Miguel Crispi validó cuando era subdere la fundación ProCultura para firmar uno de los convenios cuestionados
En un oficio de la Subdere del 14 de junio de 2022, firmado por el ahora jefe del Segundo Piso, se señala que esa fundación "presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones". Esto, para justificar que sea el organismo el subejecutor para el programa de "Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica, Antofagasta”.
El jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), vive días complejos. El exdiputado ha recibido críticas desde la oposición, y también de algunos sectores del oficialismo, por su rol en la crisis por los líos de dinero entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones ligadas al Frente Amplio.
Adicionalmente, el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, abrió las dudas de si el jefe de asesores estaba enterado de los antecedentes del escándalo antes de que explotara en la prensa.
Pero además, el sociólogo tiene otro flanco abierto, ya que él era el encargado de nombrar a los seremis y fue el responsable de asignar recursos a las regiones mientras se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere).
Uno de esos casos es el convenio por más de $629 millones entre el gobierno regional de Antofagasta y la Fundación Procultura, dirigida por Alberto Larraín -cercano al Presidente Gabriel Boric.
En un oficio de la Subdere del 14 de junio de 2022 el mismo Crispi es quien firma y valida a la Fundación como “organismo subejecutor para el programa ‘Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica, Antofagasta”.
El documento dice: “Desde el punto de vista técnico, la Fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto (...) Desde el punto de vista institucional, esta Subsecretaría realizó una evaluación para verificar la capacidad de la organización para la administración de los recursos. En base a estos dos puntos, que han resultado favorables, informo a usted que esta Subsecretaría valida a la Fundación ProCultura, para actuar como organismo subejecutor del programa PVP para la ejecución de la iniciativa señala en el punto”.
El gobernador Ricardo Díaz reconoce la existencia del documento: “La Subdere fue la que hizo el análisis de expertise y del giro que valida la Fundación”.
Los antecedentes ya están en manos de la oposición. “Todo esto es muy grave porque Miguel Crispi, de Revolución Democrática, jefe del Segundo Piso y cercano al Presidente, es justamente quien autoriza a la fundación de amigos del Mandatario a poder ser aptos para esta tarea en Antofagasta, donde el gobernador también es cercano al oficialismo. Teniendo en cuenta que había otra fundación que a diferencia de Procultura sí tenía el giro y no fue elegida, esto es muy grave. Seguiré entregado estos antecedentes a la fiscalía”, dice el diputado José Miguel Castro (RN), quien ya solicitó a la Contraloría indagar el convenio.
“Creemos que los reproches que han surgido respecto de los casos expuestos y que involucran a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, son igualmente trasladables al Convenio suscrito por el Gobierno Regional de Antofagasta y la Fundación Procultura, tanto por los montos como por la falta de capacidades y giro de la Fundación para llevar a cabo una tarea de la complejidad encomendada”, dice el escrito presentado ante el organismo.
Y agrega: “A juicio que quienes hacemos esta presentación, asoma con relativa claridad la incompetencia, tanto material como formal de la Fundación Procultura para asumir el objeto del Convenio. Esta información debió obrar en poder de la Contraloría Regional de Antofagasta, órgano de control que procedió a su toma de razón, dotándolo de eficacia sin mayor cuestionamiento”.
En el documento, además, llama la atención que se descartan posibles conflictos de interés, pese a que Larraín es cercano al Presidente Boric y participó en la elaboración de su programa de gobierno, particularmente en el área de salud mental.
Este miércoles el ministro de Justicia, Luis Cordero, ya había advertido en El Mercurio que su cartera fiscalizará a cinco fundaciones, entre ellas Procultura, para “determinar el cumplimiento del objeto social y actualizar la información financiera y actividades para las cuales ellas están constituidas”.
Esta fundación, en todo caso, se conformó en 2010 y, desde la fecha, ha recibido transferencias todos los años.
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