Ministro Montes entregará a fiscalía antecedentes que vinculan a más personas en millonarios convenios con Fundación Democracia Viva

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró este domingo que la abrupta salida de Tatiana Rojas Leiva de la subsecretaría de la cartera, no marca el fin de las investigaciones que se llevan adelante para esclarecer las irregularidades y eventuales delitos que se habrían cometido con los traspasos de 426 millones de pesos por parte del Serviu de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, en el que aparecen vinculados militantes del Partido Revolución Democrática cercanos a la diputada y extimonel de esa colectividad, Catalina Pérez.

“Esto no ha terminado, está recién empezando”, señaló Montes respecto de este escándalo que golpea a uno de los partidos ejes del Frente Amplio y cuyas esquirlas ha dejado en un mal pie al gobierno y al oficialismo. “Aquí va a haber investigaciones, se va a saber mucho más, hay un fiscal nombrado para el caso. Tenemos un proceso administrativo que vamos a trabajar en profundidad”, remarcó el secretario de Estado.

Montes se refirió así a los hechos que llevaron a que este sábado el Presidente de la República, Gabriel Boric, pidiera la renuncia a la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, por su responsabilidad política en este caso.

Pese al reproche que ha recibido Rojas por la forma en que manejó el tema, el titular de Vivienda tuvo palabras de apoyo hacia su cuestionada excolaboradora. “En el ministerio todo el mundo la estima mucho. La queremos mucho, es doloroso lo que ocurre. Sin embargo, así es la vida pública. Si bien ella estaba siguiendo los hechos, probablemente hubo cosas que debió haber hecho antes que otras y a partir de lo cual se generó una situación política. Se estimó que había responsabilidades en eso, y a partir de eso se le pidió la renuncia”, señaló.

En ese sentido, Montes reiteró que la primera información que le llegó a él desde Antofagasta sólo mencionaba contrataciones en exceso que se habrían realizado por parte del exseremi de Vivienda Carlos Contreras (militante RD y exjefe de gabinete de Catalina Pérez), las que favorecían a militantes de esa tienda política del Frente Amplio. Pero nada se mencionaba sobre los millonarios convenios suscritos por Contreras con el entonces representante de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, también militante de RD y pareja de Pérez.

A partir de esa información preliminar, Montes instruyó a su entonces subsecretaria indagar lo que ocurría, sin embargo, un mes y medio después, y pese a que dirigentes gremiales de los funcionarios del Serviu de Antofagasta ya habían denunciado a la subsecretaria irregularidades en la firma de los tres convenios de transferencias de dinero a la Fundación Democracia Viva, Rojas no inició acciones legales ni tampoco le advirtió al ministro sobre lo que estaba pasando.

Montes viajará el martes a Antofagasta para fiscalizar en terreno los trabajos desarrollados por la cuestionada fundación en campamentos y ver la forma de lograr la restitución de los fondos que fueron entregados a Democracia Viva.

El miércoles, en tanto, el ministro de Vivienda se reunirá con el fiscal a cargo del caso, Cristian Aguilar, a quien le entregará “todos los antecedentes y contratos suscritos por el Minvu desde que se suscribieron los primeros convenios. Esto es desde 2019 en adelante”, explicaron desde la cartera.

Entre las irregularidades que detectaron las autoridades del Ministerio de Vivienda a nivel central y que serán dadas a conocer al fiscal Aguilar, figuran la existencia de funcionarios contratados por la Fundación Democracia Viva y que, de manera anómala, prestaban servicios al mismo tiempo a la Seremi de Vivienda de Antofagasta, precisamente en el programa de Asentamientos Precarios, la contraparte responsable de la asignación de recursos para organizaciones privadas sin fines de lucro que realizan trabajos en campamentos, como asimismo de la fiscalización de esos convenios.

Hasta el momento no se ha precisado el número de esos funcionarios, entre los cuales figuran militantes de RD.

Desde el Ministerio de Vivienda condenaron esos hechos e insistieron en que buscarán sanciones tanto administrativas como penales. Aclararon, sin embargo, que los trabajadores de la cuestionada fundación ligada a personeros del Partido Revolución Democrática, que se desempeñaron en el Serviu, no habrían recibido sueldo del Ministerio de Vivienda, por lo cual piden a la Justicia aclarar cuál era el rol que cumplían en el Programa de Campamentos Precarios y el porqué tenían oficina y correo institucional en el Serviu de Antofagasta.

