Senado despacha a ley proyecto contra el narcotráfico y el crimen organizado

Por 27 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones, el Senado despachó a ley el proyecto que mejora la persecución del narcotráfico y del crimen organizado.

Esto, luego de que la sala de la Cámara Alta aprobara el informe de la Comisión Mixta sobre la iniciativa que busca modificar diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regula el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

El informe de la Comisión Mixta que fue aprobado incluye una indicación que protege a quienes utilicen cannabis sativa con uso estrictamente medicinal, además de reforzar el seguimiento de la ruta del dinero que sea conseguido mediante el narcotráfico.

La aprobación del proyecto fue valorada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, al indicar que “con esto vamos a tener un instrumento legal modernizado, que tiene nuevas técnicas para enfrentar este tipo de delitos y para actualizar nuestra normativa al cambio que han tenido también las bandas criminales que se dedican a esta actividad”

La secretaria de Estado indicó que, no obstante las modificaciones que se ingresaron en la Comisión Mixta, “el foco del proyecto sigue siendo fortalecer nuestra legislación en materia del combate al narcotráfico”.

En este sentido, indicó que “en primer lugar se incorporan una serie de modalidades de comiso, que significan más herramientas para perseguir y seguir el dinero del narcotráfico. El crimen organizado moderno se persigue a través del dinero”.

Tohá destacó que estas nuevas iniciativas “nos va a dejar con muchas mejores herramientas para que cuando estas bandas son identificadas, sus bienes se les sean privados y, por otra parte, se les pueda valorizar para el combate mismo a este tipo de criminalidad”.

Al respecto, indicó que, por ejemplo, los bienes decomisados a las bandas de narcotraficantes podrán ser ocupados por las policías en el propio combate a estas bandas.

El proyecto -según recalcaron desde Interior- entrega una nueva sistematización al comiso, que aporta una tipología más clara acerca de los elementos que pueden ser objeto del comiso y regularlos en forma independiente según sus particularidades. Así, la iniciativa innova con la inclusión de nuevas variantes del comiso coherentes con las recomendaciones de instrumentos internacionales: el comiso sin sentencia condenatoria, el comiso ampliado y el comiso por valor equivalente.

Por ejemplo, la aprobación de este proyecto de ley permitirá que si un narcotraficante muere antes de ser condenado, los bienes adquiridos producto de la actividad ilícita no podrán ser heredados a sus hijos o mantenerse en manos de terceras personas, estableciéndose que se pueden decomisar a través del comiso sin condena.

Asimismo, el proyecto de ley modifica la Ley 20.000, estableciendo un nuevo tipo penal, que sanciona a quien, sin el consentimiento de la persona afectada, suministra las sustancias establecidas en dicha ley. Esta pena se agrava en caso de suministrar las drogas a un menor de edad.

Además, la iniciativa perfecciona la regulación sobre destinación provisoria en miras de aportar a la lucha contra el narcotráfico, otorgando la posibilidad de destinar provisoriamente bienes a las unidades policiales que participan en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales, destinadas a cometer delitos relativos a drogas. Incorpora el proyecto, diversos mecanismos para facilitar su administración, pero manteniendo un control sobre estos bienes, rindiendo cuentas de esta gestión.

Con estas modificaciones, por ejemplo, las unidades policiales podrán ocupar un inmueble que fue decomisado a un narcotraficante por ser fruto del narcotráfico, mientras dura el juicio.

Asimismo, se introducen mejoras en los procesos para la enajenación temprana de bienes, posibilitando que SENDA pueda solicitar esta enajenación. Además, se amplían los bienes susceptibles de ser enajenados tempranamente, esto con el fin de agilizar los procesos.

Además, se incorporan normas para destinar permanentemente bienes decomisados a instituciones que luchan contra estas consecuencias, como SENDA.

Por otra parte, el proyecto entrega mayores facultades de fiscalización a la PDI y Carabineros, respecto de las personas que están o deben estar inscritas en el registro de precursores y sustancias químicas.

Además, se amplía el catálogo de las empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. Esta modificación tiene por objeto fortalecer la lucha contra las organizaciones de criminalidad organizada, desde un aspecto económico, dado que permitirá identificar en nuevos rubros actividades destinadas a ocultar el origen ilícito de los bienes.

Dentro de los nuevos rubos incorporados se incluye el arriendo de vehículos, fabricación y venta de armas, clubes de tiro, caza y pesca, empresas o personas dedicadas a la compraventa de equinos de raza pura, comerciantes de joyas y piedras preciosas.