Ministro Jackson: “Si es que gana el Rechazo, vamos a tratar de encontrar la forma de acercarnos lo más posible a lo que propusimos”

Con una semana no exenta de polémicas, pero con las frescas noticias que revelaron un alza en la aprobación del Presidente Gabriel Boric tras la cuenta pública, el titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, abordó la contingencia política, en un contexto donde el proceso constitucional se torna cada día más relevante, y cuyo resultado en septiembre próximo podría condicionar el programa que el actual gobierno trazó desde la campaña electoral.

Sobre esto último, el ministro fue consultado en Estado Nacional de 24H, instancia en la que manifestó que “hay cosas de nuestro programa que ven un impedimento o un obstáculo certero en la actual Constitución. No quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados, y si es que gana el Rechazo, vamos a tratar de encontrar la forma de acercarnos lo más posible a lo que propusimos”.

Referido específicamente a qué parte del programa se vería afectado si no se aprobase la nueva Carta Magna, el secretario de Estado apuntó a lo que sería la futura reforma de salud, relatando que en años anteriores se han intentado realizar modificaciones de las cuales todas han sido declaradas inconstitucionales, algo que también se aplicaría, por ejemplo, al momento de aumentar ciertas facultades del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

“El número 9 del artículo 19 de la Constitución, en su último inciso impide que nosotros lo podamos hacer (…) El Sernac, para la gente que se frustra cada vez que las grandes empresas se los friegan (sic), para que pueda tener dientes y sanciones administrativas necesita una modificación legal, que se aprobó en el Congreso en las dos cámaras, tuvo mayoría, pero fue declarado inconstitucional”, sostuvo.

En este aspecto, Jackson se mostró dubitativo tras ser consultado si es que cree que, de vencer el Rechazo, este tipo de reformas podrían plasmarse en un acuerdo previo con la oposición, aunque insistió en el deber de prescindencia que tiene su cargo para referirse a aquello.

“La gente en la casa, me imagino que al momento de llegar al plebiscito y de poder votar por el Apruebo o el Rechazo, se preguntarán si es que le creen o no a quienes dicen que al momento de rechazar van a cambiar las posturas que han tenido en los últimos 30 años. Las personas lo van a juzgar, no tengo que ser yo, nosotros como gobierno tenemos el deber de prescindencia, y yo no me voy a pronunciar respecto a si le creo o no a la oposición diciendo que van a votar distinto a lo que han votado en los últimos 30 años, ellos tendrán que mostrar las pruebas de que así sea”, apuntó.

Pese a todo lo anterior, desestimó que si gana el Rechazo se acabará la agenda transformadora que impulsa el Presidente Boric, aclarando que “tenemos un mandato de cuatro años y si es que llega a ganar el Rechazo vamos a hacer todo lo posible para que avance lo que hemos comprometido, pero objetivamente hay algunas materias en las que vamos a tener un techo constitucional que no nos va a permitir avanzar en esas cosas (…) El Presidente, lo que nos dijo es que después del plebiscito que va evidentemente a polarizar durante un tiempo a la población, nosotros tenemos que desde el día siguiente trabajar para la unidad (…) El gobierno tiene el deber de ponerse en todos los escenarios”.

Luego que el viernes, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, fuera consultado sobre la propuesta de la UDI de retomar el proyecto Aula Segura, tras los reiterados episodios de violencia evidenciados en los establecimientos educacionales y en las marchas convocadas por estudiantes, y señalara que esta ley “no tuvo mucho sentido ni en su minuto, ni creo que hoy día”, Jackson respaldó a su par, calificando la iniciativa como un “enfoque errado”.

“Me parece un enfoque errado. Yo creo que a los jóvenes hay que tratar de alejarlos del delito, lo más posible desde la temprana edad en que puedan incurrir en esto. Tratar de llevarlos de vuelta al sistema escolar (…) Si es que alguien que comete un delito le dice se le acabaron las oportunidades en la vida, ¿que están cultivando con eso?”, recalcó.

Al respecto, recordó los motivos por los cuales el bullado proyecto en su momento fue condicionante para agravar las situaciones de violencia, siendo uno de los detonantes del estallido social.

