Marcel interviene conflicto de Servicios Locales de Educación Pública y gobierno accede a frenar su implementación

Desde su oficina en Santiago, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), siguió a distancia las negociaciones que dieron en el Senado en Valparaíso para destrabar el presupuesto del 2024 para su cartera.

Si bien hasta el miércoles en la noche, Cataldo había participado de las tratativas con los senadores integrantes de la Comisión de Educación, ya el jueves el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tomó el control de las conversaciones, dejando en un rol secundario al titular del Mineduc, según la lectura que hicieron algunos senadores. La intervención de Marcel implicaba un golpe de timón de parte del Ejecutivo, al menos en las apariencias, con el fin de abrir espacio a un entendimiento.

El nudo estaba radicado en la implementación gradual de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que buscan darle un rol protagónico al Estado en la administración de establecimientos.

En este tema, un grupo transversal de parlamentarios, incluyendo a algunos del oficialismo, pedía postergar la instalación de la nueva institucionalidad en vista de los problemas que se han evidenciado en algunas regiones, especialmente en Atacama. Esa presión se manifestó en el rechazo de la Cámara de Diputados a un conjunto de recursos para los SLEP, por lo tanto, existía una alta probabilidad de que ese escenario se repitiera en el Senado.

El problema de Cataldo es que igualmente estaba presionado por sectores de izquierda del oficialismo, como la propia colectividad donde milita el ministro, el Partido Comunista, que se resistían a dar señales de un eventual retroceso en el sistema de educación pública.

Este entrampamiento cambió con la irrupción de Marcel en las negociaciones y, hasta el cierre de esta edición, el inminente acuerdo ya estaba avanzado. En el punto central, el gobierno accedía a suspender la implementación de algunos SLEP, salvo los que ya están en marcha en ciertas provincias o cuya aplicación tenga una evaluación favorable de parte del mismo Mineduc.

“El Ejecutivo se compromete a.... (realizar) una pausa activa, evaluativa y de mejoramiento del traspaso de los establecimientos a los Servicios Locales de Educación... se suspenderá transitoriamente el traspaso del servicio educativo a los Servicios Locales de Educación Pública, a los que les correspondería hacerlo el primero de enero de 2024, a excepción de aquellos que de acuerdo a la evaluación del Ministerio de Educación se encuentren en condiciones adecuadas para ello... El Ministerio comunicará su decisión a través de un informe fundado, que contenga las razones de las definiciones adoptadas que deberá presentar a las comisiones de Educación del Senado y la Cámara”, dice el acuerdo que fue leído por el senador José García (RN), quien antes de proceder a su lectura en la sala agradeció el aporte del ministro Marcel, de la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos y de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

La base del acuerdo surgió de una propuesta que hizo la senadora Yasna Provoste (DC), que, en general, frenaba los SLEP y en algunas excepciones le delegaba al ministro Cataldo la responsabilidad y el riesgo de justificar qué servicio podría entrar en operaciones el próximo año. “El proceso se detiene, a menos que el ministro informe cómo pretende hacerlo”, dijo ayer Provoste.

Las negociaciones fueron intensas ayer. En vista de que la discusión de la Ley de Presupuesto ya corría contra el tiempo -el proyecto debe estar despachado a más tardar el próximo martes-, el ministro de Hacienda tenía que alternar su presencia en la Sala del Senado y en un cuarto contiguo donde se realizaban las negociaciones. En este ir y venir, el jefe económico del gobierno se iba turnando con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.

En representación de la Secretaría General de la Presidencia, en tanto, el seguimiento de las tratativas estaba a cargo de la subsecretaria Lobos, quien llevaba el registro de todos los acuerdos presupuestarios (no solo los relativos a Educación) que se materializarán en un protocolo que se anunciaría este viernes, mismo día que, coincidentemente, se conmemora el sexto aniversario de la ley que crea el Sistema de Educación Pública.

Por parte de la Comisión de Educación, los senadores García (RN) y Provoste (DC) fueron los interlocutores. Desde esta instancia del Senado, sus integrantes habían hecho una declaración, el 8 de noviembre, llamando al gobierno a hacer una pausa en el traspaso de escuelas a SLEP debido a la crisis de Atacama. A juicio de los senadores, la idea era “corregir las dificultades de la implementación inicial, hacer las correcciones legislativas y consensuar transversalmente un Plan de Recuperación de la Educación Pública en Chile”.

Por estos factores, la discusión de la partida del Mineduc -la cuarta en magnitud dentro de la Ley de Presupuestos con 4,8 billones de pesos- se había transformado en una de las peleas de fondo de la tramitación del erario nacional.

Los telefonazos hacia y desde la cartera educativa con la subsecretaria Lobos y la directora de Presupuestos se sucedieron durante buena parte de la jornada. En el entorno de Cataldo dicen que todo lo que ocurrió en el Congreso, al menos en la vereda oficialista, fue validado “política y técnicamente” por él y que lo que se está intentando instalar es una derrota política que no es tal y que sólo busca pasar cuentas por viejas rencillas.

De hecho, las mismas fuentes aseguran que Cataldo estuvo siempre encima de las tratativas y que el protocolo de acuerdo definitivo no será muy distinto a lo que conversó él hasta el miércoles con los parlamentarios. El Mineduc, dicen desde sus entrañas, estuvo hasta el final en las conversaciones. Que el ministro no haya ido al Congreso fue una decisión personal, porque se pensó que los acuerdos y detalles los termina cerrando principalmente Hacienda y la Segpres.

En tal sentido, desde el gobierno sostienen que el acuerdo considera el espacio para que el Mineduc pueda generar las políticas venideras en torno a la desmunicipalización, base que, señalan, fue lo que siempre se conversó con los senadores y que previamente se había articulado con los parlamentarios oficialistas.

Además, la idea de una “pausa activa” era una forma de atenuar la imagen de un frenazo al proceso, dejando establecido que será la cartera la que evalúe qué servicios deben instalarse y cuáles no. En el Mineduc lo ven como algo responsable y en línea con las indicaciones que ingresarían en un par de semanas.