El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, participó esta noche de una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch, donde se refirió a las diferencias que desde su punto de vista tiene el gobierno de Gabriel Boric con las anteriores administraciones tras el retorno a la democracia. Esto, en el marco de una conversación basada en la “desinformación” que -afirma- existe actualmente en redes sociales en torno a algunos de los puntos más controversiales del borrador de la nueva Constitución.

Junto al streamer conocido como Wingz y la editora de Contexto Factual, Valentina Matus, el secretario de Estado discutió el texto emanado de la Convención Constitucional, que deberá ser votado por la ciudadanía en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Consultado por la principal diferencia de la actual administración con los gobiernos de Sebastián Piñera y de la ex-Concertación, Jackson indicó que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”.

“Tratamos de decir las cosas de forma directa, porque es así como la gente lo está sintiendo y lo está viviendo”, agregó.

Asimismo, sostuvo que frente a sus antecesores “tenemos infinitamente menos conflictos de interés que otros que trenzaban entre la política y el dinero. Son tantos años de administrar el poder que es muy fácil tener el mismo tiempo el poder político y un compromiso con un negocio que pueda estar por fuera. Este tipo de conflictos de interés, que en algunos casos extremos pueden derivar en corrupción derechamente y en otras formas más sofisticadas de corrupción, como el tráfico de influencias o como las puertas giratorias, (..) yo diría que si llegamos a ver algo parecido en nuestra administración, esos se van a ir cagando (sic)”.

Sobre el tema de fondo, el ministro Jackson fue consultado por Wingz por distintos tópicos del borrador de la nueva Constitución que han generado incertidumbre en la población, como la plurinacionalidad, la justicia de los pueblos originarios, el derecho a la propiedad y la expropiación, entre otros temas.

En este sentido, el secretario de Estado hizo un llamado a la población a informarse sobre el texto que fue redactado por la Convención Constitucional, para no caer en la “desinformación”.

“Uno puede votar Apruebo o Rechazo, eso es legítimo, lo bueno es que se pueda saber el alcance de lo que sale en la Constitución”, sostuvo Jackson. “En el momento en que todos valemos lo mismo para tomar una decisión, la igualdad del acceso a la información es fundamental”, agregó.

Sobre el artículo de la nueva Carta Magna que indica que Chile es un estado plurinacional que reconoce a 11 pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado Chileno, Jackson indicó que este tema se ha viralizado producto de la “desinformación” generada en las redes sociales.

“No es que vayan a ser 12 estados”, indicó de entrada el ministro. “Existía principalmente una falta de reconocimiento a los pueblos originarios. (Lo que hace la Constitución) es reconocer que en un mismo país -porque no se habla de distintos países- que es único e indivisible, puedan convivir distintas naciones. El reconocer que cuando se inventa Chile (...), desde ese momento dejamos de ser parte de la corona española, pero antes había también otras naciones, y parte de los procesos de sanación social es reconocer a las otras personas, a los otros grupos, en este caso a las otras comunidades”.

En este sentido, explicó que “decir que es plurinacional no es contradictorio con decir que Chile es un único país (...) es en parte ese proceso de sanación para entregar ciertos niveles de reconocimiento que están abordados en el derecho internacional, como lo hace Canadá y Estados Unidos (...) porque, de esa manera, lo que tratas de hacer para el futuro no es solo de que esas personas puedan vivir en su cultura y promoverla, sino que también haces cargo de que cualquier abuso o exterminio que ocurrieron en el pasado no van a salirle gratis a quienes los perpetúen”.

“Si se llega a aprobar el texto lo que no cambia es que somos un país único e indivisible, la bandera, el himno, el escudo, van a ser los mismos (...), el tema es que vamos a tener que implementar, a través de leyes que se discutan en el Congreso, muchas de las cosas que están acá”, agregó.

Frente a quienes expresan que no habrá igualdad ante la ley ante la implementación de tribunales de justicia indígena, el ministro Jackson afirmó que “la igualdad ante la ley está asegurada en el artículo 4 y el artículo 25 dice que ‘toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva y la igualdad ante la ley. (...) En Chile no hay persona no grupo privilegiado’.

En este sentido, sostuvo que quienes redactaron la Carta Magna y expertos en derecho le han señalado que la diferenciación de la justicia, por ejemplo, no incluiría los delitos incluidos en el Código Penal. “Esto es algo que se aplica particularmente para los conflictos a nivel interno, y es por un lado voluntario (...) y (en los nuevos tribunales) se haría solo lo que la ley permita(…) Entonces (el alcance) va a depender de lo que el Congreso apruebe y no creo que el Congreso vaya a llevar esto a todos los ámbitos de la justicia”.

Agregó que, más aún, “una cuestión fáctica es que, si no hay los votos en el Congreso, sencillamente va a quedar sumamente acotada esa forma de justicia distinta”. “Hay reglas que son comunes a todos y esas no se pueden transgredir por nadie”, explicó.

Sobre quienes afirman que con la nueva Constitución las personas no van a poder ser propietarios de sus viviendas y que pasarán a ser propiedad del Estado y no serán heredables, el secretario de Estado explicó que “eso sumamente falso, porque (en el texto) se asegura el derecho a la propiedad, y lo que está en la Constitución es que como sociedad en su conjunto nos presionamos, nos ponemos un estándar, de que toda persona tiene que tener un techo digno. Eso no se soluciona de la noche a la mañana, pero obliga a que el Congreso, los gobiernos y eventualmente los tribunales de justicia tengan que, entre todos, forzar de que las familias tengan el derecho a un hogar”.

