Monitoreo telemático: subsecretario de Justicia anuncia proyecto para incorporar nueva medida cautelar “intermedia” entre prisión preventiva y arresto domiciliario

Este viernes el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, anunció en el marco de un seminario en la Universidad de Chile que enviarán desde la cartera un proyecto de ley para incorporar una nueva medida cautelar al Código Procesal Penal, para así disminuir el uso de la prisión preventiva por parte de los juzgados de garantía que -a juicio de la autoridad- es “desmedido”.

De esta forma, la autoridad de Justicia detalló que desde la división jurídica del ministerio están trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para incorporar el monitoreo telemático como medida cautelar al sistema procesal penal chileno.

“Lo que nosotros estamos trabajando desde el ministerio es incorporar una medida cautelar de carácter personal intermedia, que permita principalmente a aquellas personas que van a tener después una pena sustitutiva, puedan tener un arresto domiciliario con un control telemático, cosa de que nos permita efectivamente darle la opción a los operadores de justicia -en particular a los jueces y fiscales- sobre aquellas personas que puedan ser sujetos de una prisión preventiva y que eventualmente por el tipo de delitos que van a cometer no necesariamente van a tener una condena de privación de libertad, sino que una pena sustitutiva, que se les pueda aplicar una medida cautelar de carácter personal que esté entre la prisión preventiva y el arresto domiciliario”, adelantó Gajardo Falcón.

En cuanto a los plazos en que enviarán el proyecto de ley al Congreso para su discusión legislativa, el subsecretario de Justicia señaló que “esperamos prontamente poder presentarlo para su tramitación legislativa y con ello ir resolviendo en parte -y creemos de una manera importante- los problemas que tenemos con la prisión preventiva, porque tiene incidencias no solo para aquellas personas que son objeto de esta medida cautelar de carácter personal y que incide directamente en sus derechos humanos, sino que también porque nos genera un problema importante en nuestro sistema penitenciario: minan la posibilidad de reinserción social”, aseguró.

De esta forma, la autoridad de gobierno explicó que “muchas” de las personas sometidas a prisión preventiva tienen un bajo compromiso criminal, pero que al entrar al sistema penitenciario “no necesariamente comparten con personas del mismo tipo de compromiso delictual y por ende se genera lo que en la criminología se denomina la contaminación criminógena, que es algo que precisamente hay que tratar de evitar al interior de cualquier sistema penitenciario”.

Según cifras de Gendarmería -entregadas ayer viernes por el subsecretario de Justicia-, hasta el 3 de octubre de este año se encontraban 43.809 personas privadas de libertad. De ese total, 16.438 corresponden a internos bajo prisión preventiva, es decir, un 37,5% del total de población penal en Chile se trata de individuos recluidos bajo la medida cautelar más gravosa de la legislación.

“El dato es bastante problemático, porque si vamos a cuál es la idea de la reforma procesal es que prime el principio de inocencia y además la excepcionalidad de las medidas cautelares, y sobre todo de aquella más gravosa, que es la prisión preventiva. Se está rompiendo con los principios que inspiraron la reforma y con los principios del propio procedimiento penal chileno, pero además también con el principio de inocencia y la excepcionalidad que debieran tener las medidas cautelares. Esto es problemático y es un elemento que tenemos que revisar con bastante detención”, advirtió el subsecretario Gajardo.

Entre los delitos donde los juzgados de garantía acogen más a menudo las solicitudes de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, se encuentran los ilícitos de robos, ley de drogas y robos no violentos.

Otro dato que destacó el subsecretario es que del total de personas que pasan por prisión preventiva en el marco de una investigación penal, 34,1% termina su proceso judicial con una pena sustitutiva, mientras que 65,9% lo hace con una pena privativa de libertad.

El seminario -titulado “Prisión Preventiva”- se realizó en dependencias de la Casa Central de la Universidad de Chile y contó con la participación de los académicos de la Facultad de Derecho Jonatan Valenzuela, Flavia Carbonell y Pía Tavolari, quien además es abogada integrante de la Corte Suprema.

Al inicio de su alocución, la autoridad de Justicia agradeció la instancia académica e indicó también que “es importante que temas como este los podamos sacar del debate legislativo, que muchas veces se dan de una manera algo frenética y no necesariamente con todos los antecedentes”.

La académica de derecho y abogada integrante de la Corte Suprema -Tavolari- señaló que según estadísticas de la corporación administrativa del Poder Judicial, nueve de cada diez solicitudes de prisión preventiva que pide la Fiscalía son acogidas por parte de los juzgados de garantía.

En su presentación, la académica citó también un informe levantado por la fiscal judicial de la Corte Apelaciones de Santiago, donde se realizaron visitas en abril de este año a Santiago 1 -centro penitenciario que recibe a personas en prisión preventiva-. “Se constató que la población penal es de 4.810 internos, el más antiguo de ellos ingresó en enero del año 2016 y su sentencia recién salió el 13 de abril, estuvo seis años en prisión preventiva”, indicó Tavolari.