Desde hace varios meses en Antofagasta, organismos que trabajan en los distintos campamentos de la región habían advertido de la presencia de estas personas en la Seremi de Vivienda. Incluso, alguno de ellos actuaban como contraparte directa en la asignación de recursos y en la evaluación de los proyectos que buscaban financiamiento fiscal, pese a que sus nombres no figuraban en las nóminas de transparencia como funcionarios a contrata ni a honorarios del Minvu. Todos ellos eran militantes de RD, quienes habrían dejado las dependencias de la Seremi de Antofagasta a los pocos días de que la directiva gremial de los trabajadores de esa entidad denunciara a las autoridades en Santiago la contratación excesiva de militantes de RD en esa repartición.

Este domingo el Presidente Boric volvió a referirse a este escándalo, en medio de una visita a Coltauco, en el marco de la crisis a raíz de las inundaciones, señalando su “indignación”. “Políticamente me parece muy grave, y por lo tanto, quiero dar la señal de que acá no habrá defensas corporativas y que los estándares que en el pasado tuvimos para juzgar y criticar a nuestros adversarios ante casos contra la fe pública, tenemos que aplicárnoslos a nosotros mismos”, dijo.

El Jefe de Estado señaló que “no pone las manos al fuego por nadie”. “Me parece gravísimo y hay, desde mi punto de vista, responsabilidades políticas que hay que hacer valer. La justicia tendrá que determinar su camino, y el gobierno se pone a disposición para ser parte cuando corresponda o colaborar”, recalcó.

En esa línea, reiteró que el oficialismo debe actuar con la mayor severidad, rechazando estos hechos con más fuerza que cuando siendo oposición criticaban a otros partidos de situaciones anómalas similares.

Desde el oficialismo y la oposición, en tanto, hubo consenso en calificar como tardía la salida de la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. “Hubiera esperado que la subsecretaria hubiera salido mucho antes, desde el primer día en que el ministro Montes abordó el tema en la prensa y dijo que aquí hubo conflictos de interés, señalando que hubo personas que trabajaban para el ministerio a nivel central y al mismo tiempo trabajaban para la Fundación Democracia Viva”, indicó el diputado UDI Jorge Alessandri.

El parlamentario gremialista criticó en ese aspecto el respaldo que el ministro le entregó a la subsecretaria, aún después de conocer de esos hechos.

Desde RN, el diputado y jefe del comité parlamentario de esa colectividad, Frank Sauerbaum, coincidió en que la salida de Rojas debió haberse producido mucho antes, sin embargo, desestimó extender las responsabilidades políticas al titular de Vivienda. “Sería injusto que nosotros tratáramos de involucrar al ministro Montes en algo donde evidentemente él no tenía ninguna participación. Muchos de nosotros conocemos al ministro Montes de cuando se desempeñaba como parlamentario y sabemos que es una persona con la que podemos tener muchas diferencias, nosotros discutíamos mucho cuando él estaba en la Comisión de Hacienda, pero uno entiende que es un profesional de muy buen nivel, riguroso y es bien obvio que aquí hubo una suerte de acuerdo al interior de Revolución Democrática para obtener recursos fiscales ilícitamente y eso no fue informado al ministro Montes como reconoció ayer (el sábado) la propia exsubsecretaria”, manifestó.

El escándalo por las transferencias de dineros fiscales a una fundación ligada a RD que no cumplía los requisitos para postular a fondos del Estado destinados a programas de mejoramiento social en campamentos, ha generado preocupación en el gobierno, más aún luego de que parlamentarios de oposición vincularan este tema a la discusión de un nuevo pacto tributario. Al respecto, también este domingo el ministro vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, sostuvo que ”me parece que es absurdo vincular una cosa con la otra. Porque si el día de mañana hay un escándalo con un profesor, de cualquier naturaleza, ¿significa que vamos a ir a cerrar los colegios?”, recalcando además, que se trata “de un hecho grave que debe ser investigado”.