Al respecto, sostuvo que, tal como en la Constitución vigente, en el borrador sí está estipulado el derecho a la propiedad. “Por lo tanto, si tú te compras una vivienda, la puedes heredar, o si el Estado, a través de una política pública, te pasa una vivienda propia, la vas a poder heredar también”.

“La única diferencia (del borrador) es que te garantiza el derecho a la vivienda, eso significa que tú puedes hacerla exigible en algún momento a través de las políticas públicas progresivas. Se garantiza este derecho y al mismo tiempo se mantiene el derecho a la propiedad”, añadió.

“Esa es la desinformación que se puede llegar a generar y nosotros queremos que las personas puedan votar libres de miedos y libres de desinformación”, acotó.

Agregó que el borrador, en su artículo 51, asegura a todas las personas el derecho a una vivienda digna y adecuada, y que el Estado garantizará la provisión del suelo para tales viviendas. “Esto fuerza a que el gobierno deba tener un banco de suelo, que es principal factor porque los subsidios hoy no se pueden entregar. Cuando tienes un banco de suelo (...) puedes construir más viviendas y hacer que más personas tengan acceso”.

Frente a los temores por posibles expropiaciones, principalmente en territorios reclamados por pueblos originarios, tras recordar que la Constitución vigente también permite este tipo de acciones, Jackson indicó que el problema “no tiene que ver tanto con el conflicto territorial, ya que desde la vuelta de la democracia se han comprado predios y se devuelven a las comunidades”, a través de una serie de mecanismos vigentes.

“Lo que sí genera la Constitución respecto de las tierras es una comisión que va a recabar los distintos antecedentes y va hacer las propuestas para que exista una verdad histórica y una restitución territorial (…) Esto no significa que la gente en los territorios va a tener que ser despojadas de sus tierras, significa que el Estado va a tener que tomar una política proactiva, con un esquema claro de cuándo se va a terminar este conflicto (...) y en ese momento uno empieza a ver que herramientas empieza puede ocupar”, sostuvo.

Sobre la cantidad que se pagaría a una persona cuya propiedad le sea expropiada, que en el borrador aparece señalado como el “justo precio”, el titular de la Segpres sostuvo que “siempre tiene que pagarse lo que eso vale y si la persona cree que no le están pagando lo que corresponde puede ir a los tribunales”.

Consultado por qué no se ocupó el término precio de mercado en el texto para evitar la incertidumbre, Jackson indicó que así lo decidió la Convención Constitucional.

“La redacción precio de mercado no generó un consenso y la pregunta es por qué, y hay varias argumentaciones: una es que (los convencionales) no querían y punto y otra es un análisis más sofisticado, porque cuando uno mira la experiencia internacional, en Estados Unidos es, por ejemplo, ‘just compensation’ (compensación justa), y en Francia lo mismo. Entonces si uno recoge desde dónde viene la tradición del derecho internacional hay varias referencias a esto”.

Asimismo, explicó que, en casos excepcionales, como el de la burbuja inmobiliaria que afectó a Estados Unidos, “puede ser que en un momento el precio de mercado no tenga nada que ver con lo que establezca el justo precio de un bien y ahí puede haber otras consideraciones que la justicia tendrá que definir finalmente”.

“Cuando se habla de que el Estado va a poner el precio que quiera a tu bien, eso no es tan así. Primero tiene que pasar por una ley en el Congreso y segundo, nadie se va a arriesgar a que después los tribunales tengan que dictaminar que te quisiste pasar de listo”.

Ante la consulta de por qué se eliminó el estado de emergencia en el texto de la nueva Carta Magna, Jackson indicó que, pese a ser una decisión de los convencionales, “mi interpretación, es porque ha habido un cuestionamiento de cómo se ha usado en el pasado (...) yo creo que todavía hay un dolor muy latente con el tema de las Fuerzas Armadas (FF.AA)., que viene derivado de la dictadura, pero también de otros episodios en que han estado involucradas las FF.AA.”.

Sin embargo, indicó que el camino para entregarle en el futuro más atribuciones a las FF.AA. es “encontrar una forma de contrapeso, para que aquellas personas a las que tú les das el monopolio de la fuerza de las armas puedan rendir cuentas, que puedan estar las personas más capacitadas, que puedan tener todas las competencias y los recursos para gastarlos bien y que te de la seguridad de que no van a atentar contra la población, sino que van a defenderla”.

Finalmente, y ya fuera del contenido del texto constitucional, el ministro Jackson fue consultado por la actual sensación de inseguridad que existe en el país por el alza en los actos delictivos.

“Lo peor de todo son los crimines violentos que están sucediendo y que nos tocó de alguna manera heredarlos, porque esto comenzó hace un par de años ya, de forma más violenta. Pero estamos todos los días viendo formas efectivas, no efectistas, que puedan ir al fondo de estas bandas criminales que tienen atemorizada a la población, no debemos tener ningún tipo de contemplación, ni forma de contextualización de lo que están haciendo, porque es literalmente criminal lo que está ocurriendo en muchas zonas del país”.

Insistió en que “estamos trabajando tanto con leyes nuevas como con operativos que todos los días están en la calle, que muchas veces demoran algunas semanas o meses de investigación para poder dar con los cabecillas de esas bandas”.