Mesa directiva de Comunes ratificó la expulsión de Karina Oliva y de otros seis militantes del partido

Este domingo, la mesa directiva de Comunes ratificó la expulsión del partido de la excandidata a senadora y a gobernadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, luego de una investigación de oficio que inició la Fiscalía ante el presunto delito de fraude de subvenciones.

Pese a que la información ya había trascendido hace algunos días, durante esta jornada se conoció un comunicado emitido por la colectividad en el cual se confirma la decisión del Tribunal Supremo del partido, que resolvió oficialmente eliminar del padrón de militancia de la tienda a Oliva y a otros seis militantes, quienes formaron parte de su equipo durante la campaña para la gobernación de la RM.

De esta forma, Jorge Ramírez, Martín Miranda Sepúlveda, Camila Ríos Puebla, Jean Flores Quintana, José Robledo, Luis Romero y Oliva -quienes estaban suspendidos de la militancia- oficialmente ya no integrarán más las filas de Comunes.

En el escrito se indica que “nos hemos comunicado con nuestro Tribunal Supremo y éste ha corroborado la veracidad del documento que se encuentra circulando, el cual había sido notificado a las partes y no al resto de los espacios partidarios, ya que de acuerdo al reglamento que nos rige como Partido, había un plazo establecido para ello”.

Al mismo tiempo, se especifica que la determinación de expulsar a las personas involucradas se fundamenta “por responsabilidad grave, por faltar a los principios del Partido Comunes, a la ética, probidad y a una democracia pluralista y participativa en un estado de Derecho que promueve garantizar y resguardar la justicia partidaria a sus militantes, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1 del Título Primero del Estatuto Orgánico del Partido Comunes, su artículo 3, en relación a las obligaciones contenidas en la letra a), b) y c), la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral”, tal como consta en la sentencia rol 16-2021 que circula a estas alturas públicamente.

Pese a ello, se aclara que a la fecha aún existen recursos que los afectados pueden interponer ante el mismo Tribunal.

La misiva prosigue señalando que “rechazamos las formas en que nuestra militancia se ha enterado de noticias tan importantes para el desarrollo de nuestro proyecto político, asimismo reafirmamos nuestro respaldo a la independencia con que nuestras instancias disciplinarias internas y los estatutos legales que rigen nuestra organización. Valoramos el trabajo que ha realizado el Tribunal Supremo estos meses. Como Dirección Nacional de Comunes respetaremos el fallo que dictamine una vez nos sea informado formalmente”.

Por último, desde la colectividad se afirma que “con la finalización de este proceso esperamos dar por terminado uno de los capítulos más complejos que ha enfrentado nuestro Partido en su corta vida, y trabajaremos para que todas las diligencias sigan su curso de forma adecuada y sujetas al debido proceso. Con la esperanza intacta y nuestro compromiso con la transparencia y la democracia firmes”.

Al respecto, la presidenta de Comunes, Ka Quiroz, explicó a La Tercera que “como directiva del partido Comunes valoramos y respetamos el trabajo realizado por el Tribunal Supremo de nuestro partido. Han sido meses complejos, pero esto confirma esta nueva etapa que estamos viviendo como Comunes, en donde se avecina también una elección interna en nuestro Congreso refundacional con el que esperamos seguir construyendo la casa de las luchas sociales y aportar en el gobierno del Presidente Gabriel Boric”

El caso de Oliva se destapó el 17 de noviembre del año pasado, luego de que un reportaje de Ciper revelara que siete asesores de Oliva -y militantes de Comunes- presentaron al Servicio Electoral (Servel) boletas por un total de $137 millones, tras labores realizadas durante la campaña a la gobernación.

Mediante un comunicado, Oliva cuestionó la información emitida en el reportaje y aseguró que llamaban a la “confusión”. Sin embargo, un día después, mediante una asamblea extraordinaria, la tienda acordó suspender la militancia de todos los involucrados.

La situación escaló y el 19 de noviembre la fiscalía anunció el inicio de una investigación de oficio por el presunto delito de fraude de subvenciones. Durante esa misma jornada, se realizó un allanamiento en la sede del partido por parte del personal del Gope de Carabineros.

Tras los antecedentes, el Servel también optó por realizar una denuncia ante el Ministerio Público, por el presunto delito electoral de Oliva durante su postulación al cargo de gobernadora.