Ministro de Justicia califica como “muy agresiva” y “con fines políticos” estrategia legal de la oposición por indultos

El pasado viernes 27 de enero, Contraloría resolvió abstenerse de emitir algún pronunciamiento respecto a la legalidad de los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a 12 condenados en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

La decisión del organismo, según argumentó en la resolución emitida, se fundó en que era incompatible pronunciarse sobre actos administrativos que ya estaban judicializados por el Tribunal Constitucional (TC), en vista de que la semana pasada el TC declaró admisibles los siete requerimientos presentados por parte de Chile Vamos y Demócratas precisamente para impugnar esos decretos.

“Considerando que los requerimientos sometidos al conocimiento del Tribunal Constitucional inciden en la misma materia sobre la que versan las solicitudes presentadas ante este Organismo de Control, como asimismo la íntima relación existente entre todos los actos administrativos de que se trata, esta Contraloría General debe abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido”, se lee en la resolución emitida por el organismo que dirige el abogado Jorge Bermúdez.

A propósito de esta decisión, esta mañana el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, señaló que la resolución de Contraloría era “previsible” dado el carácter de la arremetida legal impulsada por la oposición, que calificó como “muy agresiva” y que tenía por objetivo “fines políticos”.

“La discusión ha quedado trabada en una discusión estrictamente legal, yo lo había anticipado días antes sobre el hecho de que la oposición hubiese abierto todas las alternativas legales de impugnación iba a generar algún tipo de controversia, una de ellas tiene que ver en cuál era la prelación y Contraloría ya se ha abstenido”, remarcó el titular de Justicia en diálogo con Radio Cooperativa.

“A pocos días de haber asumido, advertí que la oposición al plantear una estrategia legal muy agresiva, en rigor tratar de ocupar la estrategia legal con fines políticos, podría generar una discusión que va más allá de estos indultos porque las impugnaciones ante el TC finalmente impugnan el ejercicio de la potestad de indultos”, aseguró el secretario de Estado.

Cordero, además, reveló que el TC ya inició las primeras acciones destinadas a resolver si los decretos firmados por el Presidente Boric se apegaron o no a la Constitución vigente. En ese sentido, el tribunal ofició a la cartera de Justicia para solicitarle todos los decretos dictados desde 1981 hasta la fecha, es decir desde que se promulgó la ley 18.050.

“Les quiero entregar un dato: el TC cuando declara admisible la semana pasada estos requerimientos oficia al Ministerio de Justicia no solo para que acompañe los expedientes de estos indultos, sino que el TC ha solicitado copia de todos los indultos que se han otorgado desde la dictación de la Ley 18.050, es decir, de 1981 hasta la fecha. Para que ustedes se hagan una dimensión, solo los indultos dictados desde el retorno a la democracia hasta hoy son alrededor de 1.600 (...), lo cual implica que esta discusión ya excede el ejercicio de la potestad de indultos de estos decretos impugnados, sino que el tribunal va a mirar cómo se ha ejercido ésta desde 1981 hasta la fecha”, apuntó Cordero.

El abogado también se refirió al posible escenario de que el TC falle a favor del requerimiento presentado por los senadores de Chile Vamos y Demócratas, y resuelva que los decretos no fueron dictados conformes a la Constitución. En ese caso, de todas formas, descartó que los indultos pudieran ser revocados y que los beneficiados volvieran a la cárcel.

“Son actos administrativos que ya se emitieron, produjeron sus efectos, por eso no se pueden revocar, uno revoca por razones de mérito. Además, hay otra cuestión que es relevante (...) y es que lo que se debate en el TC es la constitucionalidad de los decretos dictados, no los problemas de legalidad, hay mucho debate de legalidad e impugnación de los senadores”, explicó el ministro.

“Aquí hay dos alternativas: la primera que el tribunal considere que los decretos fueron dictados conforme a la Constitución, en consecuencia no hay controversia; lo segundo es que considere que estos la infringen, y aún en esa hipótesis son actos que ya han tenido consecuencias, las personas ya están en libertad, están sometidos a la supervisión de Gendarmería. Por lo tanto la idea de que sean personas de que puedan volver a estar en la cárcel, en mi opinión, es una idea que alejada de los efectos jurídicos que se puedan provocar”, cerró Cordero.