“Radicalizó las posturas internas. Lo que generó fue un foco de conflicto específicamente en aquello y le dio un aire de ser héroe o mártir el estar en este tipo de situaciones, porque estaban protestando contra el poder establecido en el momento de la nueva ley, de la autoridad, que en ese caso eran la ministra Cubillos y el Intendente, que era figuras que estaban al choque. Yo creo que esa fue una pésima estrategia y agravó el problema”, expresó.

Prosiguió diciendo que “antes de la ley Aula Segura, nosotros teníamos registrados todos los establecimientos, si es que tienen bien ajustados sus reglamentos escolares y si es que hacen los procedimientos que se establecen ahí, pueden expulsar a los alumnos sin que tengan después la consecuencia. El problema fue que se saltaron los procedimientos, no lo manejaron bien las autoridades a nivel comunal ni tampoco de las comunidades educativas”.

En otro aspecto, el secretario de Estado descartó que la reforma de pensiones tuviese algún tipo de impedimento si no se aprobara la nueva Constitución, debido a que “nosotros vamos a presentarla antes del cambio constitucional porque creemos que no tendríamos problemas de constitucionalidad. La redacción de un sistema de seguridad social que pueda brindar las prestaciones y las garantías que queremos dar, evidentemente en ambos textos calza más en una que en otra”.

En cuanto a la reforma previsional que se avecina, el titular de la Segpres insistió que tanto los ahorros de capitalización individual pasados como los futuros serán de propiedad de los trabajadores y tendrán el mismo tipo, e incluso una mejor forma de garantizar que sean heredables, a diferencia de lo que sucede en la actualidad. No obstante, aseveró que las AFP no tendrán “el rol protagónico que tienen hoy”.

“Asumimos el gobierno con un mandato de reformar el sistema de pensiones para garantizar la seguridad social, que en los últimos 40 años se entregó a que Administradoras de Fondos de Pensiones compitieran entre sí por quién hacía crecer más tu plata. Ese modelo, así como lo entendemos, para nosotros fracasó y el Estado debiera parchar esto por distintos lados. Nosotros queremos hacer un cambio más estructural que lo que se ha hecho, y no significa que el sector privado no pueda tener algún rol, pero no va a tener el rol protagónico que tiene hoy”, declaró.

En otra línea, siendo consultado por si el Estado promovió y facilitó las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el contexto del estallido social, y si es que hubo sistematicidad en aquello, el ministro indicó que “creemos que hubo reiteradas, frecuentes y muy graves violaciones a los derechos humanos que tienen que investigarse si hubo alguna responsabilidad política asociado a ese fenómeno que fue bastante masivo y extendido”.

A la vez, en torno a la advertencia que realizó Boric durante su campaña al expresidente Sebastián Piñera, Jackson dijo que “nosotros no somos las personas que lo llevamos (a tribunales internacionales), las denuncias por parte de las personas son las que pueden eventualmente llevarlo, y el gobierno no va a ocultar ninguna información. Este gobierno, si es que tiene algún antecedente que poner ante la justicia para que esos casos se resuelvan, por supuesto que lo vamos a hacer independiente de que haya un expresidente de por medio”.

En tanto, sobre el anuncio del mandatario durante la cuenta pública en que adelantó la prohibición total de armas, Jackson adelantó que será uno de los temas que abordará Boric con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau en su gira por Norteamérica. Sin embargo, aclaró que la transición para lograr este objetivo es algo que deberá discutirse.

“La transitoriedad es algo que se debe discutir, pero hay un informe de la Contraloría donde se mostraba la cantidad de armas que no estaban regularizadas. Por ejemplo, habían más de 130 mil armas que habían sido registradas por personas fallecidas y que no han tenido una regularización, hay personas que tienen condenas por violencia intrafamiliar y que tienen armas, que no han sido regularizados, hay armas en posesión de menores de edad y personas con problemas psiquiátricos, no deberían tenerlas”.

Agregó que “hay gente que ha criticado y ha dicho, las personas que son criminales muchas veces no operan por el sistema formal de armería. Las municiones, incluso, se ha registrado en manos de bandas de crímenes que vienen de armería. En segundo lugar, la ley cuando uno persigue al delito también tiene que desbaratar aquel comercio de armas ilegales, hoy no solo se están traficando armas, se están armando armas y se están arrendando. Hay un mercado negro de armas que se tiene que desbaratar y para eso la ley debe tener más fuerza”.