Para Evelyn Matthei no caben dos lecturas en el reglamento para funcionarios de la ONU: Michelle Bachelet no puede tener una fundación en Chile y, a la vez, ser comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y menos puede recibir fondos del Estado de Chile para financiar la recién lanzada entidad que bautizó como Horizonte Ciudadano.

"No le queda otra salida, según las reglas de las Naciones Unidas, ella tiene que renunciar a todo en Chile", dice la alcaldesa de Providencia y excontendora presidencial de la exmandataria en 2013. Tras haber consultado a abogados constitucionalistas, y con el reglamento de la ONU en mano -titulado Staff Regulations and Rules of the United Nations-, Matthei activó una ofensiva al interior de su sector que busca emplazar a Bachelet a dejar de tener participación en su fundación, incluyendo el cese de los pagos que el Senado le confiere cada mes desde que dejó La Moneda.

Matthei no descarta, incluso, que la ofensiva llegue hasta el punto de que la hoy comisionada de la ONU se vea obligada a restituir los pagos que el Estado le hizo mientras fue directora de la agencia ONU Mujeres entre 2010 y 2013.

"La regulación es muy tajante en cuanto a los pagos que vengan del gobierno", afirma Matthei, detallando que todo está consagrado en dos puntos del mencionado reglamento: el que dice Honores, Regalos o Remuneraciones, y el siguiente, el que se titula Conflicto de Interés.

En el primer inciso del apartado que habla de remuneraciones, el reglamento explica que "ningún miembro del staff aceptará honores, condecoración, favores, regalos o remuneración de ningún gobierno".

Según información pública del Senado, Bachelet recibió entre abril de 2010 y marzo de 2014, y a partir de marzo de 2018, una dieta como expresidenta que corresponde hoy a $ 9.349.851 mensuales, a los que se suma $ 1.733.296 por concepto de transporte y alrededor de $ 8.000.000 al mes para gastos de oficina, los que son destinados a su fundación.

Desde Horizonte Ciudadano respondieron a La Tercera que la exmandataria ya enfrentó estos mismos cuestionamientos cuando estaba en ONU Mujeres, pero entonces consultó la situación al organismo internacional. "Naciones Unidas analizó aquello y consideró que a mí debía dárseme el mismo trato de todos los expresidentes que han sido funcionarios de la ONU", explicó Bachelet el 2013

La ONU autoriza que sus funcionarios reciban pensión de sus países de origen pero no un sueldo. La Constitución de Chile en sus artículos 30 y 62 señala que los exjefes de Estado reciben "como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado". En ninguna parte se señala que esto constituya una pensión.

Pero para Matthei esos dineros no son el único punto que, a su juicio, contraviene las normas de la ONU. Bachelet también estaría ante un potencial conflicto de interés por el solo hecho de mantenerse ligada a su fundación.

El reglamento de la ONU define qué es un conflicto de interés: "Ocurre cuando, por acción u omisión, los intereses personales de un miembro del personal interfieren con el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales o con la integridad, independencia e imparcialidad requeridas", dice.

Una norma que Matthei interpreta así: "El tema es que ella no puede tener ningún vínculo con la fundación. Porque resulta que hay un informe de las Naciones Unidas sobre el Sename. En ese informe se habla de 878 niños muertos, de apremios e incluso de torturas por parte de agentes del Estado en contra de niños", dice Matthei respecto del informe que está en manos del Ministerio Público.

Y agrega: "Dos personas muy cercanas a la expresidenta están involucradas en esto y ya fueron a declarar, José Antonio Gómez y Javiera Blanco, y pueden ser citados a declarar en calidad de imputados".

Pero el punto más exacto del potencial conflicto que ve Matthei es respecto de la misión de la fundación: "Pasa que la fundación de ella va a investigar, entre otras cosas, infancia y derechos humanos. Por lo tanto, ella va a estar viendo en Chile infancia y derechos humanos, mientras tanto como alta comisionada podría tener que pronunciarse sobre esto. Hay un conflicto de interés brutal, aunque no recibiera ni un peso", dice.

En la campaña presidencial de 2013, diputados de Chile Vamos hicieron hincapié en las remuneraciones que recibía Bachelet, pero la ofensiva no prosperó. Matthei recuerda que se intentó llevar el caso a Contraloría, pero dado que el reglamento que se incumpliría es de un organismo internacional, las leyes chilenas no poseen injerencia.

Es por eso que, según diputados oficialistas, la ofensiva esta vez llegará hasta el propio organismo internacional. El diputado UDI Jorge Alessandri, quien ha sostenido conversaciones con Matthei, explica que habría jurisprudencia al respecto, ya que la sucesora de Bachelet en ONU Mujeres, la sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka , debió renunciar a todo beneficio en su país. "Por lo tanto, el tema se zanjó", dice el parlamentario. Entre otras medidas, agrega, solicitarán una entrevista con el secretario general, António Guterres.