Marcela Cubillos, ministra de Educación: "Yo desafío a que me digan qué ley no estoy cumpliendo"

"Cada gobierno tiene derecho a implementar su propia agenda, y eso no implica infringir ni la Constitución ni las leyes". Esta es una de las frases con las que la ministra Marcela Cubillos se defendió este viernes -entrevistada por Consuelo Saavedra, Matías del Río y Nicolás Vergara, en el programa Hablemos en off de radio Duna- ante la acusación constitucional que presentó la oposición en su contra.

Según la titular de Educación, el libelo -ingresado el jueves a la Cámara de Diputados- "no tiene fundamentos jurídicos". Así, sostuvo que "uno no puede tratar de meter las diferencias políticas como si fueran infracciones a la Constitución".

Usted planteó que con la acusación se limita la libertad de expresión y la libertad de ejercer una mirada política respecto de cómo se hace gobierno…

Esta es una acusación que se funda en hechos falsos y que no tiene fundamentos jurídicos. Uno puede tener una mirada crítica a muchas leyes, puede intentar reformar esos proyectos de ley, enviando proyectos de ley al Congreso, como lo hemos hecho, pero las leyes que hoy rigen uno está obligada a ejecutarlas, como lo hemos hecho. Sería lo mismo que en el gobierno pasado, que no les gustaba que existiera copago en materia de educación, mientras lo intentaban cambiar, uno los hubiera acusado de que no lo estaban aplicando. Acá se ha gobernado por muchos años por una coalición que es muy crítica de la Constitución, pero no por eso uno va a decir que esos ministros no estaban aplicando la Constitución… Yo escuché a algunos diputados, que son promotores de la acusación, que ya no me acusaban de no cumplir la ley, sino que de no implementarla con el debido entusiasmo y ahínco, pero esa no es una infracción constitucional. Yo desafío a que me digan qué ley no estoy cumpliendo, porque estamos cumpliendo todas las leyes exactamente al pie de la letra.

De alguna manera, la están acusando, sin decirlo, de boicotear las nuevas leyes…

Eso es bien increíble, porque al final, entonces, quiere decir que un gobierno, cuando aprueba leyes, son dogmas y nunca más se pueden volver a discutir. Por ejemplo, con la ley de gratuidad, lo único que tengo yo es un consejo asesor de rectores que lo único que hacen es pedirnos que enviemos un proyecto de ley para modificar el diseño con el que se hizo la gratuidad. ¿Quiere decir eso que yo no estoy cumpliendo la ley de gratuidad o que si tenemos una opinión crítica no podemos reformarlo? Cuando ellos implementan cambios a las leyes, le llaman reformas; cuando nosotros queremos cambiar leyes, le llaman contrarreforma. No, son reformas también. Cada gobierno tiene derecho a implementar su propia agenda, y eso no implica infringir ni la Constitución ni las leyes.

La procedencia de la acusación, finalmente, la ven los políticos. ¿Qué posibilidad real ve usted para evitar esto si es que los argumentos no parecen ser lo más relevante?

Primero, mi responsabilidad es aclarar los hechos de que se me acusan, como cualquier persona que siente y ve que está siendo acusada injustamente, porque, por ejemplo, hay un capítulo completo por enviar correos a los apoderados. Primero, quiero defender el derecho a hacerlo. O sea, por qué los apoderados solamente se van a poder informar de las políticas educacionales que estamos implementando por Twitter o por los portales. Por qué no se pueden enviar correos electrónicos. Lo hacemos mes a mes con información del Ministerio de Educación. Pero más grave aún que incorporarlo en una acusación constitucional es que parlamentarios, que consideraban que eso era ilegal, fueron a los organismos llamados a visar si era legal o ilegal: la Contraloría dijo legal, el Consejo para la Transparencia dijo lo mismo. Pero vuelven a ponerlo en un capítulo de la acusación constitucional como si fuera ilegal. Ahora, respecto a que es política o no política, bueno… Yo tengo fe en el servicio público y creo que un diputado que ve de buena fe esta acusación, puede decir "yo tengo diferencias políticas profundas con la ministra", pero uno no puede tratar de meter las diferencias políticas como si fueran infracciones a la Constitución y a la ley, porque esa es una acusación muy seria y que no se puede hacer sin ningún fundamento.

Los dos sectores que están ahora en pugna han caído en ese problema de, más bien, acusar políticamente. Se le hizo a Yasna Provoste y a Harald Beyer. ¿Ustedes hacen alguna autocrítica respecto a, cuando ustedes eran oposición, acusar a Yasna Provoste?

Hay una diferencia fundamental. Esa acusación se hizo posterior a diferentes dictámenes de Contraloría que constataban irregularidades en ese momento. Aquí lo único que yo tengo, frente a los hechos que se me acusan, son dictámenes o resoluciones de Contraloría que validan mi actuar.

¿Cómo evalúa lo que hizo la vocera de gobierno en su minuto, cuando se volvió a hablar de la acusación y encendió la pradera política al vincular al PS con el narcotráfico? ¿Finalmente, creó más condiciones para que la acusación avanzara?

No, porque la verdad es que el primer anuncio que tengo de una acusación constitucional, por la prensa, es a fines de abril, y desde ahí, sistemáticamente, cada dos o tres semanas.