Ministro Cordero valora aprobación de nombres para la Suprema y niega acuerdo con la oposición para ratificar a Dorothy Pérez en Contraloría

Este miércoles, el Senado aprobó los nombres propuestos por por el Ejecutivo para ocupar los cargos vacantes en la Corte Suprema. De esta forma, las magistradas Jessica González Troncoso y Mireya López, ocuparán los sitios de los jubilados en el máximo tribunal y Jorge Pizarro asumirá como fiscal judicial del mismo.

Tras las votaciones en la Cámara Alta -donde se visó con 44 votos la postulación de Pizarro, con 42 la de González y con 41 la de López-, el ministro de Justicia, Luis Cordero, valoró el acuerdo alcanzado con los legisladores de oposición en torno a estos nombres, en momentos en que se registra una crisis de probidad en el máximo tribunal, por las acusaciones constitucionales que enfrentan los jueces Jean Pierre Matus, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco.

“La importancia del acuerdo es significativa en dos dimensiones, primero, no solo por el momento que vive la Corte Suprema, por la señal que es indispensable dar -como le planteó el Ejecutivo a este Senado- sobre el normal funcionamiento del servicio judicial, pero también porque es la oportunidad para abordar algunos aspectos centrales del sistema de nombramientos (de magistrados), sin desmejorar aquellos que si son activos permanentes, como el escrutinio al cual están sometidas las propuestas del Ejecutivo el día de hoy”, sostuvo el titular de Justicia.

Tras destacar las condiciones y los méritos de los jueces nombrados hoy en la Suprema, el ministro Cordero recordó que “durante el período de su nominación ha estado esta crisis que ha afectado al Poder Judicial y es evidente que no solo este Congreso, este Senado, sino que también la prensa ha hecho un escrutinio de cada uno de ellos. Es alentador la ratificación de los tres por amplia mayoría, considerando el desafío que tiene la Corte Suprema hacia adelante, en el momento que está, y que por cierto el Ejecutivo y este Senado van a contribuir (...) con la propuesta de regulación del régimen de nombramientos, no solamente creyendo que la nominación de Corte Suprema es un problema, sino que esencialmente que tenemos un sistema diseñado donde se valora más la antigüedad y el conocimiento personal más que el mérito y la capacidad de la evaluación progresiva de las carreras de cada uno de los jueces y juezas”.

Asimismo, descartó especulaciones sobre un posible acuerdo con la oposición, tras una arremetida de la bancada UDI para amarrar este proceso de designaciones en el Poder Judicial con el nombramiento de Dorothy Pérez como contralora general de la República, quien ejerce hoy el cargo en calidad de subrogante desde que Jorge Bermúdez dejó la institución administrativa a fines del año pasado.

“Nosotros lo dijimos hace bastante tiempo. Hace unos meses atrás hubo una reunión pública entre el ministro de la Segpres la subsecretaria y yo con la mesa del Senado, programando las nominaciones que seguían”, partió relatando el ministro Cordero.

Y destacó que “la decisión del Ejecutivo fue (realizar las nominaciones) en orden cronológico y siempre respetando un principio que es esencial (...) y es que cada institución tiene que ser evaluada en su mérito. El acuerdo era primero avanzar en las nominaciones que en agenda correspondían a la Corte Suprema, que son las tres que ustedes han visto, y a continuación la normalización del resto de las instituciones”, destacó.

En este sentido, recordó que “hay un conjunto de nominaciones en las cuales participa el Senado y nosotros vamos a seguir insistiendo en que cada nominación es evaluada en su mérito, que es incorrecto compensar unas instituciones por otras, entre otras cosas porque distorsiona el sistema institucional”.

“Hay cosas demasiado importantes en la Contraloría para creer en una simplificación tan básica como esa”, destacó.

Finalmente, consultado si este era el momento para reemplazar las vacantes que existían en la Corte Suprema, el ministro Luis Cordero destacó que “la obligación de los poderes del Estado es poder garantizar en este momento de crisis de la Corte regularidad y continuidad en el funcionamiento del servicio judicial”.

“En la medida que se van produciendo vacantes y no resolvemos adecuadamente las que estaban pendientes, el protagonismo de las decisiones jurisdiccionales pasan a tenerlo los abogados integrantes, que es una institución que genera conflictos de interés estructurales, que el Ejecutivo, que es ampliamente compartida con los senadores, es una decisión que desea eliminar (...) Y por lo tanto se daba la paradoja que de no avanzar en estos nombramientos estábamos dando una señal incorrecta al funcionamiento de la Corte y del servicio de justicia y dejando, a su vez, las decisiones relevantes a una integración que habitualmente suele ser criticada porque es eventualmente voluble y poco predecible en sus precedentes”, cerró la autoridad.