus hijos y escoger el tipo de establecimiento. Además se dio luz verde a la norma, que fue promovida con fuerza por el jefe de los asesores republicanos Jorge Barrera, que garantiza aportes basales del Estado a la educación pública. El artículo, que plantea una innovación en este tema, casi fue visado de manera unánime. El consejero republicano Antonio Barchiesi fue el único que se restó.

El Consejo continuará durante la tarde votando el resto de los derechos sociales, entre ellos, vivienda, contribuciones y otros asuntos.