Marcela Peredo, experta (Independiente): “Defenderé la primacía de la persona y la protección de sus derechos desde la concepción hasta la muerte natural”

Marcela Peredo (43) empezó a hacer clases de derecho constitucional a los 29 años. Estudió derecho en la Universidad de Talca, luego hizo un magíster en derecho constitucional en la Universidad Católica, otro magíster en investigación jurídica en la Universidad de los Andes y luego se doctoró en derecho en esa misma casa de estudios.

Los planes de Peredo para este año eran hacer uso de su beca Fulbright y desempeñarse como profesora visitante en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Sin embargo, su vocación de servicio -como afirma ella- la hizo renunciar a la beca, aceptar el llamado, cambiar los pasillos universitarios por la política y decir que sí al encargo de ser una de las 24 expertas de la Comisión Experta que tiene la misión de redactar, en tres meses, el anteproyecto de nueva Constitución. “Tenemos que hacer un difícil equilibrio entre aquello que uno puede pensar o que puede tener uno ya estudiado y ponerlo al servicio de los demás, pero también tener la generosidad de la escucha, de visión de conjunto y de poder poner eso al servicio de todas las personas, no solamente de este grupo”, comenta al referirse a su nuevo rol.

A diferencia de los otros comisionados, Peredo tuvo el patrocinio de diputados de varios sectores políticos. Su nombre contó con firmas de RN, Amarillos y algunos exmilitantes del PDG. “Mi nombramiento fue uno de los más transversales de todos los expertos, precisamente porque mi perfil siempre ha sido académico. Mucho se ha dicho que mi nombramiento es del PDG, pero yo jamás he militado en un partido político. Creo en la libertad académica y técnica que debe ser un plus para un órgano de expertos. Para lo otro ya estará la etapa del Consejo Constitucional en el que las personas elegirán a representantes en términos más bien políticos”, afirma.

Algunos comentan que usted junto con el comisionado Frontaura serán las voces conservadoras de la comisión. ¿Está de acuerdo?

Desde la academia yo siempre he hablado en términos de la doctrina social de la Iglesia. Si ser conservador es decir que el que está por nacer es persona, entonces sí soy muy conservadora. Si ser conservador, en cuestiones sociales, es querer proponer un Consejo Económico Social o decir que en algún punto es compatible la protección de los derechos sociales a través de órganos, entonces a lo mejor ya no soy tan conservadora. Ese encasillamiento de los expertos creo que no le hace bien al proceso.

Pero la primera idea sí marca cierto perfil.

Yo defenderé la primacía de la persona y la protección de sus derechos desde la concepción hasta la muerte natural. En todos mis trabajos académicos siempre he tratado de velar por la primacía de la persona en cualquier estado porque es la base de los derechos humanos.

Esta semana se votó la estructura constitucional. ¿Quedó conforme con el índice?

En términos generales la estructura está bien. Yo hice algunas abstenciones porque a mí me parece que el medio ambiente es un bien jurídico muy importante, pero normalmente en las Constituciones de otros países se trata como un derecho dentro de los capítulos. O lo tratan a través de órganos que protejan el medio ambiente. Esta idea de un capítulo en sí mismo para el medio ambiente puede ser errada, y por eso me abstuve, porque da la idea de que el medio ambiente puede tener una especie de primacía por sobre otros bienes jurídicos que también importan.

Usted fue de las 13 comisionadas que votaron a favor de un capítulo especial para regular las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad. ¿Qué le parece que se haya rechazado?

Creo en la necesidad de expresar materias de seguridad interior y exterior del país en un capítulo de la propuesta. La necesidad es imperiosa. Respecto del índice la pregunta es: ¿cuál es la necesidad de consagrar esto en un capítulo? A mí me parecía que era mejor consagrar esta materia en un capítulo de forma orgánica. Hay otros que no estaban de acuerdo y por eso la votación fue como fue.

El oficialismo dijo que no quería mantener la regulación en un capítulo especial, que fue el diseño que le dio la Junta Militar en el texto de 1980. ¿Comparte lo que dijeron en privado algunos expertos de su sector respecto de que esos argumentos reviven ciertas actitudes de la Convención?

No lo sé, es difícil saber exactamente qué piensa cada uno de los comisionados, no podría arrogarme ese derecho. En tiempos en que la delincuencia arrecia me parece que la señal no fue la correcta.

¿Cuál cree que va a ser el desafío más importante de su subcomisión?

El desafío es llegar a un consenso en materia de principios, algo que es muy difícil en el Chile en el que estamos hoy. El desafío es representar a las personas a través de las cosas técnicas que uno proponga. Yo también estoy aprendiendo con este proceso respecto a los consensos políticos, al venir más de la academia. Me parece que es importante llegar a ciertas bases que puedan proteger desde la primacía de la persona los derechos de todas las personas dentro del proceso.

¿Hay algún principio que usted quiera impulsar de forma especial?

No me quiero adelantar al debate, pero en principios obviamente que la primacía de la persona, la dignidad humana, que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad de derecho es una cuestión que sí o sí no podrían no estar, sería inconstitucional que no estuvieran.

Probablemente le toque enfrentar en su subcomisión la discusión por el aborto. ¿Cuál es su visión sobre este debate entre el derecho a la vida y la interrupción del embarazo?

Pienso que nosotros deberíamos resguardar ese aspecto bajo la idea de algunas convenciones de derechos humanos que ya existen. Diría entonces que para el caso de la vida, en general mi postura sería velar por una cuestión similar a lo que pasa en la Convención Americana de Derechos Humanos que dice que el derecho a la vida se protege desde la concepción y eso no es una cuestión mía, sino que es una cuestión de un tratado internacional que está firmado, ratificado y vigente.

Su subcomisión también regulará, en términos generales, el Estado social. ¿Cómo ve el debate entre Estado social y subsidiariedad? ¿Son principios incompatibles?

La subsidiariedad como concepto tiene dos aristas: una arista positiva y una arista negativa. La arista positiva se refiere a la palabra subsidium, que significa ayuda. Si una persona por tanto no tiene las condiciones necesarias para poder ejercer sus derechos libremente o para tener su vida en buenas condiciones conforme al bien común, naturalmente que el Estado tiene que ayudar. Hay otra subsidiariedad negativa que significa no interferir en la libertad, no absorber a las personas, porque si lo pueden hacer por sí mismas, entonces eso es subsidiariedad negativa. Si lo pensamos así el Estado social es compatible con la subsidiariedad activa porque en el fondo requiere que el Estado ayude a aquellos que no están en la misma condición. De lo contrario, ¿cómo vas a emparejar la cancha?

A pesar de que está en las bases, muchos expertos dicen que igual hay que darle contenido, ¿cómo se imagina ese Estado social?

Desde mi perspectiva yo siempre he pensado que sería bueno establecer un órgano, como lo tiene Francia o España, que se denomina Consejo Económico y Social. Son dos artículos, no es mucho, y lo que hacen es tratar de canalizar esas demandas y establecer ciertas políticas públicas para favorecer a las personas.

¿Es una especie de órgano encargado de darle vida a los derechos sociales?

Claro, se trata de órganos en los que en algunas experiencias participan trabajadores, representantes del Estado, del mundo privado, entre otros y fijan ciertos lineamientos. No podemos dejar establecido absolutamente todo en el texto constitucional, sino que dar espacio para que los órganos puedan funcionar de manera tal que operen para cualquier gobierno y en ese sentido puedan dar soluciones a las demandas de las personas.