Las escuchas telefónicas que realizó la Policía de Investigaciones al exasesor del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (FA), en el marco de las indagatorias por el caso ProCultura, dieron como resultado la arista penal por tráfico de influencias que tiene en la mira a Isabel Allende, quien debió dejar su cargo como senadora por orden del Tribunal Constitucional.

En la conversación que sostiene Crispi con su madre Claudia Serrano (PS) abordan la insistencia de Allende para cerrar la venta de la propiedad ubicada en Guardia Vieja, lo que no se concretó debido a los vicios constitucionales sobre el contrato.

En particular, las autoridades en ejercicio –en este caso, la senadora y la exministra de Defensa, Maya Fernández– ambas figuraban como herederas de la vivienda, lo que está prohibido por la Carta Magna.

En este escenario, la timonel del Frente Amplio reiteró su preocupación respecto a las recientes filtraciones de investigaciones a cargo del Ministerio Público.

Además, criticó la habitualidad con que se realicen medidas instrusiva, como las escuchas telefónicas en el caso de Crispi.

“Hay algunos antecedentes que sí parecen preocupantes cuando se vuelve una habitualidad pedir medidas intrusivas que incluso según un juzgado de garantía se asimilen al derecho penal de autor que es básicamente extralimitarse de algunos elementos", señaló.

Más allá de las filtraciones, la timonel frenteamplista evitió referirse al contenido de la grabación, en el que Crispi afirma que la exsenadora tenía gran interés en concretar la venta, la timonel frent

Y añadió: “Al parecer estas filtraciones y la presentación de querellas van solamente para afectar a un sector que ha demostrado una y otra vez que no está involucrado en estos casos”, sostuvo.